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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). Las ideas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han caracterizado por un diseño institucional basado en la concentración del poder, en donde los conflictos y las constantes interrupciones a los órganos representativos han ocasionado tensiones judiciales entre él y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los excesos ejercidos por el titular del ejecutivo y la mayoría legislativa (MORENA) son los causantes de un contexto dominado por la incertidumbre política, que se ha caracterizado por el derrumbe y la fragilidad institucional.
De modo que, la SCJN ha tenido que maximizar su papel en pro de la democracia, al actuar como contrapeso en la preservación del equilibrio de poderes, al evitar que una mayoría dominada por su líder político, utilice el proceso constitucional como fuente legitimadora de sus prácticas políticas individuales.
Este tipo de tensiones no son nuevas y exclusivas del gobierno actual, pero existe una marcada diferenciación entre las pasadas administraciones.
Si bien, es común que los partidos que se encuentran en la cúspide de la gobernabilidad apunten a reformas para mejorar sus posibilidades de mantenerse en el poder, mientras que su oposición busca evitarlas. Existen tribunales constitucionales que mantienen el equilibrio entre estos, de tal forma que las reformas permanezcan neutrales en términos de poder.
Pero en el caso de la administración actual, se profesan prácticas y argumentos de la vieja clase política, escondidos detrás de un supuesto valor democrático, en donde pareciera que no existen límites a las facultades de los poderes del Estado. Pues desde la presidencia, Andrés Manuel López Obrador fomenta el desplazamiento de la norma constitucional e invalida políticamente las decisiones judiciales de la SCJN.
Además, de su intromisión al legislativo mediante el control de la mayoría parlamentaria, quienes se dejan guiar por el objetivo de mantenerse en el poder en vez de tener en cuenta el bienestar público, ya que, en reiteradas ocasiones, han tratado de rediseñar instituciones y porciones normativas que les permita evadir un estricto control judicial, de suerte que sus intentos sean fallidos.
El contexto político por el que hoy transita México, es el producto de la perversión que López Obrador hace del concepto de democracia y que se observa en sus prácticas políticas, de ahí que, la institucionalidad gubernamental se perciba débil, voluble y sometida a sus decisiones e intereses personalísimos. Los cuales se distinguen por la omnipotencia y la centralización en el poder ejecutivo.
Si bien, la colisión entre los principios democráticos y republicanos suelen formar parte de la vida política, estos no se limitan solo al conflicto entre ideas; a través de estas situaciones se observa el rumbo y los peligros que enfrenta la estabilidad política y democrática del país.
Apartar a la SCJN y a las instituciones protectoras de los principios democráticos (Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros), para adaptar la Constitución como estrategia de evasión, posiciona al Estado en un clima político demagógico y autoritario que solo beneficia al presidencialismo obradorista.
Finalmente, se debe tener en cuenta que un patriotismo desbordante –cuarta transformación– suele ser mal consejero respecto de los frenos institucionales que requiere una sociedad liberal y democrática para evitar destruirse.
La historia democrática de América Latina ha demostrado que los regímenes tiránicos surgen cuando en un orden político predominan formas de gobiernos que se caracterizan por el personalismo y el afán por las modificaciones “a modo” de las constituciones, sumado a la asimetría institucional y las concentraciones de poder en diferentes niveles en beneficio de los presidentes.
