Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> Algunos procesados, unos prófugos y otros más corruptos, pero activos
>> Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, fue secretario de Fox e incondicional de García Luna
>> García Harfuch, uno de los más cercanos, jefe de la policía de la CDMX
>> Al menos media docena fueron ejecutados en ajustes de cuentas
José Sánchez López
Ciudad de México, 12 de marzo (entresemana.mx). Por decisión unánime de los 12 miembros del jurado que juzgaron al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los cinco cargos imputados por el gobierno de los Estados Unidos; ahora, el súper-policía, calificado así por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Caderón, deberá esperar hasta el próximo 27 de junio para conocer su condena.
En el mejor de los casos sería de 20 años y en el peor de los escenarios de cadena perpetua, con lo que acabaría sus días en prisión, como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el capo al que protegió durante al menos 12 años, primeo como director de la Agencia Federal de Investigaciones y luego como secretario de Seguridad Pública.
Así, de manera abrupta, la trayectoria de García Luna terminó en forma definitiva y difícilmente recuperaría su libertad, a menos que como otros criminales se convierta en “testigo cooperante” y entregue información para detener y enjuiciar a otros delincuentes, sólo que de ser así tendrían que ser pillos de mayor calado y los únicos de mayor jerarquía que él, serían los ex presidente Calderón y Fox.
Pero dentro de esa larga cadena de complicidades, figuran muchos otros compinches, que si bien no guardan el mismo nivel en la escala delincuencial, si formaron parte de su cúpula, algunos de los cuales aún se mantienen dentro de cargos importantes, tanto en gobiernos estatales como en el gobierno federal, conservando sus estructuras de poder.
Dentro de esa camarilla, llevada a la pantalla chica en una serie denominada “El Equipo”, ideada por Genaro García Luna, que costó 118 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, mejor dicho, a los contribuyentes, figuró una media docena de hombres de su primer círculo que fueron ejecutados en ajustes de cuentas del narcotráfico.
Algunos más se encuentran prófugos luego de ser relacionados con el crimen organizado, y otros fueron señalados por irregularidades en el desempeño del servicio público, mientras otros, los más astutos, lograron colarse a administraciones posteriores y llegar hasta el actual régimen.
Desde hace 15 años, en mayo de 2008, el entonces comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, denunció a García Luna, quien en ese entonces se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), señalándolo como un farsante que sólo buscaba beneficios para él, sus familiares, amigos y protegidos.
En dos cartas que Herrera Valles envió al entonces presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, lo puso al tanto de todas y cada una de las trapacerías de García Luna y le advertía:
“Mientras siga al frente de las Fuerzas Federales una persona, cuya ineptitud ha demostrado sobradamente a lo largo de más de siete años y medio, mencionado reiteradamente como protector de narcotraficantes, la guerra contra el crimen organizado está perdida, pues si la casa no se limpia de dentro hacia fuera, lo único que se acumula es más basura”.
No obstante la voz de alarma, Felipe Calderón no sólo no hizo caso a la advertencia, sino que le otorgó mayor poder al ingeniero mecánico y lo convirtió en el “súper-policía”, con absoluto poder, y las consecuencias no se hicieron esperar para Herrera Valles.
El ex comisionado federal fue detenido, torturado, sometido a proceso, encarcelado en el penal de alta seguridad de Nayarit, “El Rincón” y sentenciado a 10 años de prisión por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Tepic.
Tres años, 9 meses y 20 días tuvieron que transcurrir para que la madrugada del 7 de septiembre de 2012, Herrera Valles abandonara el penal de alta seguridad, luego que el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit, Fernando Omar Garrido, echara por tierra las acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República PGR y lo exonerara por falta de pruebas.
Hoy, Herrera Valles vuelve a señalar con índice de fuego al corrupto jefe policíaco y a su jefe, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de quien asegura que estuvo completamente enterado de todo lo que hacía Genaro García y no solamente no hizo nada, sino que lo solapó y protegió
Tras la detención de García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a sus colaboradores, “quiénes participaron y estuvieron con él, quiénes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Enrique Peña Nieto y llegaron hasta nosotros, si es que los hay”.
Después atemperaría su dicho al decir que “se serenaran, pues el que nada debe, nada teme”, el problema es que varios de los que se colaron al actual régimen, si la deben.
Verbigracia: Alfonso Durazo Montaño, que de hecho ocupó el mismo puesto que tuvo García Luna: secretario de Seguridad, y ahora se desempeña como gobernador del estado de Sonora.
