Presidencia arremete contra ministros por mantener suspensión de la primera parte del plan B electoral: “Exhibieron su parcialidad”

Información de Latinus

Ciudad de México, 26 de abril (entresemana.mx). La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se lanzó este miércoles en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron en contra de retirar la suspensión de la primera parte del plan B electoral.

Por la mañana, la Segunda Sala de la Suprema Corte votó por mantener la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán al admitir las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos y legisladores de oposición en contra de la parte relativa a propaganda del plan B electoral.

“Dicha determinación exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal”, acusó la Consejería.

La ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que proponía negar la suspensión, sin embargo, fue desechado por el voto en contra de los ministros Luis María Aguilar MoralesJavier Laynez Potisek y Pérez Dayán. Presidencia acusó que el voto en contra se emitió “sin expresar razón alguna”.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron a favor del proyecto. El asunto, sin embargo, se retornó al ministro Laynez Potisek.

Entre las modificaciones a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas se encuentra un apartado que permite a los funcionarios expresarse sobre política sin que ello conlleve alguna sanción.

Las reformas fueron impugnadas por los partidos que conforman Va por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática), Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores de oposición.

“En conclusión, la ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues, con su actuar, vacían de contenido el artículo 64 de la Ley Reglamentaria y contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales”, acusó en su comunicado la Consejería Jurídica.

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