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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Desde hace 10 años, diciembre de 2013, la lucha de las mujeres por la plena participación en la vida política ha registrado importantes avances: la paridad en las candidaturas como principio constitucional, aplicada por primera vez en 2015 en la Cámara de Diputados; la “Legislatura de la Paridad”, que se conformó en 2018.
No fuimos sólo un número elevado, como nunca antes, sino que empleamos la fuerza recién adquirida para impulsar la introducción de la “paridad en todo”: órganos del Estado mexicano, órdenes de gobierno, poderes.
Ningún resquicio quedaría sin ser tocado por el vendaval de las mujeres que reclamaban la mitad, con el apoyo del entramado jurídico que diseñamos y aprobamos para hacerla efectiva.
Entonces y ahora hemos sabido que el núcleo duro de las resistencias a la participación igualitaria de las mujeres se encuentra principalmente en el poder Ejecutivo: federal, estatal.
La razón es simple: se deposita en una sola persona, a diferencia de los órganos colegiados como son las cámaras legislativas o ministras y ministros del poder Judicial.
Por eso, la demanda de más mujeres candidatas a las gubernaturas era todo un reto para la aplicación del principio de “paridad en todo”. La oportunidad se presentó en las elecciones intermedias de 2021, cuando hubo en juego 15 gubernaturas, casi la mitad del total existente.
Fue entonces que el Instituto Nacional Electoral (INE) adoptó una histórica resolución para que al menos -¡oh, tiranía del número impar!- 7 de las candidaturas fueran para mujeres.
Las dirigencias partidistas se revolvieron furiosas por esta disposición, más cuando “afectaba” procesos que, supuestamente, se encontraban adelantados. Curiosamente, todos los personajes visibles eran hombres.
Como el Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE, a regañadientes los partidos comenzaron a buscar candidaturas femeninas. Ellas ahí habían estado, sólo que no eran visibles para sus fuerzas políticas, simplemente por su condición de mujeres.
Así, seis de siete candidatas de Va x México y Morena obtuvieron el triunfo en las urnas. Ese día se eligió el mismo número de gobernadoras de las que habían existido desde que Griselda Álvarez ganó las elecciones en Colima 42 años atrás. Un año después, en 2022, nadie protestó cuando una disposición similar del INE exigió la postulación de tres mujeres para las seis gubernaturas en juego.
Situación semejante se presentó este año, en el que las candidaturas de Estado de México y Coahuila se dividirán 1 a 1. Incluso, algunos partidos políticos están anticipando perfiles de aspirantes a las 8 gubernaturas y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que estarán en juego en 2024.
Por ejemplo, el PAN ha definido que la “joya de la corona” panista, como es Guanajuato (gobiernan desde 1991), tendrá candidata al gobierno estatal. Lo cierto es que, al concluir el actual periodo de gobierno, habrá cuando menos 14 gobernadoras en México (9, actualmente; 1, electa este año y otras 4 el próximo). La inercia poderosa de las reformas de hace casi una década nos ha llevado a este punto.
Por eso es pertinente preguntar si una mujer a la cabeza del ejecutivo estatal hace la diferencia en cuanto a facilitar la participación de otras mujeres. Y el primer punto de observación está en la forma como integra su gabinete. Recordemos que, de acuerdo con las constituciones locales, la gobernadora/gobernador nombra a quien considera con posibilidades de desempeñarse adecuadamente en la responsabilidad asignada.
Los estados de la república tienen libertad plena para conformar la organización de su poder ejecutivo, en cuanto al número, denominaciones y responsabilidades de las áreas que conforman el gabinete de gobierno.
Las nueve entidades gobernadas por mujeres tienen en total 160 secretarias y secretarios, de los cuales 96 son hombres (60 %) y 64, mujeres (40 %) (1).
Sin embargo, la distribución tiene distintas características. Recordemos que ellas, al igual que sus compañeros del sexo masculino, están obligadas a conformar gabinetes paritarios.
Para empezar, sólo tres (CDMX, Quintana Roo y Colima) cumplen (Colima con dos tercios); las otras 7 fluctúan entre el 45 por ciento (Guerrero) y un raquítico 17 por ciento (Tlaxcala). El porcentaje, sin embargo, no refleja plenamente la distorsión del compromiso de la paridad.
¿Cuántas gobernadoras han nombrado a mujeres titulares de la secretaría de Gobierno (bajo sus distintas denominaciones)? Dos: Colima y Quintana Roo. ¿Cuántas han confiado las finanzas a una congénere?; Colima y CDMX. ¿Y la infraestructura y obras públicas? Tres: Aguascalientes, Colima y Guerrero.
La seguridad pública está a cargo de los hombres en 8 de las nueve entidades con jefatura femenina; la excepción es Campeche.
En el otro extremo, Cultura, Medio Ambiente, Contraloría (bajo distintas denominaciones) tienen titulares mujeres en la mayoría de los casos.
En conclusión, las gobernadoras tienden a repetir los mismos estereotipos respecto a las mujeres como responsables de secretarías de gabinete estrechamente vinculadas a su papel de género en la esfera privada.
La condición de mujer no borra, por ese solo hecho, las cargas culturales, prejuicios y estereotipos que pueden acompañar la actuación de una persona como funcionaria pública.
Existen casos extremos de quienes consideran que su mera presencia en un cargo de alta responsabilidad es suficiente para cumplir el compromiso con la igualdad. Que la paridad se alcanzó con su postulación y triunfo electoral.
Ante esta situación no podemos cerrar los ojos y ser complacientes bajo el argumento de que las gobernadoras incursionan en un mundo de hombres en el que, para sobrevivir, tienen que seguir las reglas del poder impuestas por una cultura patriarcal. Que para ser exitosas y rendir buenas cuentas, ellas deben asumir actitudes y comportamientos que se identifican con el ejercicio de poder por parte de los hombres.
Este 8 de marzo es conmemoración: venimos de muy atrás en el legítimo reclamo del derecho a gobernar municipios, estados, México. También es día de reflexión. Hemos registrado avances: en la cantidad, en el número. Ahora corresponde transformarlos en calidad, en una forma distinta comprender y asumir el poder, de cumplir con las responsabilidades para las cuales han sido y serán electas, desde la visión y compromiso de mujer.
Es nuestro derecho demandárselos a todas y a todos los que han llegado a sus cargos con nuestros votos. Pero más intensamente a las mujeres que, gracias a la larga lucha de millones, hoy nos representan en las cámaras y congresos como legisladoras, a las presidentas municipales y muy especialmente, a las gobernadoras presentes y a las que habrán de ser electas en un futuro próximo.
1) “Relación numérica por sexos de los gabinetes legales en los estados gobernados por mujeres”. Elaboración propia (actualizado al 2 de marzo de 2023).
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
