PUNTO Y COMA; ¿Quién pone las reglas en obras de Ostuacán?

ROGER LAID

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. Cuando una empresa obtiene un contrato para realizar una obra pública, lo mínimo que debería existir es certeza: reglas claras, condiciones legales y libertad para organizar los trabajos de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto.

Pero en el municipio Ostuacán, Chiapas; según una denuncia que ha llegado a Punto y Coma Noticias, existe una situación que merece la atención de las autoridades, en general.

El señalamiento apunta a Emir Díaz Hernández, quien se ostenta como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción de la colonia Xochimilco, perteneciente a la CTM, a quien se atribuye la exigencia de un pago único de 60 mil pesos para permitir que una empresa continúe con trabajos de pavimentación.

Pero eso no sería todo. También se habría exigido a la empresa la contratación de al menos cuatro trabajadores para el tendido de carpeta, pese a que, de acuerdo con la versión de los responsables de la obra, ya cuentan con una cuadrilla propia, completa y con la capacidad técnica necesaria para realizar esos trabajos.

Aquí aparece la pregunta incómoda:

¿Quién determina cuántas personas necesita técnicamente una empresa para ejecutar una obra: el responsable de los trabajos o un representante sindical de la CTM?

El derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus intereses es legítimo. Lo que debe investigarse es si, bajo esa representación sindical, se están realizando cobros, condicionamientos o presiones que no tienen sustento legal o contractual.

Porque una cosa es defender fuentes de empleo y otra muy distinta sería condicionar la operación de una empresa al pago de una cantidad de dinero o a la contratación obligatoria de personal. Eso se llama extorsión y la lucha de las autoridades para combatirla es frontal.

Y si el señalamiento de los 60 mil pesos es cierto, las autoridades tienen una tarea muy concreta: investigar quién pidió el dinero, para qué, bajo qué fundamento y a dónde pretendía ir a parar.

También resulta inevitable preguntar por el papel de las autoridades municipales.

El gobierno de Ostuacán representado por Víctor Manuel López Jiménez no puede ser ajeno a lo que ocurre alrededor de las obras que se ejecutan en su territorio. Si existe un conflicto entre una empresa y una organización sindical, corresponde a las autoridades competentes garantizar que ninguna de las partes actúe por encima de la ley.

El silencio institucional, cuando existen señalamientos de esta naturaleza, puede alimentar la percepción de que en determinadas regiones hay actores que se sienten con facultades para imponer sus propias condiciones, es mas hasta de amenazar con que pertenecen a la maña.

Y eso es precisamente lo que debe evitarse.

Chiapas necesita inversión, empresas y obras que se ejecuten con transparencia. No necesita que quienes participan alrededor de los proyectos públicos conviertan las obras en espacios de presión económica.

Más aún cuando las propias empresas aseguran estar intentando operar bajo esquemas de transparencia y cumplimiento de sus obligaciones.

Por eso, este caso merece una investigación seria, no una guerra de declaraciones.

Si los 60 mil pesos fueron solicitados, que se determine quién los pidió y con qué fundamento.

Si la contratación de cuatro personas es una obligación legal o contractual, que se exhiba el documento que lo acredita.

Y si no existe fundamento para ninguna de esas exigencias, que las autoridades actúen conforme a derecho.

Porque en una democracia, los sindicatos tienen derechos, las empresas tienen obligaciones y los gobiernos tienen responsabilidades.

Nadie debería tener derecho a convertir una obra pública en territorio de nadie.

Puntos Suspensivos…

La pregunta queda sobre la mesa:

¿Quién está poniendo las reglas en las obras de Ostuacán: ¿la ley, los contratos o quienes creen tener suficiente poder para imponer sus condiciones? Al alcalde de Ostuacán Víctor Manuel López Jiménez ya le rebasaron o tiene sociedad con la CTM, una sociedad que podría poner al bolsillo vacío.

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Miembro de Periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)

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