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JUAN GÓMEZ (Zacatecas). La violencia en Zacatecas escaló muy rápidamente y se asoman nuevos fenómenos que no se habían registrado pero que hoy, desgraciadamente, son vida cotidiana, como la desaparición de personas, sobre todo de jóvenes, de hombres y mujeres que salieron de sus casas y que ya no regresaron a sus hogares.
El 2022 fue un año muy violento, al igual que el 2021. Más allá de las cifras oficiales, la percepción social es mucho mayor por la cercanía de los hechos de impacto que se registran, pero hay indicadores que nos evidencian la gravedad de la situación que vivimos en el estado.
Por ejemplo, el número de elementos de seguridad asesinados. El año pasado, de acuerdo al seguimiento de medios de comunicación que contabilizaron puntualmente el número de asesinatos de uniformados, registraron 61 elementos de seguridad ejecutados.
Algunos de estos elementos fueron emboscados, otros vigilados y asesinados afuera de sus casas; otros más, cuando realizaban alguna actividad de ejercitación como parte de su preparación física o bien, en sus automóviles particulares o patrullas.
Matar policías no es habitual, constituye un crimen social pero también, un reto para el sistema de seguridad. Es un desafío para el gobierno que merma su estructura de seguridad. Es, en pocas palabras, una debilidad institucional, una fragilidad del Estado mexicano.
En Zacatecas no se le da la dimensión a este tipo de agresiones de la delincuencia organizada, al contrario, se le trata de minimizar precisamente para desvirtuar la trascendencia del hecho.
Por ejemplo, el gobernador David Monreal no emite una declaración de solidaridad al respecto. Los policías municipales o estatales caídos no reciben el respaldo institucional y mucho menos, se ejecuta una acción para reparar el daño o para aplicar la justicia. No hay detenidos.
En octubre del año pasado desapareció el director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso.
El 28 de septiembre fue asesinado el director de la policía municipal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, cuando acudía auxiliar a sus compañeros que eran acribillados por sicarios en la Unidad Deportiva.
Ese día fueron ultimados cinco policías preventivos de Calera cuando se ejercitaban físicamente para combatir al crimen organizado. Su jefe, el director, fue sorprendido cuando llegaba auxiliarlos.
Otro de los fenómenos de nueva aparición es el de los desaparecidos en Zacatecas. En los últimos meses, jóvenes de distintas edades, hombres y mujeres, salieron de sus casas y ya no regresaron.
El protocolo Alba que se publica en redes sociales en la cuenta electrónica de la Fiscalía General de Justicia del estado, consigna intermitentemente la ficha informativa de las personas que son buscadas.
En noviembre y diciembre de 2022, más de una veintena de jóvenes ya no regresaron con sus familias.
El caso que alcanzó más notoriedad fue el de cuatro jóvenes que viajaban de Jerez a Colotlán el 25 de diciembre, en plena Navidad, para visitar a sus familias. En tepetongo se perdió el contacto con ellos. Dos de ellos estaban comprometidos para casarse en próximas fechas. Ya no hay contacto.
Se han realizado dos marchas en demanda de que las autoridades intensifiquen su búsqueda, una Colotlán y otra en Zacatecas. No hay resultados, impera el silencio gubernamental.
Los datos de la violencia son impresionantes y reveladores del desfasamiento de la inseguridad en el estado, evidencia de la incapacidad gubernamental tanto estatal como federal para contenerla.
Del año 2015 al 2022 aumentó en 358 por ciento el número de homicidios dolosos en Zacatecas. Es falso que el homicidio en el estado vaya a la baja como lo han informado las autoridades. Los datos los contradicen:
De enero a octubre de 2015 se registraron 238 homicidios dolosos en el estado, mientras que en el mismo período de 2022, se generaron 1,090 homicidios dolosos.
La tabla estadística aumenta sustancialmente cada año. Por ejemplo en dicho período de 2016 se generaron 454 homicidios; en 2017, 588; en 2018, 546; en 2019, 504; pero en 2020, aumentó a 828; en 2021, a 1,365. El incremento es exponencial.
De acuerdo a la proporción de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, Zacatecas ocupa el primer lugar, y de los 2,469 municipios del país, Fresnillo aparece entre los municipios como Cajeme, León, Tijuana y Ciudad Juárez, que acumularon el 17% de la violencia letal en el país.
Por Cierto, el Mineral ocupó consistentemente el primer lugar nacional donde sus ciudadanos tienen una mayor percepción de inseguridad, en tanto que el municipio de Zacatecas ocupó el tercer lugar.
El inicio del 2023 no ha sido halagüeño. La violencia se mantiene como un sello característico que golpea la tranquilidad ciudadana, a la inversión, al turismo y a la estabilidad social.
El dolor de las familias zacatecanas no es visto, menos escuchado o atendido por el gobierno en turno. No le interesa, minimiza la realidad y hunde la cabeza en la tierra, como los avestruces, para intentar alejarse de su responsabilidad.
Ya veremos qué pasa en el 2023.
Al tiempo.
