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RODULFO REYES (Tabasco). La propuesta de la diputada priísta Soraya Pérez Mungía de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pague a los 17 Ayuntamientos de Tabasco el “uso de suelo” por los postes de luz, es «letra muerta»: trata de brincarse la Constitución, que en la fracción cuarta del artículo 115 establece la exención de contribuciones a bienes del dominio público de la federación.
La iniciativa, que aún no es presentada ante el Congreso local, más bien encaja en una estrategia para que la entidad se sacuda entre protestas sociales, a fin de zarandear la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se perfila como favorito en el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial.
Otro ejemplo de lo anterior es el rumor soltado en días pasados sobre la presunta renuncia del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, tema que en redes sociales impulsaron cercanos al diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Además de la coordinadora parlamentaria del PRI, en el movimiento contra la CFE participa gente de Morena, lo cual confirma el ‘fuego amigo’ contra el encargado de la política interna del país.
En tal contexto, la propia alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, ha aceptado la directriz de Pérez Mungía, quizá creyendo que se trata de un acto de buena fe, aunque en términos estrictos ya es ubicada como parte de una asonada que podría incendiar el estado si no se desactiva a tiempo.
Según algunas fuentes, la priísta se ha valido de su buena relación con el director de Finanzas municipal, Fernando Calzada Falcón, su jefe cuando este condujo la Secretaría de Finanzas estatal y ella fue coordinadora de asesores.
La especie cobra sentido en virtud de que Calzada Falcón es un profesional destacado en materia fiscal, y la estrategia contra la CFE está sustentada en una interpretación a modo de la Ley de Coordinación Fiscal que data de los tiempos del presidente José López Portillo.
También la presidenta municipal de Teapa, Alma Rosa Espadas, es un activo primordial de la movilización en ciernes al fungir como enlace con los demás ediles.
En este caso debe subrayarse que un individuo muy, pero muy cercano a la alcaldesa y que funge como su asesor de cabecera, aunque no forma parte del organigrama del Ayuntamiento, es hermano de un diputado federal morenista que ya hace proselitismo por la gubernatura.
Y es que si el allegado de Espadas lograra cohesionar a los 17 alcaldes, su consanguíneo –al menos en teoría– podría disponer de esa plataforma territorial para su “campaña” en 2024.
La mejor prueba de que se trata de un movimiento político para hacer ruido más que para mejorar la recaudación de los municipios, es que ya los alcaldes de Huimanguillo, Oscar Ferrer Ábalos, y de Tacoltapa, Ricki Antonio Arcos Pérez, se manifestaron en contra.
El jurista Sergio Antonio Reyes, quien fue presidente del Colegio Tabasqueño de Abogados, tampoco le ve sustento al planteamiento: podría violar el convenio de coordinación fiscal del estado con la federación y –peor aún– sentar las bases para que Hacienda le disminuya participaciones a Tabasco, sostuvo.
En resumen, con el levantamiento de ediles comandado por el PRI se intenta quitarle al gobernador Merino Campos la agenda con la CFE, y de paso perturbar la tranquilidad de la tierra del principal precandidato presidencial del partido vinotinto.
