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YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). Una vez más, ha quedado demostrado que la actividad periodística en México enfrenta impunidad y graves violaciones a derechos humanos; entre los que destacan los asesinatos cometidos en contra de periodistas y los actos violentos que se ejercen en contra de particulares que difunden información, ideas y opiniones de interés social.
Riesgos que particularmente se han hecho cada vez más evidentes en el ámbito local, especialmente para quienes cubren temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad pública y otros asuntos de interés para la sociedad.
Labor se ve entorpecida por el hostigamiento que se ejerce en contra de periodistas y los medios de comunicación, para silenciar su crítica y censurar la información que se dirige a la ciudadanía.
Según los datos de Reporteros Sin Fronteras, a nivel mundial el 65% de los periodistas asesinados fueron deliberadamente señalados y eliminados. Siendo México y Afganistán los países más peligrosos para desempeñar esta labor.
Tan solo del 2010 a la fecha, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, ha registrado 94 ejecuciones cometidas contra periodistas y comunicadores sociales, que han informado en su mayoría investigaciones sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
Sin dejar de lado que, la misma dependencia reportó que en el mismo periodo se suscitaron 140 casos por Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de los cuales el 27.9% de las víctimas directas fueron mujeres, siendo los delitos con mayor incidencia, las amenazas, privación ilegal de la libertad y homicidio; que representan el 64.1%, 5.1% y 5.1 respectivamente, esto sin contar la cifra negra.
Situación que se sigue incrementando debido a la falta de voluntad de las autoridades por investigar; en un primer término, las denuncias que resultan del trabajo emitido por los periodistas y; segundo, por la falta de investigación a los crímenes ejecutados en contra de dichos profesionistas.
Pero también, por la falta de preocupación de la ciudadanía quienes no exigen la protección de los periodistas y medios de comunicación, ni el esclarecimiento de las agresiones cometidas en contra de ellos, dejándolos solos al momento de lidiar con la censura y la violencia.
En este sentido pareciera que a las autoridades y a la sociedad se les ha olvidado que el trabajo realizado por los periodistas y comunicadores, es un mecanismo democrático que involucra el derecho que tienen las personas a estar informadas de forma oportuna, veraz y confiable, respecto de las actuaciones de los encargados que administran el Estado y que de cierta forman impactan en nuestra forma de vida.
Esta situación a propiciado que se deje de ver a la libertad de prensa como un equilibrio que contribuye a la construcción de una cultura de derechos humanos y de un Estado mas democrático.
Pues la permisión de agresiones, la inhibición a la libertad de expresión y la intromisión de poderes fácticos; a vulnerado los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática; pero además le abierto las puertas a la delincuencia organizada para participar en las decisiones que solo le competen al Estado.
Mientras esta situación continúe, las agresiones en contra de quienes investigan y difunden información, será una constante.
Y prueba de ello, es lo sucedido hace un par de días, con la periodista Lourdes Maldonado López y los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, quienes fueron violentamente asesinados a consecuencia de la falta de diligencia e impunidad con la que se dio tratamiento a las denuncias sobre amenazas de muerte, que previamente habían hecho de conocimiento a la autoridad y a los medios de comunicación; amenazas que surgieron de su labor como periodista.
La falta de garantía por parte del Estado sigue poniendo en peligro no solo la vida de los periodistas y personas que emiten opiniones, sino que priva a la ciudadanía de conocer la verdad de manera oportuna y veraz.
Es por lo anterior que el Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el cual los periodistas y ciudadanos puedan expresarse sin el peligro de ser expuestos a severos castigos, por emitir críticas sobre cuestiones políticas, críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socio económico y a la ideología prevaleciente.
La libertad de expresión, debe ser vista como un aporte en la generación de conocimiento y conciencia, que dote a la sociedad de criterio para opinar acerca de la vida social, política y de la rendición de cuentas de quienes participan en la administración del Estado; ya que solo esto posibilitará no solo tomar decisiones, sino que, habilitará a las personas a ejercer responsablemente su ciudadanía.
La libertad de expresión solo puede ser real si se garantiza la protección a los periodistas y de más persona que emiten información.
