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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). Hace días en una página de streaming, se estrenó una película que refleja la realidad que viven las personas en un México de inseguridad e impunidad.
Si bien, dicha película visibiliza el entorno generalizado de violencia -feminicidio, desaparición forzada, trata de personas, narcotráfico, entre otros-, se hace una referencia particular a la labor y lucha que realizan las “mujeres buscadoras”.
El contexto en el que se narra la historia, corresponde al ambiente actual de violencia que prevalece en el país y que ha sido normalizado, de ahí que, este tipo de películas al visibilizar situaciones causen reacción en algunos espectadores y espectadoras, por ello, es necesario abonar más en el tema.
La realidad de las desapariciones
Uno de los problemas por los que históricamente ha transitado México, tiene que ver con su pasado represor. Desde principios de los años sesenta, el país se ha sometido a procesos parciales de militarización que se han adoptado como estrategias o modelos de seguridad nacional.
Ocasionando desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, matanzas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones clandestinas, represión a la libertad de expresión, pero sobre todo él impedimento al acceso a la justicia y al esclarecimiento de la verdad.
Situación que, aunque se controló mediante la delimitación de las fuerzas militares, esta retornó y se agravó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), en donde la escalada de violencia que acompañó la guerra contra el crimen organizado, se reflejó en el crecimiento del índice de homicidios y desapariciones.
Si bien, en ese entonces el Estado trató de demostrar control y castigo al poder económico del narco, la realidad es que, la estrategia impuesta por el ejecutivo falló, produciendo que el crimen organizado se diversificara en sus actividades ilícitas.
La trata y tráfico de personas (inmigrantes), extorsión, secuestros, cobro del “derecho de piso”, “piratería” y redes de prostitución formaron parte de sus actividades criminales. Otorgándoles de nueva cuenta poder económico, mayor beligerancia y dominio de los territorios. Y todo esto en complicidad y complacencia de las autoridades mexicanas, lo cual ha dado como resultado miles de muertos, muertas y desaparecidos/as.
Tan solo en el 2021, con la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, se informó el registro oficial de 95,000 personas desaparecidas y 52,000 fallecidas sin identificar en México, cifra en la cual se observó un aumento en el número de infantes y mujeres desaparecidas. *
Cifras que aumentaron al día de hoy -enero del 2023-, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un total de 110,045 personas desaparecidas y no localizadas, así como 11,125 personas localizadas sin vida, de las cuales 41.31 % son mujeres y 58.37 % son hombres. Siendo Tamaulipas, Jalisco, México, Veracruz, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, entidades con mayores registros. **
Además, se han ubicado un aproximado de 873 fosas clandestinas y 81 cementerios clandestinos, esto según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Sin contar el número de osamentas encontradas por colectivos integrados por víctimas que, se dedican a hacer búsquedas de personas desaparecidas y rastreo de fosas clandestinas.
Las buscadoras
Ante la incapacidad del Estado de dar respuesta a la búsqueda, las madres y familiares de las personas desaparecidas, sin presupuesto alguno, se han organizado en colectivos para recorrer el territorio nacional y hacer trabajos de investigación; estas mujeres han realizado los mayores hallazgos de personas y osamentas como resultado de sus búsquedas.
Con su ejemplo de resiliencia, han defendido el derecho de las y los desaparecidos a ser buscados, luchando por el derecho a la verdad y a la justicia de cada uno de los casos.
Son ellas, quienes han promovido la creación de mecanismos e instituciones en materia de justicia, búsqueda, acceso a la verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición.
Como lo es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual garantiza el derecho de participación de las familias de personas desaparecidas en la creación de institucionalidad para la búsqueda, identificación y restitución de sus seres queridos.
Mecanismo que, de manera permanente, le recordará al Estado mexicano su deber de búsqueda e implementación de estrategias integrales que agoten todos los medios y recursos al alcance del Estado para buscar, localizar, liberar, exhumar, identificar y restituir a las personas desaparecidas, de forma efectiva, exhaustiva y expedita, así como eliminar los posibles obstáculos internos que impidan dicha coordinación interinstitucional.
Sin embargo, la situación de inseguridad en la que estas mujeres realizan sus acciones, se ha deteriorado aún más en los últimos meses, a través de distintas agresiones e incluso asesinatos, en el 2022, la ONU-DH documentó el feminicidio de 5 de ellas.
La falta de acción por parte del Estado para frenar la ola de violencia e inseguridad, sumado a su omisión de procurar justicia a las víctimas, ha colocado en riesgo el bienestar y la vida de las “mujeres buscadoras”.
Al revictimizarlas y no reconocerlas como activistas y defensoras de derechos humanos, las ha obligado a enfrentar extraordinarios e indebidos riesgos, como lo señaló Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH.
“Ellas son un permanente recordatorio de las miles de familias que no aceptan la resignación y exigen respuestas efectivas a sus derechos, sobreponiéndose al inmenso dolor ocasionado por la desaparición de un familiar”.
Estas mujeres no deben cargar los efectos de la inseguridad e impunidad, pero sobre todo no pueden ser afectadas por romper los estereotipos de género con las que las pretenden silenciar.
Conclusión
El Estado debe tomar en cuenta la existencia de una interrelación y coordinación interinstitucional entre la búsqueda y la investigación para que esta sea efectiva, pero, además, debe propiciar mecanismos idóneos que den apertura de acceso a la justicia y no un bloque que les impida a las víctimas el esclarecimiento del paradero de sus familiares.
De ahí que, tenga que conducirse desde un enfoque de derechos humanos y bajo una política pública transparente y visible, de tal forma que garantice la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en condiciones de dignidad y seguridad.
*https://mexico.un.org/es/163814-95000-personas-desaparecidas-y-52000-personas-fallecidas-sin-identificar ** https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
