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MARTÍN DE J. TAKAGUI. La diferencia entre los 43 desparecidos de Ayotzinapa en 2014 y los 38 muertos por el incendio del lunes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, es que el personal de una dependencia federal, que es el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación podría ser responsable de homicidio, pues en lugar de sacarlos del lugar del incendio, los dejaron condenados a una cámara de gases tóxicos del humo.
A pesar de que en Ayotzinapa, los principales responsables de la desaparición y posible homicidio son autoridades locales y estatales, José Luis Abarca, presidente municipal y Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, al final la responsabilidad política terminó siendo del ex presidente Enrique Peña Nieto, debido a múltiples errores de comunicación y de deslinde de responsabilidades.
En el caso de los 38 muertos de Ciudad Juárez, el director del llamado “Albergue de Migrantes”, es el primer responsable de la muerte de las 38 personas, hasta ahora y los 29 heridos, o lesionados, quienes fallecieron por asfixia, luego de haber respirado gases tóxicos, pues la celda se convirtió en una letal cámara de gases multitudinaria, en donde había 69 personas, y pudieron haber muerto todas.
Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, es el primero que debería presentar su renuncia, pues los migrantes, en todas las estaciones migratorias a su cargo, viven en condiciones inhumanas. Los migrantes no son reos ni delincuentes y se encuentran en espacios enrejados, cerrados con candados, aislados e imposibilitados de ver a sus familias.
En esas estaciones, como la de las Agujas en Iztapalapa, o la Siglo XXI en Tapachula, los migrantes reciben tratos inhumanos por igual, incluso aquellos que solicitan refugio, son tratados por igual y de manera violenta, en donde no se ve mucho la diferencia entre lo que vivían en sus países y la forma en que están en espera de una resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, también dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El caso específico de los de Ciudad Juárez, protestaban y exigían trato digno, pues si bien tenían algunas colchonetas, no había cobijas, cuando las madrugadas que se viven en esta temporada del año registran temperaturas de cuatro y cinco grados, pero además la protesta fue porque no tenían agua desde el domingo pasado, en que poco más de 20 de los que se encontraban en el lugar fueron detenidos y encerrados después de una redada efectuada por personal de migración con ayuda de la policía municipal.
La gravedad de este asunto es un problema de escándalo internacional, en donde los países de origen de los fallecidos y lesionados, ya esperan la renuncia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien depende todo el proceso migratorio y quien, a su vez, ha tratado de quitarse la responsabilidad diciendo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, es quien tenía a su cargo el asunto migratorio.
Ambos tendrían que renunciar a sus cargos, pues ambos son igualmente responsables políticos de todo lo que ha sucedido en las estaciones migratorias, no de hoy, sino desde el inicio de la actual administración, que no ha definido una política migratoria que atienda la problemática que desde finales de 2018 se presentó con las caravanas de migrantes, procedentes de centro y Sudamérica, en donde se colaron de todas las naciones del mundo.
La responsabilidad del presidente Andrés López Obrador también es política y es sobre su persona y su cargo en donde debe caer también el peso de la ley, pues por sus errores administrativos, encargó a Marcelo Ebrard la atención al tema migratorio, aunque por ley, corresponde a la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto, quien administrativa y legalmente debe hacerse cargo.
Tan clara es la responsabilidad de Gobernación, que ahí existe una Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, misma que está a cargo de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, que es el encargado de los temas tanto por Población, como por Migración, no tiene escapatoria, como tampoco la tienen Adán Augusto ni Francisco Garduño.
Ha habido muchas muertes de migrantes en el territorio mexicano, eventos con un mayor número de víctimas, pero en todos los casos el crimen organizado es quien ha aparecido como responsable.
Hoy el victimario es el Gobierno Federal, una administración pública con nombre y apellidos, aquí están descritas sus responsabilidades, pero el principal, único y quien debe hacerse cargo de las consecuencias es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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