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EDUARDO MERAZ
A fuerza de ser sinceros y por los resultados ofrecidos por los gobiernos de los últimos ocho años, bien podemos afirmar, sin temor a equivocarnos: “ya nos huachicolearon, no nos volverán a huachicolear”.
La mal llamada “nueva Constitución”, tan presumida desde Palacio Nacional, en realidad, se ha convertido en una Carta Magna huachicoleada, pues cada vez establece normas desapegadas de la esencia de una República: el poder ejecutivo se sobrepone a los otros dos poderes -el legislativo y el judicial-, así como al resto de los congresos y mandatarios estatales.
Algo similar han hecho con las autoridades responsables de respetar el voto de los ciudadanos -Instituto Nacional Electoral y el Tribubal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, cuya composición y decisiones tienden a favorecer, con artilugios legaloides, al partido en el poder.
Esta nueva estructura reguladora de la vida político-electoral del país se ha convertido en el ariete para vulnerar y burlar la voluntad ciudadana. Además de las tradicionales trapacerías, han innovado con instrumentos manipulables como las encuestas, la tómbola, los algoritmos y los acordeones.
En el terreno de lo social, en materia de salud, tenemos un sistema mejor al de Dinamarca, pero huachicoleado, cutre o chafa, donde el crecimiento de las muertes evitables, como en la epidemia de Covid-19, ha sido la constante, en especial para los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.
En educación, la ofrecida en las escuelas públicas es mejor a la de las particulares, de acuerdo con la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con tal de hacernos quedar mal, la OCDE y el Inegi exponen la degradación del proceso de enseñanza de la supuesta “Nueva Escuela Mexicana”.
Y ni qué decir del resto de los servicios públicos, donde inundaciones, baches, apagones, inseguridad, asaltos, asesinatos, cobros de piso -oficiales y del crimen organizado- son el pan de cada día y prácticamente un gobierno omiso, devolviendo impuestos para esconder su ineptitud.
Pero en el plano económico, contamos con una administración pública ineficiente, cuyo sentimiento de culpa busca cubrirlo con becas y devoluciones de impuestos a la gente, pero entregando contratos y creando el “holding” de las fuerzas armadas.
Mal negocio, porque siempre se les debe estar subsidiando a las empresas militarizadas, pues difícilmente son rentables.
Pero la máxima manifestación del verdadero cambio de régimen, el “estado huachicolero”, es en lo que han convertido a Petróleos Mexicanos; pues gracias a su “administración alterna o en las sombras”, la producción de la industria “paralela” del huachicol rinde más utilidades al esquema legal.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, el huachicol fiscal habría movilizado 147 mil millones de litros de combustible entre 2018 y 2025, con un valor estimado de 3.1 billones de pesos a precios de venta en México, de acuerdo con cálculos estimados por analistas del sector energético.
La cifra equivale a alrededor de 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) anual del país y especialistas calculan que el producto contrabandeado habría tenido un valor cercano a 1.6 billones de pesos, monto que alcanzaría aproximadamente 3.1 billones si se considera su precio de venta en el mercado mexicano.
Y frente a ello, demasiadas veces aparece un gobierno que llega tarde, responde poco o explica mucho.
Y esos son recursos que sólo han beneficiado los bolsillos de la “casta divina” de la 4T, donde es más fuerte la complicidad que servir a la sociedad.
Y es también una expresión de cómo la ilegalidad domina instituciones; ese es el “injerencismo” más pernicioso por el cual los mexicanos deberíamos unirnos para erradicar de raíz.
A manera de conclusión, podríamos afirmar que el problema es que el huachicol ya no viaja únicamente oculto en pipas, buques, camiones cisterna o dobles fondos.
Se ha instalado en las instituciones, se ha filtrado en las leyes; ha encontrado acomodo en los presupuestos y, peor aún, amenaza con convertirse en una forma de gobernar.
Lo hemos visto y vivido los ocho años previos: basta con perforar, poco a poco, los contrapesos que impiden que el poder se vuelva absoluto; se sustrae una parte de la división de poderes, se le resta otra a la autonomía institucional, se adelgaza la representación ciudadana y, cuando uno se da cuenta, queda una democracia con el tanque en reserva.
Y mientras se huachicolea la democracia, también se huachicolea el bienestar. El cuatroteísmo es el huachicolero que termina extrayendo de sus propias instituciones aquello que debería proteger.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, firmó personalmente reservar por cinco años su declaración patrimonial, pues pondría en riesgo la seguridad nacional y que miembros de la delincuencia organizada quisieran extorsionarlo o atentar contra su vida.