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ÁNGEL SORIANO. No debe confundirse la defensa de la democracia con la defensa de la burocracia dorada del INE, que maneja un presupuesto de 20 mil millones de pesos para organizar elecciones, siendo las más caras del mundo, y la lucha ciudadana debe darse por la defensa y recuento transparente del voto real, no manipulado, por personas con autoridad moral, no mercenarios.
Porque eso del recuento de votos se presta a que los escrutadores o los consejeros electorales se vendan al mejor postor u obtengan canonjías de los favorecidos por lo cual los puestos y el aparato administrativo son muy cotizados, muy peleados, no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal donde se realizan los mismos negocios.
Si la gente marcha y sale en defensa del INE sólo está defendiendo los intereses de un grupo de privilegiados que viven en la opulencia a costa del sacrificio del pueblo trabajador, a costa del desprecio de los grupos menos favorecidos, como es el caso de los chichimecas de Guanajuato que fueron vistos con desprecio por el consejero presidente Lorenzo Córdova.
Hacer propuestas viables en el Congreso de la Unión donde se discutirá la reforma electoral, de manera paralela a las movilizaciones, sería el mejor camino para el perfeccionamiento de nuestra democracia y terminar con la industria del voto, que sólo favorece y enriquece a unos cuantos, como se ha divulgado con cifras de las nóminas y de los recursos que dispone.
Si hubiera honestidad de parte de los consejeros electorales, éstos, ante la demanda de la sociedad civil por la vigencia de la democracia, debería renunciar -en lugar de ampararse-, a sus colosales honorarios y aceptar una paga justa, simbólica, como personas honorables con disposición de servir al pueblo de México; pero no lo hacen porque son mercaderes.
El propósito de la reforma electoral es acabar con la burocracia del INE y del Congreso de la Unión para que sean menos costoso. La actividad de los legisladores también deja mucho que desear porque sólo llegan a la representación popular para exigir privilegios, como la misma senadora sonorense Lilly Téllez que ha pedido Guardia Nacional para cuidar a su hijo.
Los representantes populares sólo representan intereses de las cúpulas de los partidos, que previa negociación inducen al voto hacia donde hay más ganancia, de tal manera que da lo mismo que voten 100 o 500, si al final de cuentas se gana o se pierde por un solo voto. Y no es necesaria la presencia de 500 legisladores a alto costo si con 100 se podría cumplir la representación popular.
Bien por la marcha que amalgamó y sacó de sus casas a quienes desean participar en la vida pública y demostrar que, cuando hay coincidencia, se sale a protestar o a exigir la defensa de los derechos de la población; pero lo correcto es que la causa sea legítima o no favorezca a los que siempre capitalizan la inconformidad ciudadana. O hacen negocios con el poder.
No puede concedérsele autoridad moral a los ex presidentes, cuando se ha manifestado que usaron el aparato administrativo y político para favorecerse y favorecer a grupos empresariales poderosos y hacer más ricos a los ricos. La administración pública debe servir a todos, sin excepción, y no sólo ser un instrumento de negocio y de despojo.
Hace falta perfeccionar la democracia y el sistema de gobierno para que sirva por igual y nadie se aproveche de su cercanía o de las presiones al poder, porque para eso se moviliza a la gente, para presionar y sacar raja; esperemos que esta sea la excepción y, efectivamente, el poder público sepa que el pueblo también se organiza y defiende sus intereses.
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