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ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. En política y en seguridad pública hay una regla no escrita: cuando las estructuras delictivas comienzan a sentirse presionadas, también comienzan a aparecer rumores, filtraciones y acusaciones que buscan sembrar duda sobre quienes están al frente de las instituciones.
En los últimos días han circulado señalamientos contra el llamado Pakal Mayor, comandante Óscar Alberto Aparicio Avendaño relacionados con la supuesta adquisición de vehículos de colección a precios que algunos consideran poco creíbles. La versión ha corrido con rapidez en redes y comentarios políticos, pero hasta ahora no se ha presentado evidencia sólida que sustente tales afirmaciones.
Por ello conviene actuar con prudencia. En un Estado de derecho cualquier señalamiento debe investigarse, pero también es cierto que las acusaciones sin pruebas terminan convirtiéndose en simples herramientas de desgaste mediático.
No debe perderse de vista el contexto. La estrategia de seguridad que se implementa actualmente en Chiapas ha tocado intereses sensibles y ha incomodado a grupos que durante años operaron con amplios márgenes de impunidad.
Cuando eso ocurre, es común que aparezcan lo que en la política se conoce como “buscapiés”: versiones, insinuaciones o ataques destinados a desviar la atención o debilitar la credibilidad de quienes encabezan las acciones institucionales.
Eso no significa que las autoridades estén exentas de escrutinio. Todo servidor público debe responder con transparencia sobre su patrimonio y su actuación. Pero tampoco puede normalizarse que cualquier insinuación, sin sustento verificable, se convierta automáticamente en una sentencia pública.
La vida institucional exige equilibrio: investigar cuando corresponda, pero también evitar que el rumor sustituya a la prueba.
Porque cuando el debate público se construye sobre insinuaciones y no sobre evidencias, lo que termina debilitándose no es una persona, sino la confianza en las instituciones mismas.
Y esa es una línea que ningún estado debería cruzar.
Punto Suspensivos …
Aprovecho a solidarizarme con los periodistas Jorge González Valdez y al diario Tribuna; Abraham Martínez, Hubert Carrera y Carlos Martínez del programa “La barra” entre otros que allá en Campeche han tenido que enfrentar por parte de su gobierno que representa Layda Sansores San Román misma que ha promovido un censor oficial que les indica por parte del gobierno que es legal según ellos difundir. ..En evento, el gobernador sureño reconoció al doctor Aparicio como pilar fundamental de seguridad y abundó: “luego le tienen un poquito de envidia por sus resultados y le digo no te preocupes…”
Todo lo demás, simplemente, es abuso de poder.
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Miembro de Periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)
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