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>> Oradora en el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, se pronuncia por defender los derechos humanos y su progresividad
>> Llama a la clase política a cumplir con la unidad nacional y censura las reuniones estériles, pide cumplimiento cabal de la Carta Magna
Sara Lovera
Santiago de Querétaro, Querétaro, 05 de febrero (SemMéxico/entresemana.mx). Ante los representantes de la República, con motivo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, defendió, como las mujeres, la autonomía del poder judicial y advirtió a la audiencia, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que la independencia judicial “no es un privilegio de los jueces”, sino el principio que garantiza una “adecuada impartición de justicia”.
Habló, además, sin ambages, que está comprometida para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y a defender la progresividad de los derechos humanos, en alusión a los cambios constitucionales que podrían afectar la paridad electoral signada en la Constitución.
También les dijo, en el centro del Teatro de la República en Querétaro, a gobernadores, ministros, congresistas, y muchas y muchos funcionarios que estaban ahí aplaudiendo, que la independencia del poder judicial, es hacer efectivas las libertades y la igualación de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.
Su discurso conducido por un lenguaje inclusivo, a diferencia de otras personas al hablar de la zaga que dio lugar al Constitución de 1917, como resultado de la Revolución Mexicana, le dijo al ejecutivo y al legislativo que la independencia de la judicatura es pilar de la democracia en México, en un momento en que el Plan B pretende desmantelar el sistema organizativo de las elecciones en México.
La ministra, la primera mujer en presidir el Poder Judicial les recordó que la Constitución es “un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos”.
La ministra presidenta de la Corte, dijo a la mitad de su discurso textualmente: “Por primera ocasión en nuestra historia una mujer preside el Poder Judicial de la Federación, no es un logro personal, es un indicativo de avance social, sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y consecuentemente en una sociedad más justa e igualitaria».
En la Ceremonia, donde el representante de la Cámara de Senadores y el presidente de la República aprovecharon para hacer una detallada lista de leyes y cambios constitucionales en la llamada 4T, la ministra dijo: “para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos y dignas herederas de nuestra historia y pidió no menospreciar los avances en las diferentes luchas sociales que se han vivido a lo largo del tiempo. Entonces pidió que se eviten los encuentros estériles y ejercicios de oratoria ya que con esto se genera una falsa sensación de cumplimiento, sino que en su lugar se haga un esfuerzo en cuestionarse y cumplir a cabalidad la Constitución.
Desde la diputación
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, expresó que hoy vivimos tiempos para coincidir y reconciliar, después vendrán los tiempos para competir en la arena política y electoral; “rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos que repetir los errores del pasado”.
Ello luego de hacer un recorrido histórico de cómo los intereses políticos, generaron más desencuentros que acuerdos y que ello generó, por etapas o circunstancias, mucha violencia.
Llamó, una y otra vez, al diálogo y al respeto a la pluralidad, al recordar que quienes armaron la Constitución, fueron todos los constitucionalistas.
El aniversario de la Constitución, y toda la clase política ahí reunida, olvidaron las demandas históricas de las mujeres y su participación en la construcción del México Moderno, un año antes de la promulgación del estatuto jurídico de la República, en 1916, las mujeres habían celebrado en Yucatán dos Congresos Feminista y habían construido la primera agenda de las mexicanas del siglo XX. Destacada en ello Hermila Galindo Acosta.
Mensaje de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Nos reúne uno de los actos de mayor relevancia y significado de las efemérides nacionales.
Hoy tengo el enorme orgullo de pronunciar estas palabras en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el orgullo, pero, sobre todo, la responsabilidad, se potencian por un hecho: por primera ocasión en nuestra historia una mujer preside el Poder Judicial de la Federación.
No es un logro personal, es un indicativo de avance social. Sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y consecuentemente en una sociedad más justa e igualitaria.
Hace 106 años, en esta ciudad, encabezados por Venustiano Carranza, 218 diputados provenientes de toda la República, con muy distintas profesiones y oficios, abogados, pensadores, maestros, militares, ferrocarrileros, topógrafos, telegrafistas, integrantes de todo el abanico social de nuestro país se reunieron para reformar, en principio, la Constitución de 1857, pero fueron mucho más allá, encauzaron las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana dando luz en el mundo a un pionero constitucionalismo social.
Repito las palabras de Donato Bravo Izquierdo, diputado constituyente:
‘Jamás he pretendido que el Congreso Constituyente de 1917 esté verificando una labor de perfecta sabiduría, pero sí creo que su obra es de evolución social, que hace conmover el cerebro y el alma del pueblo mexicano, ya que la Revolución le ofreció un horizonte de nueva vida que desconocía y que se ha debido estudiar para obtener un progreso verdadero. Así, la sangre derramada en nuestras luchas intestinas no será estéril’. Cierro comillas.
Las injusticias generan inconformidad, descontento, enojo, violencia, pero para encontrar una verdadera solución a ellas, de largo plazo, se necesita crear conceptos, ideales, convicciones de lucha política, de fortalecimiento institucional. Así ha sido en la búsqueda de igualdad entre las personas, con independencia de credos, de nacionalidades, de condición económica, de origen étnico diferente o de género. Enfrentar estas injusticias ha sido el mejor motor de las causas de toda la humanidad.
Quienes se reunieron en este gran recinto supieron hace suyas esas causas, plasmarlas en leyes, en instituciones, para salir de la guerra fratricida y construir la gran nación que hoy conformamos. Esa es la lección que imponen estos muros y que no debemos olvidar ni menospreciar.
Hoy, nuestra Constitución, con centenares de reformas, contiene los fines, los objetivos, las grandes metas del proyecto nacional y reconoce los derechos inherentes de todas las personas; sin embargo, la deuda histórica con sujetos en particular y con enormes sectores de la sociedad persiste. Mujeres, personas en situación de pobreza y discriminación, la infancia, las personas con discapacidad, las y los migrantes, los individuos, personas, comunidades y pueblos indígenas, todos ellos nos exigen, recordando a Donato Bravo y a sus colegas diputados constituyentes que nos dieron una nación, seguir preparándonos para obtener un verdadero progreso. Sólo el conocimiento y la convicción en nuestros valores procuran la libertad y la igualdad.
Evitemos encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para, tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. Lo cierto es que tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución.
La ley suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras, precisamente, de la consecución de los fines del proyecto nacional.
La dignidad se construye día a día con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. Para hacer frente a esta enorme deuda histórica el rol de quienes impartimos justicia, resulta crucial. Así lo asumo, así lo asumimos.
Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.
Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos. el Poder Judicial, guiado por la Constitución, no sólo resuelve las controversias, no sólo pacífica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social.
No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotegma: ‘Somos siervos de la ley suprema para poder ser libres’.
Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal, por mandato constitucional la impartición de justicia exige también interpretar la ley, atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas para así decidir cada caso concreto.
Esta importantísima labor la realizamos como seres sociales insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos que se proyectan inevitablemente en nuestra labor.
La diversidad entre quien impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca, perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y de la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla; de lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial siempre en beneficio de la sociedad.
Señoras y señores:
Como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y, muy destacadamente, progresividad.
Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien nuestro país, para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia.
La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser.
De la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y nuestras libertades. En la Constitución está la organización y el funcionamiento de nuestra República. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento, hagamos lo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal.
Muchas gracias.