Durazo se apresuró a declarar que la detención de García Luna, “ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción alrededor de la llamada guerra contra el narco, pues el ex jefe policíaco no pudo operar solo para dar protección a un cártel como el de Sinaloa, sino que tuvo que contar con toda una red de complicidades y vamos por ellos”.
Esa percepción no la compartió el doctor Edgardo Buscaglia, académico especializado en Derecho por la Universidad de Columbia, quien señala que Durazo Montaño, también ingeniero, pero civil y que tampoco ha ejercido su profesión como tal, perteneció al modelo de la mafiocracia de García Luna y para sustentar sus aseveraciones dio algunos datos.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, fue priísta, como secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando éste era líder nacional del Partido Revolucionario Institucional y también cuando fue nombrado candidato a la presidencia de la República.
En ese partido, pese al magnicidio de Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994, Durazo se mantuvo hasta el año 2000.
A mediados de dicho año desertó del PRI y se volvió panista, uniéndose a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, que al llegar al poder lo nombró como su secretario particular, puesto que ostentó hasta el 2003, cuando se le designó coordinador de comunicación social presidencial.
Su cargo como secretario particular del presidente de la República, lo obligaba a estar enterado de todo tipo de situaciones, entre ellas de las múltiples acusaciones y señalamientos que ya había acumulado García Luna como director de la Agencia Federal de Investigaciones, por lo que ahora no puede argumentar que desconocía las actividades del entonces poderoso jefe policíaco.
Un año después, en 2004, Durazo dejó el PAN y desapareció del plano político hasta marzo de 2006, cuando se vuelve perredista y se une a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador; después pasa a ser morenista y luego se convirtió en uno de los hombres del presidente.
De tal manera que, si se va a investigar a todos y cada uno de aquellos funcionarios que tuvieron una relación con García Luna, la lógica indica que Durazo Montaño sería uno de los primeros que tendría que investigarse asimismo.
OTROS MÁS EN LA MIRA
El 16 mayo de 2007, un comando de 50 sujetos, a borde de una veintena de camionetas artilladas, con más de un centenar de sicarios, recorrió más de 300 kilómetros de carretera, desde Caborca hasta Cananea, Sonora, para asesinar a 22 personas, presuntos rivales en el narcotráfico.
Tomás Zerón de Lucio, era coordinador de Control Policial de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal; Francisco Javier Garza Palacios, coordinador general de Seguridad Regional; Héctor Luévanos Becerra, coordinador de Operaciones de Seguridad Regional; Carlos Gerardo Vega Skorlich, coordinador de Planeación Logística; Vidal Díaz Leal Ochoa, director general de Seguimiento Operativo y Héctor Alejandro Moreno Mendoza, supervisor de la zona noroeste.
Ninguno de ellos, “se dio cuenta” de la cacería emprendida por los asesinos a sueldo del Cártel de Sinaloa que emprendió en contra de sus enemigos.
García Luna, en conferencia de prensa y en respuesta a las presiones del entonces gobernador, Eduardo Bours Castelo, dijo entonces que todos habían sido cesados y que estaban pendientes procedimientos administrativos contra los funcionarios destituidos.
Nunca se procedió en su contra, solamente se les cambió de adscripción; uno de los casos más descarados y cínicos fue el de Garza Palacios, pues por medio de un boletín, una semana después de que había sido “cesado”, García Luna dio a conocer que había sido designado agrego de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Colombia.
El negocio estaba hecho y sería redondo, Garza Palacios controlaría los envíos de droga desde Colombia y Genaro y su gente harían lo mismo en México para recibir los cargamentos.
Por su parte, Vidal Díaz Leal Ochoa siguió gozando de las confianzas pues escaló de puesto y llegó a ser titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Federal Ministerial.
Ya en octubre de 2014, como director de la AFI, fue pieza clave para la compra del malware Pegasus, para espiar a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y opositores al régimen, por lo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales lo citó en calidad de testigo, dentro de la Carpeta de Investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.
A la fecha no ha pasado nada, el expediente está “congelado”.
El nombre de Vidal no “aparece” en la FGR, aunque presumiblemente pudiera estar camuflado en otro cargo en la misma institución o con Omar García Harfuch, otro personaje ligado a García Luna y quien actualmente despacha como secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
En lo referente a Tomás Zerón de Lucio, figura además la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, luego que se dio a conocer un video en el que se le ve, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, acompañado por un supuesto integrante de Guerreros Unidos, “sembrando evidencias”, lo que constituyó violaciones al debido proceso y originó la libertad de los principales sospechosos
Otro de los funcionarios de alto rango que tendría que ser investigado, es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que entre 2008 y 2010 fungió como coordinador de la Policía Federal en Nuevo León, bajo las órdenes de García Luna y actual titular de la Agencia de Investigación Criminal, lo que era la AFI.
Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ocupó diversos cargos en la época de García Luna. En 2011 fue nombrado director general de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
En torno a este personaje, fue señalado en su momento como “hechura del jefe Genaro”.
Cuando el 17 de octubre de 2014 detuvieron a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”, le encontraron una libreta que sus mismos captores ocultaron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En la libreta se revelaban nombres de altos jefes policías de diversas corporaciones, principalmente de la Policía Federal, que mantenían contacto con los delincuentes y uno de ellos fue el del morelense Omar Hamid García Harfuch, que entonces era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero, luego director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la desaparecida Procuraduría General de la República y ahora secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Esa prueba hubiera sido determinante no sólo para proceder contra los culpables, sino para saber con certeza el destino y paradero de los estudiantes y para poder llegar hasta los mandos policiales involucrados; sin embargo, no se incorporó a la investigación.
El ocultamiento, durante años, de dicha libreta, es un hecho grave que debe investigarse a fondo: llamadas telefónicas, actividades, bienes patrimoniales, contactos, todo, pues ello podría llevar a algún indicio de vinculación de funcionarios con la delincuencia organizada.
García Harfuch, que sustituyó a Zerón de Lucio, es hijo de Javier García Paniagua, que fuera director de la temible Dirección Federal de Seguridad durante la llamada “guerra sucia”.
También es medio hermano de Javier García Morales, conocido como “El Señor de Tepames”, un pueblo colimense de no más de 2 mil 500 habitantes, que Javier adoptó como suyo y al que, al estilo de los grandes capos, dotó de obras y servicios, además de repartir dinero a los lugareños e incluso llegó a ser padrino de generaciones estudiantiles.
Los tepamenses lo miraban como un gran benefactor.
Reiteradamente fue relacionado con el Cártel de Juárez, pero el poder de su padre, uno de los políticos más importantes de su tiempo, fue determinante para que jamás se le molestara. En septiembre de 2011, Javier fue acribillado en Guadalajara, Jalisco, por varios sujetos que lo acechaban a las afueras de un restaurante.
En principio se habló de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pero el asunto no fue investigado a fondo y los asesinos tampoco fueron detenidos.
Antes, en 2008, su medio hermano, Omar ya había ingresado a la Policía Federal y a cuatro años fue nombrado coordinador de Inteligencia, pese a no tener experiencia alguna, ya que su empleo anterior había sido en la iniciativa privada, como supervisor de obras en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V.
No obstante su inexperiencia, en noviembre de 2016 el procurador Raúl Cervantes Andrade lo nombró director de la AIC, sustituyendo a Zerón de Lucio, separado de su cargo al ser acusado de sembrar evidencias en el Caso Iguala.
Al anunciar su nombramiento, la PGR omitió mencionar un cable divulgado por Wikileaks, en el que señalaba que, en 2009, los Estados Unidos solicitaron investigar al entonces suboficial de la Policía Federal en Morelos, junto con otros 11 agentes federales, por presuntos ilícitos, además de que en 2010 fue sujeto de investigación, antes de participar en un curso antipandillas en la República de El Salvador.
SUS MÁS ALLEGADOS, ABATIDOS, PRÓFUGOS O CAPTURADOS
Roberto Velásco Bravo, director del Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la AFI, fue señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Lo asesinaron el 1 de mayo de 2008, al llegar a su domicilio en Presa Salinilla número 228, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo. Dos sujetos lo interceptaron y le dispararon.
Según declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García, alias “El Rey”, hermano del mítico capo Ismael “El Mayo” Zambada, durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, Velasco Bravo trabajaba para los Beltrán Leyva.
Al día siguiente, frente al número 73 de la calle Sierra Dios de Hacha, en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán, Aristeo Gómez Martínez, director de la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva fue victimado. Lo acusaban de tener nexos con el narco.
Édgar Eusebio Millán Gómez, era comisionado de la Policía Federal, tercero al mando en jerarquía de la SSPF en los tiempos de García Luna, pero además de su subordinado era su amigo personal.
Cuando ostentaba el cargo de director de Despliegue Regional Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue asesinado a balazos la madrugada del 8 de mayo de 2008 en el número 132 de las calles de Camelia, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.
