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JUAN CHÁVEZ. Los cinco jóvenes masacrados en Nuevo Laredo por el Ejército, fueron también víctimas de pillaje: los soldados les robaron sus pertenencias.
Anillos y cadenas de oro fueron desprendidas de sus inermes cuerpos, además de haberles sustraído sus celulares.
Ya hay cuatro soldados supuestamente responsables de los asesinatos, bajo proceso… por asesinato, robo y abuso de funciones, seguramente.
Familiares de las víctimas señalan que las autoridades no les entregaron los teléfonos celulares ni cadenas de oro que llevaban sus hijos.
Elizabeth, mamá de Jonathan Aguilar, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, a recibir las pertenencias de su hijo, quien falleció el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, luego que elementos del Ejército dispararon en contra de la camioneta en la que viajaba con unos amigos. El saldo fue de cinco muertos y un ileso en la colonia Manuel Cavazos Lerma de esta ciudad fronteriza.
Me entregaron una cadena dorada, un amuleto, unas llaves de un carro… la cartera y el celular faltan”, expresa Elizabeth acompañada de su hermana.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, a los familiares de Gustavo Ángel Suárez, de nacionalidad estadounidense, les entregaron algunas de sus pertenencias, pero no el celular ni la cadena de oro que portaba.
El jueves pasado, la mamá de Gustavo, proveniente de San Antonio, Texas se trasladó a la delegación de la Fiscalía para solicitar los artículos de “Tavo”; le entregaron su cartera sin dinero, la credencial de elector y unos accesorios que había en la camioneta, por ejemplo, cargadores.
“Queremos hacer un llamado urgente, respetuoso, enérgico a la FGR para que haga una investigación sobre estos hechos e indaguen sobre quiénes son los que están alentando, filtrando información dolosa que de ninguna manera va a cambiar el sentido de la carpeta de investigación”, puntualizó el padre de uno de los jóvenes acribillado.
Las quejas contra el Ejército en las calles han ido al alza en los últimos tres años.
En 2021, una vez que pasó el peor año de la contingencia, las quejas contra el Ejército mexicano volvieron a incrementarse en un 38 por ciento al pasar de 276 a 383 quejas, mientras que en 2022 cerró con 388 quejas.
Acusan a militares de tortura y hasta abusos sexuales.
Cifras de la misma secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indican que los delitos más comunes por los que acusan a los soldados son privación ilegal, tortura, homicidio, detención arbitraria, abuso de autoridad y violación sexual.
En el cambio de administración, de 2018 a 2019, el Ejército pasó de recibir 347 quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 421 quejas, un alza del 21 por ciento.
Para 2020, las quejas reportaron una baja del 34 por ciento al pasar de 421 a 276, ese año hubo una ocupación masiva de militares en tareas contra el Covid-19 en apoyo a la población civil.
En 2021, una vez que pasó el peor año de la contingencia, las quejas contra el Ejército volvieron a incrementarse en un 38 por ciento al pasar de 276 a 383 quejas, mientras que en 2022 cerró con 388 quejas.
Actualmente 318 militares se encuentran bajo investigación por violaciones a derechos humanos. De éstos, están en calidad de indiciados 116 elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos), 23 oficiales (subtenientes, tenientes y capitanes) y 15 jefes (mayores, tenientes coroneles y coroneles).
Hasta ahora solo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, un oficial y tres jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, un cadete, cinco oficiales y 2 jefes.
Están prófugos 14 integrantes de tropa y dos de oficiales.
Las tropas, en esa empeñada transformación presidencial, seguirán haciendo de las suyas. Están a campo abierto, frente a una sociedad débil y vulnerable a las “balas y no abrazos”.
