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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). La desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu es como una granada que estalla en las manos. Como en otros casos de violencia contra las mujeres, el de la activista no es la excepción. La injerencia de actores políticos protegiendo a quien ha sido señalada como autora intelectual de los hechos, pone en riesgo el proceso de justicia y la verdad histórica y revela -por enésima ocasión- un sistema de justicia corrupto, cargado de simulación y desaseo. El poder judicial al servicio del poder político.
El temor no es infundado para la familia de la activista desaparecida el 26 de marzo de 2021 y posiblemente asesinada en esa misma fecha. Hechos ocurridos en la mixteca oaxaqueña y este caso, como otros, también pone en blanco y negro el involucramiento de la delincuencia organizada con distintas esferas de gobierno, que obedecen ciegamente y quitan del camino a quien les estorbe, les haga sombra o denuncie. Una cadena de servicios: la justicia al servicio del poder político y ésta al servicio de grupos delincuenciales, que actúan como si fueran una misma cosa.
Para las familias de las víctimas, en este caso para la familia Uruchurtu Cruz, lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue esperanzador, cuando el 11 de mayo del 2021 fue claro y expresó: “la instrucción es, sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”.
El señalamiento de AMLO fue hecho una vez conocida la detención de tres personas “probablemente relacionadas con el delito de desaparición forzada”, como señala el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el 7 de mayo de ese mismo año. Una de esas personas detenidas fue la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth V.H., y dos colaboradores cercanos. Ella, la joven munícipe en ese momento buscaba ser reelecta en el mismo cargo, esta vez con la bandera de su nuevo partido, Morena, al que se había unido tras dejar el PRD y pasar, para obtener la candidatura en 2018, por el PT.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también señaló en aquellos días que su partido no protegería a nadie que hubiera incurrido en un delito. Es decir, todo indicaba que Morena no tendría injerencia en el caso.
Sin embargo, el hoy gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, amigo cercano de Lizbeth V.H. señaló otra cosa mientras se afianzaba como el candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad. En enero del 2022, Sara Uruchurtu -hermana de la activista desaparecida y asesinada- denunció para Aristegui Noticias que el precandidato morenista había señalado que Claudia Uruchurtu se había “autosecuestrado”. Una declaración más que desafortunada, es revictimizante y pretendía criminalizar a la activista. Las víctimas haciéndose el harakiri. Nada nuevo bajo el sol.
La llegada de Jara Cruz a la gubernatura de Oaxaca coincide con las audiencias con las cuales terminará el proceso judicial. El temor no es infundado -han señalado ante periodistas, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la diputación local-, porque la justicia podría truncarse ante la posibilidad de que la exmunícipe sea absuelta del cargo que se le imputa como autora intelectual de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz.
Los caminos de Claudia Uruchurtu y los de Lizbeth V.H. se cruzaron cuando la primera buscó solucionar problemas con sus propiedades en el municipio de Asunción Nochixtlán, a donde regresó a vivir junto con su madre y su hijo en 2014. Lo que encontró fueron obstáculos. Incluso hay asentados hechos en su contra, en un principio cometidos por comuneros.
Claudia creyó entonces que la llegada de Lizbeth V.H. haría la diferencia y que las cosas serían mejores para la población, lejos de los viejos y arraigados cacicazgos. No hubo cambio. Por el contrario, encontró negativas a acciones sencillas para mejorar las condiciones de vida de la población. Fue entonces cuando alertada por las negativas, investigó en qué y cómo se gastaban el dinero público y lo que encontró que algunas operaciones se hicieron a través de una empresa fantasma, entre otras anomalías. Envió cartas al Presidente de México, a la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. De ninguno obtuvo respuesta y las consecuencias son hoy más graves de lo que sus cortas visiones les alcanzaba a observar en aquel momento.
El mar de fondo estaba a la vista, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Lizbeth V.H. originaria de Nochixtlán estaba rodeada de “gente que venía del Istmo” desde su chofer hasta sus asesores y algunos de ellos hasta ocuparon cargos en el cabildo. Desde Nochixtlán se gestaba una operación, a todas luces no lícita y tocó ese fondo con sus denuncias y la insistencia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que tampoco hizo caso.
La actitud de Claudia Uruchurtu es la de cualquier ciudadana o al menos la que tendríamos que tener para acabar con el saqueo de los municipios y otros niveles de gobierno a través de intrincados vericuetos en los que hoy está envuelto el poder político y que terminaron de forma trágica para ella. Su familia con razón ve la posibilidad de la impunidad total a partir de la injerencia del mismo poder al que enfrentó sin respuesta.
