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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). En los últimos 24 años y 75 días fueron asesinadas de manera violenta mil 954 mujeres. Lo que sucede en Oaxaca no es cosa menor, así lo ha manifestado la sociedad civil, las madres o las familias de las víctimas, los únicos que siguen resistiéndose enfrentar este grave problema son las propias autoridades.
Se trata de los 24 años en que han gobernado José Murat Casab (429), Ulises Ruiz (283), Gabino Cué (527) y Alejandro Murat Hinojosa (715). El primer Murat, gobernó de 1998 a 2004, justamente cuando el fenómeno del feminicidio se había hecho público en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al segundo, Ulises Ruiz le tocó la investigación que desde el Congreso Federal se impulsó para demostrar que lastimosamente no era un asunto solo de la frontera mexicana sino un fenómeno extendido por todo el país y por razones inexplicables todavía en ese sexenio se registró la menor cantidad de estos asesinatos violentos en razón de género contra mujeres y se empeñó en negar el fenómeno.
El tercer caso, el gobierno de Gabino Cué, el primer gobierno no priista en la historia moderna de Oaxaca, pero sí encabezado por un ex priista, vivió la tipificación del delito tanto en el Código Penal federal como en el respectivo código estatal, ambos casos en 2012.
El último gobernante, el segundo Murat, le tocó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Oaxaca por parte de la Secretaría de Gobernación. Al final durante su sexenio los asesinatos violentos contra mujeres aumentaron 135 por ciento con respecto al gobierno de Gabino Cué. Moraleja una nunca sabe quién será el peor de todos.
Pero en Oaxaca como en el ámbito federal la respuesta ha sido la misma.
A casi 11 años de la aprobación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal, artículo 325, y las diversas reformas al Código Penal del Estado de Oaxaca en 2012 y la cascada de reformas legislativas en los códigos penales estatales a partir de entonces y hasta el 2020 cuando Chihuahua se convirtió, paradójicamente, en el último estado en tipificar el delito de feminicidio. Desde entonces, las resistencias institucionales persisten -en Fiscalías, primero y, segundo en los juzgados-, lo que ha dado pie a la única respuesta que ha recibido la sociedad mexicana en su conjunto: omisiones y simulaciones que fortalecen la impunidad y la repetición de esos crímenes.
La cantidad de feminicidios en el país tienen una tendencia a aumentar, a pesar de que gran cantidad de asesinatos violentos no se registran como feminicidios, se los comen en los tortuosos caminos de las Fiscalías del país que siguen sin aplicar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida a propósito del caso de Mariana Lima Buendía, que establece la obligación de iniciar las investigaciones de todo asesinato violento cometido en contra de una mujer como feminicidio.
Reducir y hasta eliminar la más extrema forma de violencia contra las mujeres y una de las manifestaciones más graves de la discriminación sería hacer exactamente lo contrario a lo que hoy efectúan las instituciones responsables de investigar estos hechos tan lamentables que tienen su origen en la condición social de las mujeres. El pretexto para no hacer bien las investigaciones en las fiscalías del país, es común y se ha vuelto corriente, pero sigue siendo increíble para las víctimas indirectas. No solo es falta de preparación o formación profesional, hay una resistencia patriarcal metida en las estructuras, esta última también se reproduce en los juzgados, aunado a las complicidades con los propios asesinos. Así de simple, en lenguaje común sería corrupción.
Resultado de todo eso es la impunidad y claro, el registro sistemático de un permanente aumento de asesinatos violentos en contra de las mujeres. Datos de Impunidad Cero, organización social, señalan cómo aumenta la tasa de estos delitos, por ejemplo, en 2021 la tasa en México de feminicidios fue de casi dos por cada 100 mil mujeres.
Los estados con mayores tasas de víctimas de feminicidio por cada cien mil mujeres durante 2021 fueron Quintana Roo (2.9), Sonora (2.8), Sinaloa (2.6), Chihuahua (2.4), Morelos (2.3) y Nuevo León (2.3). Y ese mismo año, siete de cada 10 homicidios/feminicidios fueron cometidos con armas de fuego.
La misma organización dice que a pesar de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos, a nivel nacional solo 27 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas como feminicidio en 2021. El resto deben ser considerados como homicidios dolosos y como homicidios culposos.
De 2016 a 2021 la impunidad acumulada para los feminicidios fue de 56.6 por ciento a nivel nacional. Es decir, menos de la mitad de los feminicidios registrados han derivado en una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el Sistema de Justicia Penal y se comenzó a tipificar el delito gradualmente en los estados, explica Impunidad Cero.
Ah, pero hay más: Los estados con mayores índices de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca (100 %), Tlaxcala (100 %), Chihuahua (98.8 %), Colima (92.1 %) y Puebla (88.7 %).
En suma, la no respuesta institucional frente al asesinato violento de mujeres ha sido la misma y lo digo con todas sus letras: las fiscalías carecen elementos científicos para realizar las investigaciones y, por otro lado, es más cómoda la corrupción. Alguna vez escuché a un Fiscal explicar cómo los ministerios públicos venden las órdenes de aprehensión. Haga de cuenta que el victimario, perpetrador o asesino compra su boletita de libertad mediante cómodas cuotas mensuales, así nadie lo molesta, a cambio de esa mensualidad no será aprehendido el feminicida. Así de simple para ellos, de indignante para las otras personas.
Lo que digan las leyes tienen sin cuidado a quienes debieran hacer todo lo necesario para evitar la impunidad. Cuando una familia denuncia irregularidades vía la judicatura, para iniciar un proceso judicial en contra de esos servidores públicos, bastará con que ellos renuncien para que la justicia no los alcance y nadie impedirá que esas personas no puedan ser contratados en otras instancias judiciales del país. Dicho en otras palabras, basta con que se cambien de chamba, incluso en otra fiscalía del país.
Nadie tiene claridad, hasta el día de hoy, cual es el objetivo de los gobiernos, vía las “autónomas fiscalías” que siguen sin operar las leyes para reducir la impunidad o el no acceso a la justicia, y al mismo tiempo “reportar” cifras menores al 30 por ciento de asesinatos violentos de mujeres como feminicidios. Seguir ocultando el sol con un dedo no resuelve el problema, simplemente lo agrava, más temprano o más tarde. Los resultados están a la vista.
Por cierto, en Oaxaca las reglas de ese juego no cambian. La altísima impunidad sigue permeando en cientos de casos y como dicen las feministas, delito que no se castiga se repite. En 75 días del gobierno de Salomón Jara han ocurrido 31 asesinatos de mujeres, de acuerdo al conteo del GESMUJER al día de hoy. En el nuevo gobierno de la 4T el ritmo de la violencia sigue igual que cuando gobernaba el RIP: cada dos día y medio una mujer es asesinada en Oaxaca. ¿Qué esperar? Nadie lo sabe, porque lo que no puede olvidar Salomón Jara es que hoy es responsable de los asesinatos no aclarados en los sexenios anteriores y que como dije al principio suman desde el 1 de diciembre de 1998 hasta este 13 de febrero de 2023, un total de mil 954 mujeres fueron asesinadas en Oaxaca.
