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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Una y otra vez escuchamos machaconamente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que era indispensable una reforma para eliminar la protección constitucional de la que gozaba el Ejecutivo federal.
Como otras cuestiones de trascendencia, la enorme capacidad de comunicación de la que ¿goza? AMLO logró convencer a un sector de la ciudadanía de que era indispensable reformar la Ley Máxima del país para asegurar que quien ocupe la titularidad del Ejecutivo federal pudiera ser sometido a la ley, al igual que cualquier persona.
En 2019 se legisló la supuesta igualación ciudadana del presidente de la república para poder ser acusado por cualquier delito del Código penal que haya cometido en el ejercicio de su encargo. Y escribo “supuesta”, porque no faltaron voces de legislador@s —entre las cuales se encontró la mía— que alertaron del engaño de esta reforma constitucional. Voces de alerta que fueron acalladas con el argumento de que sólo pretendían proteger a la figura presidencial —y a los gobernadores—-, pensando en el pasado inmediato y no en el presente lopezobradorista.
En vano alertamos que la modificación aprobada era insuficiente, que no bastaba con poder acusar o demandar al presidente de la república en turno si el procedimiento para someterlo a la acción de la justicia continuaba siendo de excepción.
Que no es lo mismo acusar ante la Fiscalía a una o a un ciudadano, integrar la carpeta de investigación y solicitar al juez una orden de aprehensión, que imputar al presidente de la república, a cualquier gobernador/a o legislador/a, y lograr, finalmente, que comparezca ante los tribunales correspondientes.
Subsiste sin modificación alguna la exigencia de solicitar, mediante juicio de procedencia, el levantamiento del fuero constitucional para poder pedir y ejecutar la orden de aprehensión. Lo que nos confirma que el fuero existe, contrario a lo que afirma insistentemente AMLO y repiten sus seguidores.
Para el caso del presidente de la república el proceso para ponerlo a disposición de la justicia es todavía más complicado. La Constitución conserva la exigencia de someter la acusación al Senado que, en un procedimiento de excepción, actúa como un tribunal para desahogar el juicio y, finalmente, decidir por mayoría si existe la culpabilidad y, en caso de ser afirmativa, dictar la sentencia. Nada qué ver con lo que enfrenta cualquier hija de vecina en un ministerio público o en una barandilla de juzgado, ¿verdad?
Todo esto viene a la memoria por el reciente episodio de violación abierta y descarada de la ley por parte del presidente López Obrador. En vivo y en transmisión nacional escuchamos cómo el jefe del Estado mexicano, responsable único del poder Ejecutivo —y de las instituciones que lo conforman—, infligió abiertamente la Constitución (Art. 16), la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Fiscal de la Federación, al descalificar a la persona y a la labor periodística de Carlos Loret de Mola.
No abundaré en los argumentos que, con buena pluma, han menudeado en estos días para denunciar la actuación presidencial y solidarizarse con el comunicador amenazado, más en un país que encabeza el listado mundial de agresiones mortales contra las y los periodistas.
Lo acontecido el pasado viernes es, sin duda, un abuso de poder; exceso sin medida que desborda lo que habíamos observado cotidianamente en las “mañaneras” presidenciales, devenidas en tribunal de Torquemada, de donde sale la orden para arder en la hoguera de las redes sociales, mandato que cumplen los boots que respaldan al gobierno de López Obrador, sea por convicción legítima o por interés económico.
Si, como dicen, se puede ahora acusar al presidente de la república de cualquier delito, ¿qué se necesita hacer para fincar una denuncia o una demanda en su contra por las transgresiones a la ley cometidas el pasado viernes 11 de febrero?
Una denuncia que muy probablemente se estrellaría contra el impenetrable muro de la Fiscalía General de la República, en teoría autónoma, y después de una difícil supervivencia, llegaría a un Senado dominado por la mayoría de Morena.
Aunque sea cuesta arriba, es el momento de desvelar la realidad de la reforma constitucional que, supuestamente, eliminó el fuero presidencial. Es la oportunidad de mostrar y corregir sus limitados y engañosos avances, si se elabora y presenta una acusación formal contra el presidente de la república.
Sería un ejercicio de pedagogía social sobre los alcances de la ley, que debe llegar hasta Palacio Nacional y abrir sus puertas a la justicia.
Destacadas organizaciones de abogad@s, especializadas en litigios estratégicos, podrían asumir esta importante tarea. Recordemos que el primer paso para combatir la inseguridad es poner fin a la impunidad.
Violar las leyes, hacerlo en cadena nacional, es la peor enseñanza para la niñez y la juventud en un país que aspira a vivir en un estado de derecho. Someter al presidente de la república a la limitada reforma que acota su fuero puede ser el primer paso.
Sueños. Otra vez la melodía “El sonido del silencio”:
“Y a la luz desnuda vi
Diez mil personas, tal vez más.
Gente hablando sin hablar
Gente escuchando sin escuchar
Gente escribiendo canciones
Que las voces nunca comparten
Y nadie se atreve
a molestar el sonido del silencio”
(https://bit.ly/3gQvqGR).
¿Y si esto son las “mañaneras”? ¿Si sólo se trata de impedir que la reflexión se imponga a la cacofonía de la voz matutina que pontifica e impone? Sobre todo, ¿quién se atreve a molestar “el sonido del silencio”? ¿Loret, Aristegui, la ciudadanía harta? Sólo sueño con el discreto silencio de quien en 2024 suceda al estruendo cotidiano de las palabras presidenciales. [email protected]
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
