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EDUARDO MERAZ. Pasaron ya los 15 días y el presidente sin nombre y sin lucidez no ha rendido su informe pormenorizado de las circunstancias por las cuales tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán y, con ello, desterrar cualquier sospecha, de contubernio entre su administración y los delincuentes.
Porque, a decir verdad, desde el anunció de este informe, los malos de malolandia han incrementado su actividad delictiva, incluidas nuevas masacres y la muerte de dos sacerdotes jesuitas en la región del “Triángulo Dorado”, donde las organizaciones criminales han sentado sus reales desde hace muchos años -condición reconocida por el propio mandatario sin sin gracia.
No conforme con su impuntialidad para informar sobre el hijo del “Chapo” Guzmán, ahora anticipa que el 1 de julio presentará los argumentos y los datos de por qué no va a cambiar la estrategia de seguridad, a pesar de los casi 125 mil asesinados en su gestión y los más de 30 mil desaparecidos en lo que va de su gobierno.
El terror a ser considerado como un presidente represor, lo tiene atado de brazos -por convicción o por connivencia- mientras los “ríos de sangre” inundan el territorio nacional. Justificación baladí, porque combatir a la delincuencia es algo diametralmente opuesto a reprimir movimientos sociales.
Sin atreverse a sacar al conservador que lleva dentro, el presidente sin nombre avaló la versión jarocha de disolución social que aplicaba el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al inventar el delito de “ultrajes a la autoridad” que, a manera de ensayo, le permitió encarcelar a opositores por quítame estas pajas, hasta que la Corte lo puso en su lugar.
De igual manera, se congratuló por el método de “persuasión” utilizado por la milicia con sus contratistas, como una variante de la extorsión, para obtener ahorros en obras como el aeropuerto de Santa Lucía y que, no obstante, terminaron con sobrecostos.
De acuerdo con Larry Rubín, presidente de The American Society of México, la creciente inseguridad encarece en 8 por ciento hacer negocios en nuestro país por robo de tráileres, protección de vidas humanas y la contratación de cuerpos de seguridad extras, entre otros aspectos.
Si como dice la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el cuatroteísmo ya cuenta con una estrategia nacional para pacificar el país, se infiere que en la actualidad México vive en la zozobra, sin paz y sin tranquilidad. Podría hablarse de la existencia de una “guerra de baja intensidad”, en la cual el gobierno actúa como impasible observador.
La titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) repite los dichos presidenciales de que se atienden las causas que generan la violencia con respeto a los derechos humanos, y al mismo tiempo, se trabaja con inteligencia operativa para dar golpes certeros a las estructuras criminales.
Las estadísticas de la propia dependencia muestran lo inverosímil de tales aseveraciones, porque la delincuencia ha encontrado en los altos índices de impunidad tierra fértil para sus fechorías.
Si bien el crimen organizado no se originó en esta administración, lo cierto es que ha tenido un florecimiento sin precedentes, pues al tradicional tráfico de estupefacientes, se han sumado un sinfin de actividades productivas de alto rendimiento, como es el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de órganos, el huachicoleo de combustibles, gas y agua, entre los más reditables.
La elevada permisividad del gobierno cuatroteísta hacia el crimen organizado tiene dos explicaciones: incapacidad oficial o contubernio. Por los míseros resultados obtenidos hasta el momento, los mexicanos vivimos sin paz.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Larry Rubin, adelantó que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, está analizando presentar controversias, en el marco del T-MEC, por el trato y la competencia desleal que representa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
@Edumermo
