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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). Uno de los principales problemas, en la incorporación de la perspectiva de género en materia legislativa y políticas públicas, radica en la indebida interpretación que se hace de la desigualdad y la violencia de género.
Dichas interpretaciones suelen provenir de idearios construidos en el espacio personal y por creencias socioculturales que se incorporan al ámbito laboral.
Esto es, las personas encargadas de transversalizar esta metodología en ocasiones tienden a incorporar los elementos mentales y emocionales del ambiente familiar y social en el que les tocó vivir. Situación que les impide reconocer los actos o acciones que generan desigualdad, discriminación y violencia.
De modo que, al no reconocerlas, se propicia que, al momento de legislar, construir políticas públicas o ejecutar programas, se nieguen a implementar y garantizar la aplicación correcta de la perspectiva de género, ya sea por desconocimiento o por considerarla innecesaria, ante la falsa creencia de una igualdad real ya existente.
Ahora bien, sin intención de excusar a los obligados, se debe tener en claro que existen factores socioculturales a los cuales no son inmunes –en tanto que son personas-, y que, si bien, tienen la obligación de analizar sus actuaciones bajo parámetros normativos y de derechos humanos; lo cierto es que, apartarse de sus privilegios y reconocer que sus creencias pudieran ser erróneas, no resulta fácil.
Debido a que, dichos atributos socioculturales basan sus funciones en características que históricamente le han atribuido al sexo; factores que han determinado la desigualdad que existe entre la mujer y el hombre al establecer una serie de mandatos y prohibiciones simbólicas que alimentan prejuicios y discriminaciones.
Mismos que se han construido como filtros por medio de los cuales se interpreta al mundo, pero también como una limitación establecida que obliga a las personas a tomar decisiones y oportunidades dependiendo de su sexo.
Circunstancias que producen la existencia de desigualdad que al perpetuarse con el paso del tiempo hace que se transformen en estructuras mentales que toman forma y se encarnan en la actividad de la sociedad.
Estas construcciones sociales, al estar insertadas en las personas de forma inconsciente y a lo largo del tiempo, producen relaciones de poder que encuentran su espacio en estructuras de posiciones o puestos, cuyas propiedades depende de estas.
Dichas relaciones permiten a sus poseedores disponer de poder e influencia y, por tanto, existir en un ámbito social superior. Es necesario recalcar que las relaciones de poder se vinculan con el ámbito económico, político, cultural y simbólico, siendo estas las formas que revisten las diferentes especies de poder cuando son percibidas y reconocidas como legítimas.
Lo anterior produce que las sociedades se compongan de estructuras originadas por representaciones, percepciones y visiones que en conjunto permiten el surgimiento de sistemas simbólicos creados para sistematizar, formalizar, formular y reformular la realidad. Estos definen los procesos de interacción entre la realidad y las peculiares construcciones culturales de cada pueblo y sociedad.
Razón por la cual resulta difícil que, algunas personas que se encuentran en posiciones privilegiadas, reconozcan circunstancias que no han padecido o que de reconocerlas pudieran afectar la posición o puesto en el que se ubican, lo cual implicaría en ciertos casos la disminución o pérdida del poder que se ostenta.
Es preciso aclarar que, si bien las relaciones sociales están medidas por relaciones de poder, esto no implica que las mismas no puedan ser modificadas, de hecho, las relaciones de poder han ido cambiando en el transcurso de la historia (aunque no de forma tan avanzada para las mujeres) y ello se debe a los procesos de transformación que se producen en cada sociedad y en especial en cada individuo.
Como breve conclusión, cabe decir que todas las personas que están involucradas en la organización del Estado en sus diferentes espacios y actuaciones, deben tener la capacidad de entender que no pueden equiparar sus condiciones de vida a la de personas menos favorecidas desde la posición de privilegio y poder en la que se encuentran.
De modo que, la perspectiva de género, así como otras metodologías, entre ellas, la interseccionalidad, deben ser un requisito previo y esencial para toda persona que aspira a un puesto público o de representación popular; ya que de lo contrario se seguirán obstaculizando los derechos de las mujeres.
