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CLAUDIA ESPINOSA ALMAGUER (SemMéxico, San Luis Potosí). En julio pasado tuvo lugar un conversatorio convocado por el Consejo Estatal de Población denominado “Consideraciones sobre la Vejez en el Estado de San Luis Potosí” en el Aula Magna de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma en donde pudimos converger junto con otros expertos para abordar a este grupo considerado en su ley federal a partir de los 60 años de edad.
Aunque varias fechas internacionales y nacionales como el 28 de agosto tratan la situación del adulto mayor, las políticas de corte asistencial a las que se les ha habituado, no generan cambios significativos en su calidad de vida, ni la garantía de un sistema de cuidados que no dependa del trabajo no remunerado que producen las mujeres para sus familias, ni la evitación de la violencia.
Precisamente allí, el tema consistió en explicar la situación de las mujeres adultas mayores y el acceso a la justicia. Pero ¿Por qué interesa hablar de esto? ya en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se define este acceso como la capacidad de buscar y obtener un recurso a través de instituciones judiciales formales o informales de conformidad con las normas de derechos humanos, señalando a su vez sus componentes: justicia, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, responsabilidad y provisión de recursos.
Ahora bien, para situar claramente la posición de todas las mujeres se debe considerar la discriminación sexual, el riesgo constante de ser víctimas de violencia que causa una profunda desigualdad en la participación, acceso y goce de derechos, lo cual prevalece en todas las edades de la vida, aunque varía en sus representaciones.
Recientemente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística publicó los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 la cual coincide con lo que hemos advertido durante la atención a víctimas durante y después de la pandemia de Covid en cuanto a que las propias medidas para contener la crisis de salud y el abandono de la política del Estado se ha pagado con la vida y la integridad de las mujeres en México: así, a nivel nacional de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida.
Aunque iremos exponiendo los datos de esta nueva encuesta con exhaustividad en estas columnas, respecto de las mujeres de 60 y más, se tenía el antecedente de 2016, donde había 175 mil en ese rango de edad viviendo en San Luis Potosí, de las cuales un 27 por ciento de ellas no habían trabajado ni asistido a la escuela, para la actualización de la ENDIREH 2021 cerca de 29,356 fue violentada en los últimos 12 meses.
Las mujeres mayores debido a los estereotipos de género son menos valoradas dentro de sus familias y tienen más riesgo de padecer negligencia, golpes y abuso económico, así también hay vulnerabilidad dado que la fragilidad física, el deterioro mental, la dependencia económica, la falta de oportunidades para el empleo, la carencia de un ingreso propio y de beneficios como la seguridad social puede condenar al abandono y a la pobreza.
En nuestro país cualquier individuo afectado en su integridad, bienes o patrimonio, ante la necesidad de interactuar con determinado número de autoridades, podrá hacerlo mediante los caminos que la ley dispone para ello o mediante abogados “enterados” de cuáles son los lenguajes para interactuar y conseguir el resarcimiento de un derecho, inclusive alguien más joven, por ejemplo, al ser víctima de un delito podría ahorrarse algunas vueltas ante la autoridad siendo que actualmente la página electrónica de algunas fiscalías permite iniciar el trámite de denuncia por sí mismo, o acudir físicamente sin necesidad de ayuda.
Pero ese no es el caso de las mujeres mayores al ser víctimas donde la edad les juega en contra, siendo la familia y cuidadores quienes suelen ejecutar el maltrato, la situación de violencia puede pasar desapercibida para las autoridades, debido a ello la ley indica que cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de situaciones deberá denunciar y en este ámbito penal San Luis Potosí prevé sanciones para casos de víctimas a partir de los 60 años, específicamente en delitos como la privación ilegal de la libertad, el incumplimiento de obligaciones o la violencia familiar.
Al respecto la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de México creada desde 2002, enmarca el deber de garantizar una vida libre de violencia, indica que instituciones públicas, comunidad, familia y sociedad deben proveer un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviadas, indiciadas o sentenciadas.
Particularmente describe el derecho a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte, contar con un representante legal cuando lo considere necesario, tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar o cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.
Aquí no se trata de dar limosnas, sino de garantizar derechos. A más ver.
