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GUADALUPE RAMOS PONCE* (SemMéxico, Guadalajara, Jalisco). La XII Asamblea de la CLADE tuvo lugar tras dos años y medio de la llegada de la pandemia de COVID-19, que intensificó los ya existentes desafíos del derecho humano a la educación, tales como la exclusión, la brecha digital y la reducción de presupuestos públicos para los sistemas públicos de educación, entre otros. Se suma a ello un retroceso en la democracia, aumento de autoritarismos y fundamentalismos, asesinato y desaparición de líderes y lideresas sociales, criminalización de la protesta social, guerras, destrucción del ambiente, que impactan también en el ejercicio pleno del derecho a la educación.
En este contexto, desde la XII Asamblea Regional se reivindicó: Que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana. Que como tal, exige contar con sistemas educativos públicos generadores de equidad y con el horizonte de la igualdad y es responsabilidad de los Estados crear las condiciones materiales e inmateriales para su ejercicio a lo largo de la vida, desde primera infancia, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, formal e informal, atendiendo las necesidades de cada grupo, en armonía con su comunidad. Que sus dimensiones, a saber, la asequibilidad, la adaptabilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad, contienen variables e indicadores móviles y contextuales que son una fuente para monitorear y garantizar su cumplimiento por parte de los Estados. Que la educación pública estatal debe ser gratuita, laica, inclusiva, diversa, crítica, democrática, dialógica, interseccional, decolonial, transformadora, política y ciudadana, emancipadora, actualizada, antidiscriminatoria, garante de derechos, sea presencial, virtual o a distancia. Que en las comunidades educativas deben participar todas las personas, incluyendo grupos históricamente excluidos, como niñas y mujeres, adolescentes, personas adultas y mayores, población empobrecida en zonas urbanas y rurales, distintos pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad y neurodiversidades, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, practicantes de religiones minoritarias, campesinas y campesinos, población LGBTQIA+, entre otros. Los Estados deben cumplir de manera progresiva con los compromisos nacionales e internacionales asumidos en tratados y acuerdos de derechos humanos, inclusive la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Al término de la Asamblea, la Campaña Latinoamericana por el derecho a la educación demandó entre otras cuestiones, que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe, que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Sin duda, el trabajo de la CLADE es necesario y vital para garantizar el derecho humano a la educación en la región.
*Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Vicecoordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
