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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). Cada vez es más frecuente ver en los medios de comunicación, noticias donde informan feminicidios y delitos violentos contra las mujeres; actos que cada vez son más evidentes por la brutalidad con la que se ejercen.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2022 se reportaron 858 feminicidios y más de 5 mil muertes violentas de mujeres. Siendo el Estado de México, Nuevo León, CDMX y Veracruz quienes más incidencias registraron.
La respuesta gubernamental de las entidades federativas ante esta situación es preocupante. Los obstáculos a las víctimas en el acceso a la justicia por parte de las instituciones y la obscuridad en las cifras de denuncias, invisibilizan el problema y propician impunidad.
En el 2021, la ENDIRHE reveló el aumento de casos de violencia contra mujeres por razón de género, en donde el 70.1 % de ellas sufrieron al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.
Cifra de la cual el 41.3 % fue por violencia sexual y un 34 por ciento por violencia física; sin que hasta el momento se refleje la voluntad por parte del Estado y de sus entidades, por priorizar los temas y efectos de la violencia ejercida en el 52 por ciento de la población.
La impunidad en los hechos, demuestra que aún no contamos con un gobierno activo que cumpla con su obligación jurídica de eliminar todas las formas de discriminación y violencia que nos permita a las mujeres acceder a la justicia y a una vida libre de violencia.
La deficiencia en sus acciones y sus omisiones, siguen siendo la base por medio de la cual se infravaloran las condiciones de las mujeres, enviando el mensaje de que la violencia hacia nosotras es tolerada, aceptando como normal un fenómeno que atenta contra nuestro derecho humano a la dignidad y a la seguridad personal.
La desigualdad jurídica de la justicia y la violencia institucional que ejerce el Estado a través de las instituciones y de su incumplimiento respecto de su obligación legal de garantizar y otorgar en igualdad de condiciones y con efectividad los derechos de las mujeres es el reflejo de su falta voluntad política e indiferencia.
Quienes tienen el poder para hacerlo, complican que las mujeres tengamos un acceso real a la justicia, los escasos mecanismo de prevención de violencia y los inadecuados métodos de investigación sobre el delito de feminicidio, ocasionan que los crímenes cometidos contra nosotras sean minimizados e ignorados.
Es por ello que, resulta necesario que el Estado haga frente a su responsabilidad estatal y genere condiciones que se traduzcan en resultados; cumplir o garantizar los derechos de las mujeres significa que deben adoptar las medidas necesarias para que todas podamos gozar de ellos.
Pero además se debe tener el compromiso de rendir cuentas ante sus poblaciones y a la comunidad internacional por la violación de esas obligaciones.
Un gobierno que hace todo lo posible para asegurar que las mujeres podamos gozar y ejercer nuestros derechos humanos, se ve reflejado en los alcances de su nivel de cumplimiento respecto de sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir esos derechos.
De seguir ignorando el sufrimiento de las mujeres y colocando por encima de nuestros derechos sus intereses particulares, solo provocarán que los esfuerzos para nivelar las condiciones de las mujeres se vean disminuidos.
En definitiva, es necesario que en todas las entidades por medio de sus gobiernos adopten políticas preventivas y represivas idóneas. Mejorar las condiciones de las mujeres no es una misión imposible mientras exista la voluntad y la decisión política de cumplir con el objetivo, lo que significa buscar y hallar una respuesta jurídica en términos de bien común.
