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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). Artículo Séptimo de la Constitución Política Mexicana: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Al quitar una manta que denunciaba: “16 años de impunidad. No al golpe militar”, que con mucho esfuerzo fue colocada este 15 de septiembre por familiares de víctimas de desaparición que protestaron en la Estela de Luz, el gobierno de la ciudad de México violó la Libertad de Expresión consagrada en el artículo arriba citado.
Además, la misma ley señala que: Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6° de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
La acción de retirar la manta por parte de elementos de Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, porque supuestamente representaba un peligro, deja claro el abuso de poder por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheimbaun, una de las presidenciables para el 2024.
La denuncia tiene una honda y profunda verdad, dicha por las familias de las personas desaparecidas -hoy, en México hay más de cien mil personas desaparecidas- situación que ha llevado a organizaciones internacionales a expresar preocupación, solicitando al gobierno mexicano que los militares sean retirados de las calles.
Contrario a lo expuesto por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en abril pasado, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de los dichos a los hechos:
Primero el Presidente mexicano respondió asegurando que “el Ejército no viola derechos humanos”, esto hace cinco meses. Segundo propuso que la Guardia Nacional pasé al mando del Ejército, lo que ha sido avalado por el Poder Legislativo federal en estos mismos días, legitimando la presencia de cuerpos castrenses en las calles mexicanas, es lo mismo pero revolcado.
Las familias de desaparecidos, como en otros casos, tienen otros datos, al igual que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, al asegurar que “las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública están relacionadas con hechos atroces como tortura, ejecución y desaparición forzada. Como muestra, mencionó que el Ejército y la Marina han acumulado 167 recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos -según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-; 15 de ellas relacionadas con desapariciones forzadas”, cita en el texto publicado el 13 de abril de 2022 por Efraín Tzuc, en la página web A dónde van los desaparecidos. (https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/04/13/expertos-de-la-onu-piden-a-mexico-sacar-a-militares-de-la-calle-amlo-revira-no-estan-bien-informados/)
Otro botón de muestra es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, hace ya ocho años, cuando se anunció, o mejor dicho se confirmó, el involucramiento de (64) elementos del ejército mexicano y policías que habrían tenido responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Luego la detención del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, y el pasado jueves de quien entonces era el jefe castrense en Iguala (27 Batallón de Infantería), José Rodríguez Pérez.
Las razones del pueblo bueno no fueron escuchadas por el Presidente mexicano y la realidad contradice cualquier explicación del mandatario, quien intenta por todos los medios blanquear las acciones de las fuerzas armadas. Y qué mayor razón del pueblo, que la vivida a lo largo del reciente medio siglo pasado, donde buena parte de las víctimas de desaparición forzada tienen relación directa con la actuación de los militares. Y, otra más, la impunidad inconmensurable en la que pervive este delito.
Finalmente, la Estela de Luz había encontrado un fin que la rescataba de su maloliente origen: la corrupción. La manta dignificaba un monumento y nos recordaba una premisa que ha sido como un fantasma en nuestra historia moderna. Pero Sheimbaun decidió otra cosa y actúo contra la ley, al violar, reitero, la libertad de expresión.
