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ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.
“Si la palabra se aleja por temor, la democracia comienza a hablar en voz baja”.
El asesinato del periodista Alejandro Leyva vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan protegida está realmente la libertad de expresión en México?
Más allá de los deslindes públicos del gobernador oaxaqueño Salomón Jara y de su secretario de Gobierno, será la fiscalía general de la República la que determine responsabilidades. Eso corresponde al Estado de derecho.
CRIMEN ANUNCIADO, CRIMEN ARCHIVADO
Lo que sí puede analizarse es el ambiente que hoy rodea al periodismo. Cada vez resulta más frecuente que desde el poder se utilicen eufemismos para minimizar la crítica:
“violencia política”, “discursos de odio”, “desinformación”, “campañas negras” o “ataques conservadores”.
Y sin eufemismos, en la mañanera del 24 de marzo, la presidenta dijo: “Vino la fiscal general de la república Ernestina Godoy, pero les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la fiscalía”.
De los eufemismos, son conceptos que, siendo válidos cuando realmente se actualizan, también pueden convertirse en herramientas para desacreditar voces incómodas antes que responder a sus cuestionamientos, además de ofrecer una percepción de menos importancia al tema.
MENOS PERIODISTA, MAS ESTADISTICA
En una democracia, la crítica no debe combatirse con narrativas que estigmaticen al mensajero, sino con información verificable, transparencia y rendición de cuentas, este gobierno no las enfrenta, las pierde en la desatención restándole importancia. El gobierno más fuerte no es el que acumula descalificaciones contra sus críticos, sino el que responde con resultados positivos.
IMPUNIDAD QUE MATA PERIODISTAS
Cuando un periodista es asesinado, el problema ya no es únicamente un expediente penal. (no solo se abre un expediente). Es un mensaje de miedo para todo un gremio. Y cuando, al mismo tiempo, desde distintos espacios institucionales se impulsan mecanismos que algunos consideran restrictivos para la libertad de expresión, la desconfianza ciudadana inevitablemente crece.
La protección de los periodistas no puede depender de la simpatía política que despierten sus opiniones. Tampoco la libertad de expresión puede quedar subordinada a la comodidad del poder.
¿LA LEY ES LA LEY?
La preocupación no solo debe centrarse en esclarecer cada agresión contra periodistas, sino en revisar si el marco jurídico realmente está cumpliendo con su propósito de proteger la libertad de expresión.
El artículo 6° de la Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. El artículo 7° establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio y prohíbe la censura previa. A ello se suma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el Mecanismo Federal de Protección para periodistas en riesgo.
Sin embargo, las cifras de agresiones han generado homicidios, son 14 periodistas en la actual administración, demuestran que las garantías constitucionales, por sí solas, no son suficientes cuando la impunidad continúa siendo la regla.
¿Y QUE HACEN MIS DIPUTADOS?
El Congreso de la Unión y los congresos estatales -sobre todo el de Chiapas uno de los menos productivos- si en realidad quisieran, podrían abrir un debate serio para fortalecer la protección al ejercicio periodístico mediante reformas como:
- Agravar las penas cuando una agresión o un homicidio tenga como móvil la actividad periodística. (Si alguna vez la fiscalía encuentra a un verdadero agresor).
- Establecer fiscalías especializadas con autonomía técnica y presupuestal. (buscar en diccionario la palabra “autonomía”).
- Garantizar medidas de protección inmediatas para periodistas amenazados y sus familias y ampliar presupuesto para que la fiscalía no pida apoyo a la policía municipal ¿Y si de allí viene la agresión?
- Crear protocolos nacionales obligatorios para investigar delitos contra la libertad de expresión.
- Establecer sanciones para servidores públicos que utilicen su cargo para intimidar, instruir agresión y hostigar o ejercer presión indebida contra periodistas.
Más que nuevas restricciones al debate público, México necesita instituciones que hagan valer las garantías constitucionales ya existentes y fortalezcan la protección de quienes ejercen el periodismo.
EL CONTEO DE LOS OLVIDADOS
Porque una democracia se fortalece cuando protege a quien investiga, cuestiona y documenta, incluso cuando sus publicaciones resultan incómodas para el poder.
Puntos Suspensivos…
Existe entre diversos sectores la percepción de que la respuesta institucional puede ser distinta según el contexto político del caso. Es decir que, si quienes son atacados afecta a su partido, entonces llega el manto de la impunidad.
Precisamente por ello, las investigaciones deben conducirse con absoluta independencia, sin importar quién pudiera resultar involucrado. La justicia pierde credibilidad cuando la ciudadanía percibe un trato desigual.
Opiniones quejas y sugerencias al 9611897730
Miembro del PUCH (Periodistas Unidos de Chiapas)
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