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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Otra vez, vienen días de definiciones en los que nadie puede permanecer indiferente ante una amenaza real de trastocar las reglas democráticas en que vivimos.
La movilización ciudadana en defensa del INE del pasado 13 de noviembre dio resultados: se detuvo la reforma constitucional que, desde la máxima ley del país, pretendía asestar un severo golpe al sistema electoral que hemos construido en más de tres décadas de esfuerzo.
Entonces escribí, parafraseando el dicho yucateco, que no habían logrado matar al INE pero que tampoco lo dejarían vivir.
Esa misma noche se fraguó en el caldero de los resentimientos y el servilismo una nueva ley y reformas a otras cinco en materia electoral. Su propósito común, dijimos entonces y reitero ahora, es desmantelar al INE, dejar el mero cascarón, sin brazos ni piernas que le permitan realizar sus funciones garantizando elecciones libres y con resultados ciertos.
Este miércoles 1 de febrero, al comenzar las cámaras de Diputados/as y Senadores/as su periodo ordinario de sesiones, habrá de culminar el proceso legislativo iniciado desde el 6 de diciembre pasado.
Someterán a votación en el Senado la última modificación que se aprobó en Diputados/as. En forma súbita, quieren dejar al INE en estado de inanición, a merced del gobierno morenista, de sus “siervos de la Nación” que, pretenden, se transformen en funcionarias y funcionarios electorales.
Conocimos los planteamientos sentidos y didácticos, del presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, en la presentación del libro La democracia no se toca, en coautoría con Ciro Murayama.
Se ha anunciado una movilización ciudadana para el 26 de febrero, ya no solo para defender al INE, sino a nuestro voto, que puede ser vulnerado y manipulado, si no se detiene la reforma. Hay mucho ruido y algo de confusión en la comunicación sobre las distintas estrategias que desde la sociedad, los partidos políticos opositores al presidente López Obrador y los grupos parlamentarios se están desplegando en defensa de la democracia mexicana.
Permítanme, amig@s lector@s, tratar de precisar algunos conceptos que hoy nos invaden. Les pido, por favor, tengan presente una fecha muy relevante, el 4 de junio próximo. Y no solo porque ese domingo se realicen las elecciones del Estado de México y Coahuila, sino porque comienza la cuenta de los tres meses anteriores al inicio del proceso electoral de 2024 que será, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la primera semana de septiembre que, justamente, empieza el lunes 4.
Sucede que dentro de ese lapso no se pueden realizar reformas electorales de tipo alguno. O sea: o se cambia la legislación antes del 4 de junio o nos vamos a las elecciones con las normas actuales, sin que Morena logre sus propósitos de desmantelar el sistema electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá un papel decisivo en los próximos meses. Ella resolverá las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se presenten contra las seis normas electorales.
La acción de inconstitucionalidad es un derecho de las minorías en las cámaras legislativas. Si un tercio impugna la norma aprobada por la mayoría, puede acudir a la SCJN para demandar su revisión argumentando violaciones a la Constitución.
En el caso de leyes electorales, los partidos políticos nacionales disponen también de este recurso. Ya salió un primer decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con los cambios a dos de las leyes que se proponen reformar: Comunicación Social y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, contra las cuales los partidos políticos nacionales presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad, al igual que los grupos parlamentarios de las oposiciones.
Contra las otras cuatro leyes, donde está el meollo del daño, todavía no se puede actuar porque no ha concluido el proceso legislativo. Pero es probable que antes de que termine esta semana la mayoría en el Senado apruebe el “paquete” y lo envíe al Presidente de la república para su publicación en el DOF.
Cuando salga impreso, a partir de ese día, se dispondrá de 30 para que grupos parlamentarios y partidos políticos presenten las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.
Pero hay un tremendo obstáculo que habrá que salvar para proteger al INE de las nefastas consecuencias de la aplicación, así sea temporal, de estas reformas.
Al día siguiente de su publicación, el INE estará obligado a destituir a su secretario ejecutivo y a despedir a más del 85 por ciento de las y los funcionarios que trabajan en las 300 juntas distritales de todo el país.
La llave para impedir tamaño desaguisado la tiene la Corte (SCJN). El o la ministra a la que se le turne la primera acción de inconstitucionalidad que se reciba puede decidir la suspensión de la aplicación de la ley en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Es un “estáte quieto” mientras las y los ministros estudian y se elabora el dictamen que será sometido al pleno. No sería inédita una suspensión a raíz de una acción de inconstitucionalidad. Ya sucedió contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reducía bruscamente los sueldos de miles de personas. El ministro responsable decidió suspender la aplicación de la ley por considerar que causaría un daño irreversible.
Las controversias constitucionales son también un recurso de defensa por la invasión de facultades entre órdenes de gobierno, poderes y órganos constitucionales autónomos, como el INE. Este último ya anunció la presentación del primer recurso contra las dos leyes publicadas -Comunicación Social y de Responsabilidades-, al igual que algunos municipios, como el de Chihuahua, al que seguramente se unirán otros, así como algún ejecutivo estatal que se anime a controvertir la voluntad presidencial.
Dura tarea, por cierto. Disponen también de 30 días, pero hábiles, es decir, mes y medio aproximadamente. Además, de prosperar la propuesta de despido de miles de servidoras y servidores públicos del INE, éstos podrán acudir al amparo, al igual que ciudadanas y ciudadanos por conculcación de sus derechos humanos al privarlos de la facultad de decidir libremente sobre su futuro.
La ciudadanía movilizada puede y debe llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia frente a la solución de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Que sepan ministras y ministros que tienen el apoyo popular para resolver a favor de la democracia, del voto libre y de las instituciones electorales que lo garantizan.
Causarán incomodidad en Palacio Nacional, sí; molestia, amenazas, descalificaciones, sí. Pero habrán resuelto a favor del pueblo, del que se expresa en las calles y también del que, sin hacerlo, anhela un país justo.
Cita. Será el domingo 26 de febrero. En Mérida, todavía pendiente el lugar y la hora. Serán necesarios mantas, carteles y una marea rosa. Preparémonos.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
