YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), suma a la fecha 1, 425,062 casos de agresión contra mujeres. *
Así mismo, la Fiscalía General de la República, reporta que del 1 de febrero del 2008 al 30 de abril del 2022, a nivel nacional se tienen registradas 3, 865 carpetas de investigación por delitos de violencia contra las mujeres. **
Estadísticas que no contemplan la cifra negra -el 99.7 % de los crímenes sexuales contra las mujeres no se denuncia o no se inician carpetas de investigación-, pese a que han sido reconocidas por las autoridades.
Estas circunstancias forman parte del principal problema que el Estado tiene con las mujeres. Su incumplimiento con el deber de investigar y garantizar el derecho de estas al acceso de justicia y a una vida libre de violencia, ha generado un ambiente de impunidad.
Lo cual ha provocado que las mujeres vivan en constante miedo e incertidumbre, ante la amenaza que sienten y perciben en sus entornos privados y públicos.
Estos obstáculos limitan a las mujeres, en su forma de interactuar, percibir, imaginar y disfrutar del espacio privado y público. Como resultado, el miedo se ha vuelto una forma de control que se deriva de la desigualdad de las relaciones de poder, que construye a la mujer como un territorio que puede ser invadido y ultrajado.
La falta de políticas públicas coherentes y de utilidad para las mujeres ha generado que, no se materialice en lo sustantivo el derecho que se tiene a una vida libre de violencia.
Pero también, el sistema de justicia ha contribuido, en parte, a poner en riesgo a las mujeres que visibilizan las atrocidades de las que son víctimas y de aquellas que ejercen la defensa y promoción a sus derechos humanos.
Al ser compelidas por la propia autoridad quien, en vez de protegerlas y escucharlas, las ha agredido, estigmatizado y descalificado, en busca de silenciar e inhibir las acciones que ellas hacen en la búsqueda de obtener justicia por violaciones a sus derechos.
Estas acciones han tenido un alto impacto para la sociedad, al enviar el mensaje simbólico de que la violencia institucional se encuentra normalizada, pero sobre todo que, la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y espacios es aceptada y tolerada.
Las autoridades no han entendido que las mujeres no quieren ser reducidas a víctimas, que antes bien, ellas buscan visibilizar sus problemas y obtener justicia.
A modo de reflexión, valdría la pena cuestionarnos.
¿De qué sirve la igualdad formal si carecemos de igualdad sustantiva?
En definitiva, es fundamental que se visibilice y reconozca que, la violencia institucional contra las mujeres es un asunto serio que debe ser atendido por el Estado.
Ya que, si no se cumple con la misión de brindar seguridad, se perderá legitimidad y se tornará ineficaz. Negarse a reconocer y reparar las consecuencias de un ejercicio deficiente, inadecuado o arbitrario del poder, solo seguirá provocando violaciones masivas a los derechos humanos de las mujeres.
https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx