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TERESA GIL. Si se analiza bien, el que el Poder Judicial esté liberando a un número indeterminado de personas que han sido denunciadas por presuntos delitos, crea una idea que toma fuerza. Lo está haciendo con una intención política o sin ella, pero se produce una incitación penal al delito. Una provocación. El que ahora sea tan fácil cometer delitos en el país dado que al llegar al Poder Judicial serán frenados, no es sino promover el delito y darle cauce para que se produzca. Hay que recordar que la judicatura es una función que está creada para interpretar debidamente la ley y que en algunos casos sobre todo de amparo, tiene licencia para suplir la deficiencia de la queja en las demandas. Decenas de señalados en el caso de los 43 fueron liberados. A lo largo de los dos años anteriores y en este, se estuvieron resolviendo a favor de presuntos infinidad de casos, de forma acelerada (caso raro en ese poder), al parecer con la intención determinada de favorecer a un sector político o empresarial. Frente al hecho de que en ese poder hay jueces y funcionarios que son honestos, los hay otros que han ido creando esta compleja fama a tan importante poder, en el que la gente demanda justicia. Y ante lo cual se ha estrellado varias veces. Lo vemos en la liberación del ex responsable de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex) y el anuncio de que pueden ser liberados dos ex funcionarios de Liconsa a los que se acusa de cargas millonarias. Y en el caso de Rosario Robles que ya hemos señalado, en el que incluso hubo una ostentación pública porque el hecho ocurrió en el Estado de México de donde tuvo la protección en sus gestiones públicas, que todos conocemos.
LA LEY DE RESPONSABILIDADES O EL CÓDIGO PENAL PUEDEN DEFINIR EL CASO
No penalizar el delito, es exacerbarlo. Las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, se regirán por lo que dispongan las leyes según lo sostiene el artículo 94 de la Constitución, que le dedica de ese numeral hasta el 117. En el caso de tantas liberaciones tan extrañas y más cuando existe tensión entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, la situación se presta a sospecha. En las leyes penales existe la instigación o la promoción al delito cuando es intencional. Desde luego de parte de los jueces que aceptan en tiempos límites y en abundancia juicios de amparo o dejan libre a presuntos culpables de desaparición, se ve extraño. Más cuando hay una demanda publica en el último caso para resolver un asunto en el que estuvo implicado el pasado gobierno. Incluso el procurador de entonces, Jesús Murillo Káram, está procesado. Ha sido uno de los casos fundamentales de este sexenio. La Constitución (Editorial Tirant lo Blanch, diciembre 2022), al referirse a las responsabilidades de los jueces vuelca sobre el Consejo de la Judicatura la responsabilidad de sancionar. Ante las muchas quejas y denuncias públicas, ¿Que ha hecho el mencionado Consejo ante la avalancha de amparos y liberaciones que se dan en forma permanente? ¿quien sanciona en todo caso a ese Consejo cuando la impunidad llega a esos niveles? La forma como está estructurado ese poder que asume potencialidades de superioridad definitiva, no solo propicia con su actitud el delito en estos momentos, sino que acentúa la indefensión del ciudadano ante la falta de justicia.
