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Contribuyentes, bajo intimidación
>> Presumen fortaleza financiera
>> Cuestionable asignación del gasto
>> Calificadoras mueven escenario económico
AGUSTÍN VARGAS*. Hace unos día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer los resultados de las finanzas públicas y la deuda pública para enero-mayo, informe que presume la fortaleza de la situación financiera del sector público y la eficacia de las políticas de recaudación y asignación del gasto.
Los ingresos tributarios -la principal fuente de recursos recurrentes del sector público- tuvieron un comportamiento favorable en los primeros cinco meses del año, al crecer 3.3% en relación con el mismo periodo de un año antes. Esto respondió principalmente al incremento de 15.5% en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, como resultado de la férrea política recaudatoria que ha seguido el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En diversos círculos se afirma que la gestión del SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, ha sido favorable. No obstante, hay que considerar dos factores. Uno, que la presión recaudatoria se ha concentrado, como siempre, en el segmento de la actividad económica que tradicionalmente genera la mayoría de la recaudación. Esto significa que no se ha ampliado la base gravable para incluir a todos aquellos que eluden o evaden pagar impuestos.
Dos, que en la medida que las autoridades tributarias utilicen implícitamente métodos intimidatorios arbitrarios, aunque permitidos por la ley, a la larga el efecto sobre la recaudación -y sobre la nueva inversión y la actividad económica- puede ser negativo.
Son varias las ocasiones que se ha mencionado de que diversos contribuyentes se han sentido intimidados por la relación que puede existir entre la presunción de defraudación fiscal, la prisión preventiva y la extinción de dominio y han cedido a la presión para saldar sus presuntos adeudos fiscales sin llegar a judicialización.
Si bien el ISR es la columna vertebral de la recaudación, en otras fuentes de ingresos significativas el crecimiento ha sido prácticamente nulo, como el caso del IVA, o negativo, como en los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), debido principalmente al subsidio a los combustibles.
Cabe destacar aquí que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima que dichos subsidios pueden alcanzar 530 mil millones de pesos este año, cifra prácticamente igual a los ingresos excedentes de los Pre criterios Generales de Política Económica.
Según el organismo, bajo dicha estimación los ingresos excedentes no alcanzarían a cubrir los subsidios a los combustibles, ya que una parte importante se utilizará, de manera inevitable, para cubrir mayores intereses de la deuda, que serán, según la estimación de Hacienda, mayores en 77 mil mdp.
Gasto cuestionable
En el informe de Hacienda también se destaca que el gasto neto total aumentó 0.5% anual en enero-mayo, y fue 69.5 mmp menor que lo aprobado en el presupuesto 2022. Aunque efectivamente en el agregado ello responde a la política de austeridad gubernamental, la asignación del gasto público es cuestionable.
Mientras que en enero-mayo de 2022 el gasto programable disminuyó 2.3% respecto a un año antes, los rubros que incluyen los programas insignia del régimen arrojaron incrementos importantes.
Resalta el aumento de 236.0% en el gasto del ramo de Turismo, que incluye los crecientes recursos canalizados a la construcción del Tren Maya, así como el de 47.6% en el ramo Bienestar, que aloja los programas asistenciales del Gobierno Federal.
Por el contrario, otros rubros que evidentemente requieren atención por las necesidades sociales y de reactivación fueron menos beneficiados en el erario registrando disminuciones o aumentos mínimos. Por ejemplo, el gasto del ramo Salud se redujo anualmente en 14.7%, el de Educación en 18.7%, el de Comunicaciones y Transportes en 5.6% y el de Agricultura y Desarrollo Rural en 4.5%.
Por su parte, el rubro de Seguridad Pública se elevó sólo 1.6% y el gasto en inversión lo hizo en 1.7%, respecto al período enero-mayo de 2021.
Hacia adelante, se avizoran riesgos que podrían afectar a las finanzas públicas incluso en este año. Uno de ellos, es la posibilidad que los ingresos excedentes por la exportación de crudo no alcancen a cubrir el costo de los subsidios a los combustibles.
Calificadoras mueven escenario
El pasado viernes, la agencia calificadora Moody´s redujo la calificación de deuda soberana en moneda extranjera de México de Baa1 a Baa2, principalmente porque prevé que la economía siga mostrando niveles débiles de inversión.
De igual forma prevé que la fortaleza fiscal de México se verá afectada por las tasas de interés, mayor gasto público en apoyos a empresas estatales y un bajo nivel de recursos extraordinarios ante el agotamiento de los fondos de estabilización.
Si bien la nueva calificación soberana se ubica en el mismo grado (grado medio inferior), en los últimos dos años México ha caído 2 escalones en la medición de Moody’s, siendo en abril de 2020 la primera degradación, cuando bajó de A3 (grado medio superior) a Baa1.
El ajuste de Moody´s ocurrió dos días después de que la calificadora Standard and Poor´s ratificara la nota de México en BBB y BBB+ y también asignó una perspectiva estable, desde negativa. El informe de las agencias calificadoras ya provocaron reacciones encontradas al más alto nivel dentro del gobierno mexicano, pues se afirma que moverá el escenario económico del país.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
