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JUAN CHÁVEZ. El INE todavía de Lorenzo Córdova, pide a la Suprema Corte Justicia de la Nación que sea aplazada la aplicación de las seis leyes del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado la reposición de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Jacobo, brazo derecho del presidente del INE, impugnó ante el Tribunal Electoral su destitución, alegando que su cargo depende enteramente de los consejeros del instituto y que no puede ser despedido mediante un decreto.
La magistrada electoral Janine Otálora elaboró el proyecto que propuso la restitución de Jacobo, acusando que el “plan B”, al menos en lo concerniente al secretario ejecutivo, invade la autonomía constitucional del INE.
En respuesta, la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, acusó a la magistrada de favorecer a Jacobo y exigió al Tribunal Electoral que la aparte de la votación del asunto.
El jaloneo INE-Presidencia ha entrado a la fase crítica que justifica la ampliación de la ejecución de las reformas hasta que la Corte agote su análisis y declare si son constitucionales o no.
La presidencia de López Obrador no da respuestas jurídicas. Contra ataca como dueña de todo el poder, es absolutista, autoritaria, dictatorial. Que la magistrada que elaboro el proyecto de restitución “se aparte de la votación del asunto”, arguye imperialmente.
El INE, la institución autónoma encargada de organizar las elecciones en México, ha impugnado ante la Corte la segunda parte de las reformas electorales que integran el “plan B” impulsado por el gobierno de la destranformación.
El árbitro electoral ha pedido a los ministros del máximo tribunal que suspendan la aplicación de las reformas, en tanto analizan el fondo de las controversias, a fin de que se interrumpan sus efectos, “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”.
El INE ha advertido que la implementación del paquete electoral afecta de manera crítica sus funciones, pues significaría el despido de seis mil funcionarios, casi la tercera parte de sus recursos humanos, amén de que limita sus facultades de sanción a partidos políticos y funcionarios que hagan campaña fuera de tiempo y utilizando recursos públicos.
“El Instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, ha agregado.
“Mediante la controversia constitucional, el Instituto defiende no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”, ha señalado el INE.
Ante todo, es urgente frenar el corredero de trabajadores especializados en los sistemas electorales del país, que suman miles y a los que habría que liquidarles un finiquito que suma muchos millones de pesos.
