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ISABEL ORTEGA MORALES (Guerrero). Era noviembre de 2012, la lluvia caía sobre nosotr@s mientras caminábamos por Cahuatache, en el municipio de Xalpatláhuac, acompañábamos la celebración de Día de Muertos, el aroma a copal, a flor de cenpasúchitl se mezclaba con el aroma de las velas que crepitaban, el cielo se iluminaba de cuando en cuando y nos mostraba ahí en la solemnidad del rito, la importancia de los ancestros.
Por la mañana, realizamos cobertura informativa a la salida de la esperanza para no morir de hambre, habíamos visto llegar de distintos puntos de la montaña alta de Guerrero hasta afuera de las instalaciones del IMPI, donde se apostaban autobuses para trasladar jornaler@s, a mujeres cargando a sus niñas y niños, y llevando también en su viaje hasta los centros jornaleros del norte del país, la búsqueda de trabajo, de ingresos, de subsistencia.
“La diáspora de las familias jornaleras se elevó de enero a diciembre de 2020 a 15 mil 423 jornaleras y jornaleros, de los cuales, 7 mil 669 son mujeres y 7 mil 754 hombres, quienes tuvieron que salir de sus comunidades con la esperanza de no padecer los estragos del hambre”, señala el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
En ese 2012, mi trabajo periodístico reflejaba “Por irse a trabajar con sus padres y madres a los campos agrícolas del norte del país, cerca de 6 mil niñas y niños indígenas del estado de Guerrero sólo cursan cuatro de los 10 meses que contempla el ciclo escolar de educación primaria”. “De esa cifra, 3 mil 551 (60%) son niñas de entre 6 y 12 años”.
Ellas no saben que este mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no saldrán a marchar ni a manifestarse para hablar que son seres humanas con derechos, ellas saldrán, como todos los días, a los campos de cultivo por una simple razón, no hacerlo es privarse de un día de jornal que impacta sus ingresos por los que dejaron todo en la montaña y al que aspiran regresar con bien tras la jornada para el temporal de siembra.
Y a pesar de que en esa década estos centros, por la denuncia y presión sobre el trabajo infantil y la falta de apoyo en salud y educación, han abierto espacios para que las niñas y los niños estudien, para las madres y padres jornaleros, el que no participen del trabajo activo en los campos es una disminución de una necesidad que para ellos sigue siendo importante: subsistir.
En ese mismo trabajo periodístico, el Coordinador del Programa Nacional de Educación Básica para las Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes de la SEG, me dijo que “la cifra de migrantes menores de edad que se quedan sin clases puede aumentar hasta 17 mil en todo el estado, de los que un 60 por ciento –10 mil 200– son niñas”.
Pero en Guerrero, las autoridades educativas en la montaña solo van dos días a la semana, martes y jueves. Este viernes quise actualizar los datos. Pero será cuando se haga el cambio de las autoridades donde, por primera vez, entrará una mujer indígena, Martina Gálvez.