A Édgar Eusebio Millán Gómez se le acusaba de ser parte de la red de policías corruptos que dirigía Genaro García Luna.
El día anterior a su muerte, estuvo a punto de atrapar a Arturo Beltrán Leyva, “El Botas Blancas”, líder máximo de la organización de Los Beltrán. Se dijo que quien había “puesto”(delatado) al capo, como en el caso de su hermano Alfredo Beltrán Leyva, había sido “El Chapo” Guzmán, pero el operativo les había fallado.
Luego de la fallida captura de Arturo, llegaron muy noche a su base a rendir el parte y como tenían que regresar muy temprano al otro día, Edgar decidió no ir a su casa, al sur de la Ciudad de México, sino visitar a sus padres en la colonia Guerrero.
Al llegar a dicho sitio ya lo esperaban dentro del inmueble sus asesinos que lo acribillaron. Eso llevaría las pesquisas el interior de la SSPF y después se sabría que habían sido policías federales, al servicio de Los Beltrán, los autores del crimen.
Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue asesinado el 1 de diciembre de 2009 en la sucursal de Starbucks, situada en el cruce de las calles Pestalozzi y Pilares, colonia Del Valle, en la delegación Benito Juárez.
Previamente había sido arrestado por presuntos nexos con el crimen organizado, pero se volvió testigo protegido y pretendía declarar contra Víctor Garay Cadena, otro allegado a García Luna, cuando lo asesinaron pese a estar en el Programa de Testigos Bajo Protección.
Igor Labastida Calderón, entonces comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue investigado en 2004 por su posible vinculación con el Cártel de Sinaloa, pero no le comprobaron su culpabilidad.
Trascendió que Labastida había tratado de contactar autoridades de Estados Unidos para ser incluido como testigo protegido y revelar la red de corrupción de la AFI.
El 27 junio de 2008, en la cocina económica “Anita”, en Calzada México-Tacuba, sin número, colonia Argentina Antigua, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, fue muerto a balazos junto con su escolta, José María Ochoa Martínez y resultaron heridos Álvaro Pérez Mendoza, Humberto Torices Morales y Heidi Yezel Cruz Osorio, suboficial administrativa de la PFP.
Marcos Castillejos Escobar, polémico abogado penalista, conocido por defender a personajes como Mario Bezares y a los hijos de Marta Sahagún de Fox e incluso al mismo García Luna, cuando Alejandro Gertz Manero, hoy Fiscal General de la República (FGR), lo denunció por un desvío de más de 42 millones de pesos en la PFP, también fue ejecutado.
Castillejo Escobar, quien también era suegro de Luis Cárdenas Palomino, considerado el principal hombre de confianza de García Luna, fue asesinado el 10 de julio de 2008, frente a la cochera de su despacho jurídico, ubicado en el número 102 de las calles de Mazatlán 102, colonia Condesa, por un sujeto que ya lo esperaba en el lugar.
ACUSACIONES DIRECTAS DE “LA BARBIE”
EL 28 de noviembre de 2012, en la recta final del sexenio de Felipe Calderón, Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, acusó a un grupo de colaboradores de Genaro García Luna, de recibir dinero del narcotráfico, además de denunciar que el ex presidente Felipe Calderón intentó hacer tratos con capos del crimen organizado.
“Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito que trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, fue la declaración del capo.
Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna cuando éste estuvo a cargo de la AFI, fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta y de otros casos, como el del aeropirata Josmar Flores Pereira, quien con dos latas de jugo, había hecho una “bomba”, amenazándo con estallarla si no llevaban al avión donde él decía.
Después se descubriría que se había tratado sólo de una persona con afecciones mentales, incapaz de llevar a cabo tales amenazas, aunque García Luna y Cárdenas Palomino lo llamaron “aeropirata”.
Antes, el 12 de agosto de 1987, Cárdenas Palomino fue acusado por un triple homicidio. Estuvo detenido y fue fichado por el asesinato del taxista Jesús Palafox Aranda. Junto con él fueron señalados como sus cómplices René Alavez Rosas, de 18 años de edad y Octavio Navarro Medellín, de 21.
Según consta en las averiguaciones previas 13A/4413/987 y 13A/4419/987, los tres abordaron el taxi en la colonia Guerrero para que los llevara a Lindavista. Al llegar al sitio no quisieron pagarle, hubo gritos, reclamos del trabajador del volante y entonces, a sangre fría, lo mataron.
