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Libertad de expresión un derecho esencial para la democracia
YANETH ANGÉLICA TAMAYO (SemMéxico, Querétaro). La libertad de expresión, constituye un aporte sustantivo en la generación de conocimiento y conciencia, que dota a la sociedad de criterio para opinar acerca de la vida social, política y de la rendición de cuentas de quienes participan en la administración del Estado; lo que les posibilita no solo tomar decisiones, sino que, los habilita para ejercer responsablemente su ciudadanía.
Por ello, tal derecho es considerado como un soporte democrático que posiciona a la ciudadanía como sujetos con posibilidades jurídicas de exigir información, manifestar libremente sus ideas y participar en la conformación de la opinión pública.
No obstante, este derecho sea visto vulnerado por aquellos que pretende u ostentan el poder, ya que en su afán de mantener el control han atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas; así como del derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales para una democracia.
Principalmente, esta censura es la causante de graves violaciones a la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que violan y restringen el derecho de libertad de expresión de todos aquellos que ejercen su ciudadanía; provocando un aumentado en el número de agresiones físicas e institucionales, así como la impunidad en la que se mantienen las violaciones a los derechos humanos de las personas que deciden cuestionar los actos de estos “poderosos”.
Es preciso mencionar que, México desde el 2000 es considerado como el país más peligroso para ejercer periodismo, esto de acuerdo al Informe Especial sobre la Libertad de Expresión, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; quienes han afirmado que los cuestionamientos públicos a servidores del Estado y candidatos a ejercer cargos públicos o políticos son una de las causas principales de censura.
Esta censura, aunada a la escasa pluralidad informativa, la concentración de medios de comunicación en unas cuantas manos, la utilización de controles indirectos (amenazas de ser procesado judicialmente por emitir una crítica), la insuficiencia en materia de transparencia y acceso a la información, junto con la presencia de poderosos grupos de interés e institucionales que mediante su enorme poder imponen sus decisiones a la sociedad.
Propicia que la ciudadanía se encuentre desinformada e inhibida para participar desde un ejercicio real en la toma de decisiones; pero, además de atentar contra la democracia, restringe la participación social y el compromiso cívico, contribuyendo a una situación de impunidad y corrupción al no permitir que la ciudadanía vigile el actuar y cuestione la responsabilidad de los sujetos que se comprometieron a administrar al Estado.
Un Estado que no asume el compromiso de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión es, un Estado débil y deficitario que deja el destino de la democracia en manos de un mercado; en donde, la desigual y la desventaja social silencia a los más desfavorecidos, generando un Estado de Derecho limitado envuelto en serios problemas sociales, culturales y económicos.
La escasa tolerancia que se tiene frente a las críticas y la innegable pobreza en la calidad del debate, la cultura política y el escrutinio, no deben ser justificaciones permisibles por el Estado para limitar la libertad de expresión; se debe ser consciente que este derecho es indispensable para la formación de la opinión pública y el desarrollo colectivo.
Es por lo anterior que el Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el cual los ciudadanos puedan expresarse sin el peligro de ser expuestos a severos castigos, por emitir críticas sobre cuestiones políticas, críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socio económico y a la ideología prevaleciente.
Como se mencionó anteriormente, respetar la libertad de expresión y posicionar al ciudadano como como un sujeto con posibilidades jurídicas de exigir información, manifestar libremente sus ideas y participar en la conformación de la opinión pública, otorgará credibilidad al Estado y a las instituciones en el sentido de legitimar sus acciones frente a una sociedad que solo espera que sus demandas sociales contribuyan al bienestar social.
