
EDUARDO MERAZ
Al grito de ¡nadie sale ileso del humanismo mexicano!, el cuatroteísmo todo se puesto en modo gato boca arriba ante el informe del Comité de Defensa contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual pretende ser presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pues quedaría al desnudo la criminal estrategia de abrazos y no balazos.
El informe del Comité es un espejo incómodo: refleja no sólo las cifras que se acumulan como montañas de ausencias —más de 132 mil personas desaparecidas—, sino también la indiferencia de un Estado que parece haber normalizado y monetizado la tragedia.
La posibilidad de un llamamiento o condena del pleno de la ONU hacia México por las decenas de miles de desaparecidos y los miles de cadáveres sin identificar e insepultos o los centenares de restos en fosas sépticas, no sólo dañaría la imagen de una de las líderes más reconocidas a nivel mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum; mostraría también la insensibilidad de un gobierno hacia las víctimas de la violencia.
Los nuevos ordenamientos legales y la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el fondo, no se han aproximado siquiera a un pequeño cambio en los factores causantes de las desapariciones. En realidad, son la alfombra en donde se busca esconder los miles de cadáveres y ausencias.
En ese sentido, ante los airados reclamos del oficialismo guinda, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, respondió a la primera mandataria de México «con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México», que las más de 132 mil personas desaparecidas es “una cifra que continúa en aumento y sin mostrar señales de reversión”.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el especialista en derechos humanos subrayó que lo relevante “no es solo el número de casos, sino la existencia de patrones sistemáticos” y el hecho de que estas conductas estén dirigidas contra la población civil.
Y ahí, en esa palabra —sistemático—, se revela la herida más profunda: la violencia no es azarosa, es estructural, es connivencia, es omisión.
La exacerbada violencia existente en México y que comprende buenos tramos del territorio nacional es resultado de la indiferencia y connivencia de la autoridades de los tres niveles con grupos, bandas, células y cárteles de delincuentes y de la inoperancia e ineptitud de las autoridades judiciales, desde el ministerio público hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La dignidad de un país se mide en la forma en que trata a sus víctimas, no en la retórica con que se justifica ante organismos internacionales.
Y en el caso de la habitante de Palacio Nacional, reconocida en foros globales, enfrenta el dilema de cargar con una imagen que se resquebraja: la de un gobierno que presume sensibilidad social, pero que convive con cadáveres insepultos y familias rotas.
Familias que se desentienden, escuelas que abandonaron el civismo, comunidades que se fragmentan, pues la desaparición no es sólo un acto criminal: es síntoma de un tejido social desgarrado.
Y en los tiempos de los gobiernos transformadores -en realidad transformistas-, el mal llamado humanismo mexicano se caracteriza por el abandono e indiferencia hacia las víctimas, salvo cuando ofrezcan algún rendimiento económico o político.
El humanismo mexicano, en su versión transformadora, es un humanismo que no protege, no acompaña, no consuela y, por eso, nadie sale ileso: ni las familias que buscan, ni los ciudadanos que viven con miedo, ni el Estado que carga con la vergüenza de sus omisiones.
La ONU, con su informe, no pretende humillar a México; más bien busca recordarle el carácter universal de la dignidad humana, que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, como la indiferencia es también una forma de violencia.
Más allá del posible estigma internacional y de los esfuerzos diplomáticos para lavarse la cara, el gobierno de México debería tener presente, lo que está en juego: la vida cotidiana de miles de personas que siguen esperando noticias de sus desaparecidos.
México necesita recuperar esa dignidad, no ante la ONU, sino ante sí mismo, porque mientras las cifras sigan aumentando, mientras las familias sigan buscando, mientras las fosas sigan llenándose, el país seguirá siendo un territorio de ausencias.
La humanidad, en México, está ilesa sólo en el discurso; la realidad, está herida, fracturada, desaparecida en la narrativa oficial. Y esa es la tragedia que ningún informe puede ocultar, que ninguna retórica puede maquillar, que ningún gobierno puede negar.
He dicho
EFECTO DOMINÓ
Gobierno ¿pobre o rico? Se dice austero y reduce el salario de los principales funcionarios para que no tengan un ingreso superior al de la titular del ejecutivo, pero es tremendamente despilfarrador, como lo indica que cada año este proyectando aumentar la deuda en 1.5 billones, porque no le alcanzan los impuestos que cobra, lo cual alienta la corrupción.
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