Cárdenas Palomino, conocido como “El Pollo”, no fue a dar a la cárcel gracias a la intervención del entonces jefe de la Policía Judicial de la capital del país, Jesús Miyazawa Álvarez, quien era amigo del capitán Luis Cárdenas, padre del homicida.
Tras el asesinato del taxista, las autoridades encontraron a dos personas más que habían sido asesinadas con la misma arma que utilizaron Palomino y sus cómplices.
A los 12 días fueron detenidos en Cuernavaca los tres sujetos, pero solamente dos fueron dar a prisión, las influencias del director de la Policía Judicial y del padre del triple homicida, un militar, resultaron determinantes para librar de la cárcel a Cárdenas Palomino.
Años después, Cárdenas Palomino sería uno de los más altos jefes policíacos, responsables de proteger a la sociedad de la delincuencia e inclusive en determinado momento, llegó a visualizar la posibilidad de suceder a su jefe Genaro en el cargo.
Hoy, Cárdenas Palomino está preso en el penal de alta seguridad de el Altiplano, en el Estado de México, pero a diferencia de su ex jefe García Luna que guardó silencio y no delató a sus cómplices, El Pollo quiere ser testigo protegido y ofrece dar información de sus compinches.
Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera titular de la División Antidrogas en el periodo de García Luna, estaba al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad, cuando el sábado 11 de julio del 2015 Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal del Altiplano I, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Ese mismo mes, Pequeño García fue cesado de su cargo por instrucciones del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aunque después se colaría como uno de los asesores de Alfonso Durazo.
Sin embargo, tras el fallo del juicio de García Luna, la fiscalía estadounidense mencionó a dos de los colaboradores cercanos de García Luna, que eran policías de alto nivel, están prófugas de la justicia de Estados Unidos
“Los coacusados de García Luna en la acusación formal superior, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex funcionarios policiales mexicanos de alto rango que trabajaron bajo las órdenes de García Luna, siguen prófugos de las autoridades estadounidenses”
Facundo Rosas Rosas, fue comisionado de la Policía Federal entre junio del 2009 y febrero 2012. A su salida de la Policía Federal, acusado de múltiples irregularidades, fue llamado por Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Se le acusó de ordenar el operativo que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie, de 11 años de edad, en Chalchihuapan, Puebla; también se le señaló por el asesinato, a manos de policías, de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lo que ocasionó que tuviera que dar marcha atrás a una iniciativa de Moreno Valle llamada “Ley Bala”, para reprimir a manifestantes.
Pero aun así permaneció en el cargo pese a los reclamos de la sociedad poblana.
Su renuncia se daría un año después de la muerte del niño, pero no por esa causa, sino porque Marco Antonio Estrada López, ex director de la Policía Estatal y el ex jefe de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, dos de sus principales hombres de confianza de Facundo, fueron detenidos infraganti por robo de combustible, “huachicoleros”.
Posteriormente se vería involucrado en el operativo “Rápido y Furioso” y en el atropellamiento de una mujer. De ambos casos saldría bien librado y ahora, al parecer, da conferencias en temas de seguridad a empresas privadas.
Luis Manuel Becerril Mina, fue director de Intervención y de Apoyo Logístico de la Dirección de Operaciones Especiales de la AFI, posteriormente director general de la Policía Ministerial del Estado de México, en 2008.
En 2010, cuando era director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, en Nayarit, fue detenido por elementos de la entonces PGR, después que Sergio Villarreal, alias “El Grande”, segundo al mando en el cártel de los Beltrán Leyva, dijo que Becerril Mina era cómplice de dicha organización
“El Grande” también acusó en sus declaraciones que Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, estaban ligados al citado grupo criminal, según consignaron medios de comunicación en su momento.
De acuerdo con el libro El Traidor, de la periodista y escritora Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla, hijo del “Mayo” reveló que Espinoza de Benito era el contacto entre la DEA y la Policía Federal.
Mario Velarde Martínez, ex director del área de Despliegue Antinarcóticos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y ex secretario particular de Genaro García Luna, fue investigado en 2008 por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y también por lavado de dinero.
Maribel Cervantes Guerrero, quien en 2012 sustituyera a Facundo Rosas como comisionada general de la Policía Federal, muy cercana a Genaro García Luna y ex titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, solicitó un amparo tras el resultado del juicio de su ex jefe.
Sin duda que debe de haber muchos otros hombres y mujeres más que estuvieron ligados a Genaro García Luna; nosotros damos solamente un bosquejo de los de más alto rango, ahora corresponde al actual régimen investigar e impedir que la situación siga siendo la misma que en los años de gloria de Genaro García Luna.
