Entresemana Información entresemana que forma opinión
Ciudad de México, 02 de septiembre (entresemana.mx). “Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las personas legisladoras para que analicen la iniciativa en el marco de los más altos estándares de derechos humanos y atendiendo las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano y voten contra la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Los y las legisladoras tienen la oportunidad de frenar el proceso de militarización de la seguridad pública en México y exigir al Poder Ejecutivo que presente el plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorice en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendentes a garantizar la seguridad pública. No se puede dejar pasar más tiempo dada la situación de extrema urgencia que vivimos en el país”, agregó.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena) contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los estándares internacionales en materia de seguridad pública.
Esta iniciativa plantea la consolidación de la militarización de la GN y, de aprobarse, la Sedena se encargaría de la operación y administración de la misma, le daría capacitación militar a su personal cuando sus tareas son del orden civil y el personal militar de esta corporación se regiría por el fuero y condiciones laborales del personal militar.
Amnistía Internacional también expresa su mayor preocupación porque la iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea que la capacitación que recibirá el personal de la GN provendría de la Sedena.
Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano alejarse del paradigma de seguridad militarizada, retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad y transitar a un modelo de seguridad ciudadana, centrado en la persona humana y en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática.
En diciembre de 2017, expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas hicieron un claro llamado al Estado Mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior. Argumentaron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad debilitaría la protección de los derechos humanos. En 2018, la SCJN determinó la invalidez en su totalidad de dicha ley e incluso se consideró que su existencia representaría un riesgo para el país.
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que la Sedena y la GN están dentro de las diez instituciones federales con mayor número de quejas por violaciones graves a derechos humanos, entre ellas privación de la vida, desaparición forzada, tortura, y tratos crueles e inhumanos, y detenciones arbitrarias.
En el lapso de ocho años, entre el 2014 a lo que va de 2022, la Sedena acumuló 3 mil 999 quejas y la Marina mil 553 quejas. En tanto que la GN, con solo tres años de su creación (entre 2020 y lo que va de 2022), acumula mil 109 quejas.
En noviembre de 2018, la CoIDH determinó que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe estar sujeta a cuatro factores:
Debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso
Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial
Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
