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Ciudad de México, 03 de octubre (entresemana.mx). La Secretaria de Educación Pública (SEP) aseguró que presentará un recurso que queja contra la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del programa piloto en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y que analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo.
Sin embargo, advirtió que mientras continúa el proceso legal, “seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país”.
Esto, luego de que la asociación “Educación con Rumbo” diera a conocer este domingo que el juez determinó concederle la suspensión solicitada, tras presentar el recurso de amparo 1457/2022.
“La SEP interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y en contra de la concesión de la suspensión provisional”, señaló, al tiempo que indicó que las audiencias incidental y principal están fijadas para fechas próximas en el mes de octubre.
El abogado Miguel Ángel Ortiz, representante de “Educación con Rumbo”, argumentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.
En ese sentido, consideró que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas “que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas”.
Apuntó que esta determinación “obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil tal y como establece el artículo 135 de la Ley General de Educación”.
Agregó que el amparo concedido es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de los niños y niñas de México y “asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentado en el método científico y libre de contenidos ideológicos”.
