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JUAN CHÁVEZ. Alguien ha comentado que una bala anda suelta y que las presiones del presidente López, de Morena y de gobernadores de ese partido contra la Corte, pueden derivar en un atentado contra la ministra presidente o contra uno de los 7 ministros que, con ella, votaron la inconstitucionalidad de la decisión presidencial de que la Guardia Nacional pase a depender de la secretaría de la Defensa.
El acoso criminal contra la ministra Norma Piña es un claro golpe de Estado contra la autoridad de la SCJN.
La escalada contra la ministra Piña y otros siete ministros que no se doblegan en su tarea de salvaguardar la integridad de la Constitución, conduce a la violencia.
Ya le pusieron una pistola en la cabeza en redes sociales a la ministra Piña y .afuera de la Suprema Corte se plantó una persona con armas de utilería para simular la ejecución de los ministros.
Incendiaron la figura de Norma Piña en el Zócalo y ahora llaman al “tigre” a actuar contra ella.
Distribuyeron panfletos con su cara y la leyenda: “El rostro de la corrupción”.
Sabemos que el presidente López alienta la cacería contra la ministra y los ministros que le dicen no.
Ya rompió contra la Corte: “No les contesten siquiera el teléfono”, instruyó a su secretaria de Seguridad Ciudadana.
Están puestas las condiciones para que se perpetre un acto violento contra alguno de los integrantes del tribunal constitucional.
Los delincuentes que quieren quedar bien con las autoridades federales leen el mensaje presidencial y encuentran ahí el visto bueno para cometer una locura mayor: matar. O intentarlo.
Lo vimos en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Se atentó contra su vida al día siguiente de una severa crítica a López Obrador en su programa televisivo.
La sociedad debe defender a la ministra Piña y demás integrantes de la Corte y .los partidos de oposición asumir enérgicamente el respeto a las reglas del juego constitucional…
Todos los sectores de la sociedad, por cobardía o desidia, han dejado sola a la ministra y a los siete magistrados que dijeron no a una legislación inconstitucional.
El presidente ha calificado a la Corte de una “élite corrupta” y sus ministros unos “politiqueros ramplones” por decirle no a militarizar la Guardia Nacional.
“No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente”, dijo el domador de Palacio.
De inmediato salieron gobernadores del Pacífico, algunos de los cuales contaron con el apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar, a desautorizar el fallo de la Corte.
“La y los gobernadores de la región del mar de Cortés, compuesta por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, afines al proyecto de la cuarta transformación, rechazamos la decisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revierte la incorporación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional…”.
“Por eso apoyamos sin regateos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de suspender la comunicación de un organismo jurisdiccional que ha demostrado su sumisión a intereses y políticas del pasado”.
Pero si poco o nada le interesa a la sociedad esto que sucede ahora en el país, el destino es la ley de la selva, la ingobernabilidad y la desintegración de la República.
