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JUAN CHÁVEZ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo sombra al cuarto informe de López Obrador con el anuncio de que el próximo lunes será debatido por el pleno la prisión preventiva oficiosa, de la que se ha valido el domador de Palacio para corretear a altos funcionarios del pasado y someterlos a “su justicia”.
Eso ha encorajinado al macuspeño.
Nada hay más delicado que un presidente esté enojado, que no se le quite la rabia, porque al paso de los días se enciende más, piensa menos y toma peores decisiones. Y cuando el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador, cuya intolerancia supina, según cercanos, va en aumento, el estado de ánimo se torna peligroso.
El miércoles, en el cuadrilátero de la mañanera en Palacio Nacional, arremetió contra medios, periodistas y el Poder Judicial, disparando su impune escopeta porque las cosas no salen como desea. Pero no nos equivoquemos. Su coraje gira en torno a la prisión preventiva oficiosa que el próximo lunes será debatida por la Corte.
López Obrador se está valiendo de artimañas, incluso una mentira flagrante, al decir que la prisión preventiva oficiosa se aprobó durante el gobierno de Felipe Calderón, y amagó con dar a conocer la lista de quienes votaron a favor de esa ley –citó a los panistas Santiago Creel y a Marko Cortés, y a Jesús Murillo Karam– y cómo fue la cobertura en los medios. El presidente es malintencionado y falso.
Aquella reforma constitucional de 2008 no buscaba inhibir la comisión de los delitos, sino contar con la certeza de que en los de mayor impacto, los imputados permanecieran bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando a las víctimas y lo que llamaron el buen manejo de la investigación.
La mentira presidencial surge como un sol porque ya en su gobierno, la prisión preventiva fue objeto de reformas en el código penal. El 18 de junio de 2018, en una nueva modificación, se incorporó la figura de la prisión preventiva en sus dos vertientes, la justificada y la oficiosa, en cuyo párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución se establecía:
Para la prisión preventiva justificada, el ministerio público sólo la puede solicitar al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, así como el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas y los testigos. El catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa incluía delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, así como aquellos delitos graves en contra de la seguridad nacional.
El 12 de abril de 2019 se reformó el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, a fin de ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa –la prisión preventiva no sufrió ninguna modificación–, que agregó el abuso o la violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo, desaparición forzada y cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo militar.
La ampliación de este catálogo fue cabildeada por el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que implícitamente arropaba la narrativa de López Obrador y a su estrategia de desmantelar el viejo régimen, como lo llama, encarcelando a exfuncionarios de gobiernos anteriores.
La legitimidad de su presidencia depende de la lucha contra la corrupción, el principal mandato de las urnas, y para mostrar que todo aquello por lo que votaron por él es real, tiene que encarcelar a personajes importantes. Hasta esa modificación, los delitos de cuello blanco no tenían pase automático a la cárcel, pero esa nueva reforma los incorporó.
En el Senado también le echaron a perder “su” día. Los medios destacaron el desaforado debate en la Cámara alta para elegir a la mesa directiva.
Tras tres votaciones, una hora antes del término constitucional, las 12 de la noche del 31 de agosto, se nominó a Alejandro Armenta como presidente del Senado, apenas con 65 votos.
En el accidentado proceso que llevó a su elección, de manera inesperada surgió un nuevo nombre en las cédulas de votación, pues 52 opositores “votaron” por Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y a quien pidieron optara por presidir el Senado.
Pero él descartó sumarse a la estrategia opositora, que de haber prosperado lo orillaría a dejar la coordinación de Morena y asumirse, ya, como la carta de la oposición en el Senado.
En las votaciones se presentaron acusaciones de fraude, “desaparición” de un voto y advertencias de que, si llegada la medianoche no había mesa electa, el Senado aplicaría el reloj legislativo.
Esto para evitar llegar al 1 de septiembre sin mesa directiva, escenario que si podría poner al órgano legislativo en situación de crisis constitucional, reconoció Monreal.
Armenta es un senador lejano a AMLO, cercano a Monreal y rechazado por opositores, incluidos algunos morenistas, lo que significa que en el Senado L(i)opez se encontrará con nuevo muro en sus locuaces ocurrencias.
