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>> Senadores y senadoras también avalan reformas para sancionar uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas
>> Y, en comisiones avanzan reformas a Ley Minera
>> La minuta busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano
Ciudad de México, 27 de abril (entresemana.mx). Las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el proyecto para que las funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se integren al IMSS-BIENESTAR, para contar con un solo órgano descentralizado que provea los servicios de atención médica.
Ello implica la desaparición del fallido Insabi que, a su vez, sepultó al Seguro Popular, descalificado por Andrés Manuel López Obrador, cuya oferta permanece en la fantasía de dotar a los mexicanos con servicios de salud mejores que los de Dinamarca.
Las y los integrantes de estos órganos legislativos, que presiden la senadora Margarita Valdez Martínez y el senador Rafael Espino de la Peña, respaldaron la minuta que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Estas modificaciones tienen la finalidad de regular al Sistema de Salud para el Bienestar y establecer que el IMSS-BIENESTAR colaborará con la Secretaría de Salud para garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.
También menciona que las entidades que celebren convenios de coordinación, deberán transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, junto con los rendimientos financieros que se hayan generado, al Fideicomiso Público Federal sin estructura orgánica denominado Fondo de Salud para el Bienestar.
Además, el IMSS-BIENESTAR participará en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente, en su caso, la Secretaría, previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos.
La minuta establece que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
Tras la aprobación de esta minuta, la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, aseguró que con estos cambios legales “no deshacen nada, al contrario, es construir sobre lo que ya se hizo: algo mejor para los mexicanos y mexicanas”.
Los y las senadoras también avalaron la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
Propone de 10 a 15 años de prisión a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, así como una multa por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
El objetivo de la minuta, detalla el dictamen, es fortalecer el control de la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, a través de la coordinación interinstitucional del Gobierno federal, la actualización de sanciones administrativas y la tipificación de delitos por conductas relacionadas con el uso indebido de precursores químicos.
Lo anterior, con el propósito de contribuir a la paz, la seguridad y la salud de las y los mexicanos con irrestricto respeto a los derechos humanos y a las buenas prácticas internacionales en la materia.
Luego de la aprobación de este proyecto, Valdez Martínez aseguró que con esto el “Senado de la República “pone su granito de arena” para que los niños y jóvenes de nuestro país crezcan sanos y libres de adicciones”.
Reformas a Ley Minera avanzan en comisiones del Senado
Las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el senador Rafael Espino de la Peña, avalaron el proyecto para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería.
La minuta, que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, fue avalada con 15 votos a favor.
Tiene la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.
Con ello, se destaca en el dictamen, se busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación.
Dentro de las disposiciones, se destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; además, regula la transmisión de títulos de concesión, adiciona causales de cancelación de concesiones mineras, e incorpora un capítulo de delitos con el objetivo de sancionar conductas delictivas en materia de minería.
El dictamen establece la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de evitar la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos; y amplía las causales de revocación de la concesión de agua por hechos o actos supervivientes de interés público, y cuando no se cumpla con el programa de restauración cierre y post cierre previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También sugiere eliminar el esquema de terreno libre y primer solicitante, con ello se busca que el otorgamiento de las concesiones mineras se realice mediante concurso público, a efecto de asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano.
Otra de las disposiciones plantea que no se podrán otorgar concesiones mineras en áreas naturales protegidas, y se busca detener la degradación del medio ambiente a causa de las actividades mineras en terrenos que se encuentren protegidos por la legislación ambiental.
Además, propone establecer el Programa de Restauración Cierre y Post Cierre, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento a compromisos en materia ambiental al momento de concluir por cualquier causa la concesión minera.
