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SARA LOVERA* (SemMéxico, Ciudad de México). En los congresos federal y de los estados estos meses habrá intensos debates sobre dos asuntos centrales que involucran a nuestros cuerpos como centro de litigio, en una sociedad distraída, ocupada en lo que argumentan como más urgente: la sobrevivencia, el empleo y el salario.
Los círculos del poder y de la política están enfrascados en la lucha electoral, en la acidez de la andanada persistente en favor o en contra de la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral y pendientes de la guerra declarada. También, en favor o en contra del Ejecutivo y su particular manera de dirigir los destinos de México. Y, encima, la situación en Ucrania, que ya apunta a una crisis humanitaria y a afectaciones a la economía de Occidente.
En este escenario, y luego de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se convirtió automáticamente en jurisprudencia y descriminalizó el aborto voluntario. Así, la interrupción del embarazo es legal, en cualquier entidad del país, sin importar la normativa local, y con la obligación de ofrecer seguridad y servicios de salud.
La desgracia es que ya aparecieron las resistencias; principalmente, desde los hombres quienes pondrán, una y otra vez, en litigio el derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres. El caso inexplicable, por los argumentos utilizados, es el de Michoacán, donde las y los legisladores, sin importar su filiación partidaria, ni siquiera admitieron a discusión una iniciativa, arguyendo la soberanía estatal y diciendo que, en virtud de la división de poderes, no admiten el fallo de la Corte.
El otro asunto, que anuncia una larga y complicada discusión, es la tentativa —existen 18 iniciativas— para regular la gestación subrogada, una práctica de “alquiler de vientres” que convierte en mercancía los úteros de las mujeres.
Es cierto que no hay un registro de casos de esta industria ni se conocen denuncias, pero a nivel global, la facturación del mercado fue, en 2018, de seis mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 24.5 por ciento.
Es decir, las parejas infértiles, se dice, acuden a estas prácticas no reguladas, a veces prohibidas, permitidas en dos entidades —Tabasco y Sinaloa— y sin reglamentación en el resto del país. Habría que regularlas de alguna manera para proteger los derechos de las mujeres. El asunto no es menor y arrancará encendidas peroratas, en discursos y acciones donde el cuerpo de las mujeres se cosifica.
Estos dos asuntos, si no son concienzudamente analizados por legisladoras y legisladores, profundizarán el pensamiento y la acción contra la dignidad y los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la población: las mujeres.
¿Van a analizarlos a fondo? No sabemos. Menos cuando la narrativa de la apropiación patriarcal de la vida y la libertad de las mujeres está consentida y encubierta por lo que consideran “asuntos importantes”.
Me temo que está abierta la puerta para mantener nuestros derechos bajo el agua. Tendríamos que estar vigilantes, entrar a la discusión, tener clara la cabeza, exigir los derechos humanos de las mujeres, plasmados en la Constitución.
Estos debates, también, nos plantea construir argumentaciones científicas, sociales, feministas y serenas, para no convertirlos en la arena de la confrontación con una discusión agria que divida, altere y oscurezca el razonamiento informado y serio, exento de prejuicios conservadores y patriarcales, donde las mujeres siempre perdemos. Veremos…
*Periodista. Directora del portal informativo SemMéxico.mx
