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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Diputados, plantea la modificación del sistema político electoral.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra la decisión de reducir la Cámara de Senadores y Diputados, pretensión que alcanzará a los Congresos locales, en donde se establecerá un rango de 15 a 45 diputados locales con base en el número de población de las entidades federativas.
La iniciativa también plantea, la transformación del INE para formar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual estará acotado en funciones y en integrantes.
Por otra parte, existe la intención de desaparecer a los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales, de tal forma que las atribuciones y actividades realizadas por estas, sean absorbidas por las instituciones federales respectivas.
Tales modificaciones han sido planteadas por parte del titular de la República y de sus asesores, bajo la justificación de fraudes electorales y el deseo ciudadano de abaratar la democracia.
“Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, Andrés Manuel López Obrador.
“Se busca básicamente hacer más barata la democracia en nuestro país; es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, de infraestructura y de educación”, secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Durante las conferencias de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como integrantes de su partido político -MORENA-, han sido enfáticos en denostar las atribuciones y el ejercicio administrativo y judicial de las instituciones electorales, en donde consejeros y magistrados son calificados como personajes excéntricos que no comparten una visión austera y cuyo trabajo es cuestionado por no favorecer sus intereses políticos.
Pareciera una campaña de desprestigio a los órganos electorales, para avalar públicamente dicha iniciativa, en cuyo debate se enfrenta la elite política y los titulares de tales instituciones.
Pero acaso, se ha tomado en cuenta la voz de la ciudadanía, una reforma atribuida al pueblo debería contar con datos más transparentes y sin sesgos políticos.
Por ello, me parece interesante el estudio que realizó el Tecnológico de Monterrey, con datos de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), en donde se analizó la percepción que tiene la ciudadanía sobre los organismos electorales y la reforma en mención.
En marzo del 2022, ISA informó que un 30 por ciento de la ciudadanía confía mucho en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y un 50.9% confía poco, siendo solo un 16 por ciento los que no confían. Del total de personas encuestadas, el 60 por ciento consideran que el INE y el TEPJF sí cumplen adecuadamente con sus funciones.
Alrededor del 55 por ciento consideraron que las elecciones federales del 2021, fueron limpias, bien organizadas e imparciales. Al evaluar el trabajo del INE y del TEPJF se observa una aprobación del 60 por ciento o más. Esta aprobación baja al 55 por ciento cuando se les preguntó por la revocación de mandato.
El perfil político de quienes perciben bien o mal a las autoridades, no son los morenistas, son independientes, panistas y perredistas, este dato se mantiene si se pregunta por las funciones de los consejeros. ISA precisa que en la medición no se involucró a las elites políticas, sino que los datos fueron arrojados por la ciudadanía.
Con respecto a la reforma electoral, la ciudadanía apoya parcialmente la iniciativa. Prácticamente, casi todas las propuestas cuentan con el 60 por ciento de aceptación, salvo la pretensión de sustituir al INE y eliminar a los OPLEs (49 vs 31 por ciento).
Si bien tres de cada cuatro personas, piensan que la reforma debe fortalecer derechos y libertades, en el dilema entre reducir costos y fortalecer la democracia, se observa una división: 48 vs 50 por ciento.
En el estudio realizado se concluyó que la ciudadanía considera que la reforma propuesta por el Presidente, no será aprobada y según el balance de las fuerzas políticas, tampoco, ya que el gobierno en turno no cuenta con 2/3 en el Senado.
Ahora bien, los datos proporcionados por la encuestadora, solo reflejan la impresión o juicio que se ha formado la ciudadanía a través de la observación y la comprensión de la información que dispone en su entorno, la cual en su mayoría es difundida por los medios de comunicación, se debe tener en cuenta que no toda la ciudadanía es cercana a los temas político electorales.
Estos resultados, si bien son positivos para los órganos electorales, lo cierto es que la percepción social puede resultar inexacta o incluso errónea, de ahí que, existan áreas de oportunidad que favorezcan, de forma real, la idea que tienen la ciudadanía respecto de dichos órganos.
De modo que, tanto el INE, OPLEs y Tribunales electorales se fortalezcan y fomenten una cultura democrática, participativa y progresista. Pero sobre todo que busquen desvincularse de la elite política partidista y gubernamental que los mantiene en una crisis de legitimidad y sospecha de parcialidad.
Para concluir, la reforma electoral que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pude aportar a la democracia, la incorporación de nuevos actores de negociación y decisión política, y la apertura a nuevos espacios de participación ciudadana, si es que, su interés radica en la creación de mecanismos que fortalezcan la democracia.
Pero si la intensión de desaparecer órganos electorales, radica en el supuesto ahorro de recursos, estaremos presenciado el acotamiento del arbitrio electoral, lo cual reflejará las ambiciones autocráticas y el deseo de regresar a la simulación del pasado.
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, representa un «foco rojo» que reclama la atención de los diferentes actores, incluyendo a la ciudadanía interesada en la construcción de la democracia.
*Datos obtenidos en la conferencia: Percepciones sobre los organismos electorales. Impartida por el Dr. Alejandro Díaz Domínguez, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
