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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico. Mérida, Yucatán). El pasado domingo se cumplió, finalmente, la jornada por la revocación de mandato.
En el largo y complicado camino que siguió la instalación del proceso revocatorio al pasar de un compromiso de campaña hasta llegar a las boletas y las urnas, perdió su esencia ciudadana, si alguna vez la tuvo.
Lo que debiera ser reclamo popular para destituir a un gobernante terminó siendo campaña proratificación, orquestada por el personaje que debiera estar bajo escrutinio de la ciudadanía.
El propósito original de AMLO y de Morena fue hacer coincidir la “consulta de revocación” con la jornada para renovar diputaciones federales y una quincena de gubernaturas, 30 congresos estatales, presidencias municipales y alcaldías de la CDMX.
Los plazos y procedimientos establecidos en diversas leyes y reglamentos vigentes y el pésimo manejo legislativo y político de la iniciativa reglamentaria de la reforma constitucional llevaron a definir el domingo 10 de abril como fecha para realizar la consulta.
La pregunta en la ley contradijo la letra de la Constitución al presentar la opción de ratificación, además de contradicciones y ambigüedades que derivaron en una gran confusión sobre el papel de los partidos políticos, la publicidad gubernamental que podría realizarse y muy especialmente, los recursos presupuestales necesarios para que el INE cumpliese con su responsabilidad.
Los mismos que aprobaron con su mayoría la ley, se dedicaron a denunciarla y además, a violentar sus disposiciones abiertamente.
Hábil y tenaz como es el presidente López Obrador, supo encontrar posibilidades para sacarle provecho a este inédito ejercicio democrático.
Al líder de Morena le pareció oportunidad dorada para echar mano a la maquinaria electoral morenista y utilizar el proceso como termómetro fiel de sus avances de cara a las elecciones del 2024. El ejercicio revocatorio le dio al presidente un mapa con los indicadores de la movilización lograda en cada entidad, con el grado de aceptación o de rechazo, por zonas y distritos electorales.
Hacia dentro de Morena, los resultados serán motivos de reclamos, ajustes y apretones de tuerca. ¿Se acuerdan del cese de Gabriel Hernández, el coordinador de los Servidores de la Nación, tras las elecciones de junio del 2021? Entonces Morena tenía sólo siete gobernadores, ahora responsabilizó de la movilización a los 18 que tiene, entre ellos, 6 mujeres. Todos serán llamados a rendir cuentas en Palacio Nacional.
La disponibilidad de números y distribuciones, territorial y de votantes, obliga a realizar análisis puntuales, relacionando esos resultados con los tres años transcurridos del gobierno de AMLO y, también, pasados por el cedazo de los recursos económicos, políticos, institucionales y humanos, utilizados para una movilización general sin pruritos legales. Porque no cabe duda que el domingo pasado las huestes López Obradoristas le echaron toda la carne al asador.
El ejercicio de revocación nos envió señales sobre el futuro inmediato de México. Lejos de reconocer públicamente los magros resultados —actitud que no aparece en su catálogo de valores—, Morena y su caudillo los utilizarán para continuar con su propósito de debilitar y arrinconar al INE. Desde el mismo domingo por la noche, Mario Delgado y sus correligionarios le han cargado con todas las culpas por la escasa participación ciudadana (menos de 18%, 16 millones de ciudadanos), tan lejanos al 40% que requería la vinculación y a los votos obtenidos por la propia coalición oficialista hace menos de un año. Sin embargo, no puede dejar de subrayarse que fue la confianza de la ciudadanía en el INE la que logró la integración y funcionamiento de las más de 57,000 casillas.
Cualquier persona ajena a las calenturas electorales podrá pensar que, ahora sí, el presidente y su gabinete se dedicarán de lleno a trabajar, a consolidar las aportaciones de su gobierno en la etapa final. Pero quienes han aprendido a valorar a AMLO tienen ahora una razón más para temer por el futuro de México y su estabilidad política.
La revocación de mandato es un instrumento jurídico de “rendición de cuentas” a mitad del sexenio presidencial. Pero lo es también de control político que puede ser utilizado para presionar y someter al gobernante en turno. En el caso concreto del próximo gobierno —cualquiera que sea su signo partidista—, AMLO se mantendrá activo y pendiente, bien dispuesto a aplicarle la “revocación” a su sucesor o sucesora en caso que decida separarse de su legado o no someterse a sus indicaciones.
México ya vivió una situación similar hace un siglo. Lo conocemos como el Maximato, que fue la tutoría que ejerció el expresidente Plutarco Elías Calles sobre sus sucesores: en un cuatrienio tuvimos tres presidentes. Mala experiencia curada con la institucionalidad de Lázaro Cárdenas. El remedio para esta regresión autoritaria es fortalecer al INE de cara al 2024. No hay de otra.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
