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La voracidad corporativa sobre naciones dependientes con gobiernos corruptos.
CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA (Ecuador). “Usted haga lo que quiera con las aguas de mis ríos, con el paisaje de mi tierra, con el aire que respiro, con la salud de mis compatriotas, con el honor de mi patria”. Este mensaje va implícito en la ceremonia de la firma de las concesiones para proyectos extractivos y de explotación de recursos en los países del quinto mundo -a los cuales pertenecemos en este castigado continente- al establecer el soborno e impedir, con solo una orden presidencial, la opinión de expertos en impacto ambiental, las protestas de las comunidades afectadas o los reclamos de la sociedad civil. Es el momento preciso cuando se rompen los límites de la soberanía y el sentido humanitario.
La ruina de los países subdesarrollados -porque hablar de países en desarrollo es otra gran mentira- es la corrupción. La toma de decisiones a partir de la conveniencia personal, el cálculo de comisiones, el enriquecimiento propio de los funcionarios y las empresas involucradas, llevan a una nación a agotar sus recursos de manera irracional, sin ninguna consideración de carácter social y mucho menos con una planificación de desarrollo de largo plazo. Es el aquí y el ahora, pero sobre todo es el “para mí”.
No importa la cantidad de documentos reveladores de contaminación, destrucción del entorno o regalías ridículas obtenidas de las grandes corporaciones que se apoderan de los ríos, de los minerales o de los mega proyectos agroindustriales que asesinan fauna y flora, pero también oportunidades de desarrollo. En el cinismo de los gobernantes al intentar justificar el ecocidio, se observa hasta qué punto las autoridades ceden ante las presiones de las compañías respaldadas por gobiernos de primer mundo para finalmente entregarlo todo a cambio de nada.
Al destaparse los escándalos de esas negociaciones, los entes involucrados pretenden tapar sus delitos con la promesa de revisar contratos y aumentar regalías, pero jamás se abre la puerta a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, como si el país fuera tierra de nadie. Todo lo contrario: se persigue, secuestra y asesina a líderes comunitarios por el solo hecho de defender su entorno y sus medios de subsistencia. La consulta popular, que debería ser una norma inquebrantable de la política local, se tipifica como delito.
La explotación minera es una vertiente atractiva de inversión extranjera. Pero resulta mucho más onerosa que rentable por los gravísimos daños en pérdida de integridad social y ambiental ocasionados al territorio en donde se realiza la explotación. No se trata solo de contaminación del ambiente, sino también de la degradación provocada por las estrategias divisionistas de las compañías, al armar un escudo protector introduciendo elementos de discordia entre los pobladores afectados y blindarse por medio de verdaderos ejércitos independientes con el propósito de alejar de sus instalaciones a los visitantes, incluso con investidura oficial.
Las operaciones de este tipo se ejecutan en territorios liberados. La soberanía se transfiere a una compañía extranjera que puede hacer lo que desee, exenta de la fiscalización de la población y protegida por el Estado. El tema, controversial como todo lo relacionado con el dinero, es de una importancia vital para el futuro de nuestras naciones. Ya es hora de escoger mejor a quienes nos representan.
La integridad del territorio es esencial en una verdadera democracia.
@carvasar
