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IRMA PILAR ORTIZ
Poco se entiende la indiferencia del gobierno federal y el estatal a la tragedia que están viviendo en la costa de Veracruz, donde pescadores y prestadores de servicios ven cómo el derrame de petróleo, chapopote, diésel o lo que sea, los afecta directamente.
Salen con mil escusas. La científica que está en Palacio Nacional y la ingeniera química que ocupa el Palacio de Gobierno en Xalapa no se han inmutado ante la tragedia que viven cientos de familias que tienen como sustento único la cosecha en el mar o bien, recibiendo a los turistas.
Desde febrero pasado se detectó, en aguas de Campeche, el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, pero nada hicieron. La estridente gobernadora no se molestó en avisar que en la parte del territorio que tiene bajo su “control” –así literal, “control”, pues no se puede ni publicar ni decir nada que le incomode- había ese problema que indudablemente iba a crecer.
Organizaciones ambientalistas denunciaron desde febrero el derrame que ha contaminado cientos de kilómetros de litoral, semanas antes de que se hiciera visible en costas de Veracruz y Tabasco.
Aquí sí los avances de la tecnología sirvieron para detectar a través de imágenes satelitales que el vertido habría comenzado entre el 11 y el 17 de febrero en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, tras la operación de una embarcación que permaneció varios días en la zona.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) destacó que la evidencia “muestra conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial” ante el siniestro.
Y es que, según sus estimaciones, la mancha alcanzó al menos 50 kilómetros cuadrados y posteriormente se dispersó por corrientes marinas, lo que explica su llegada gradual a las costas de Veracruz y Tabasco, donde actualmente se reportan afectaciones en más de 630 kilómetros de litoral.
Por lo que es cuestionable la falta de información oportuna por parte de autoridades como la Secretaría de Marina y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, al considerar que no se alertó a la población ni se aplicaron medidas eficaces para contener el derrame desde sus primeras fases.
¿Por?
Decenas de toneladas de residuos contaminantes se han recolectado, sí por el gobierno, pero sobre todo por los habitantes de esos lugares que ven cómo esta negligencia los mantiene dentro de una crisis económica, porque el dinero que les dan con las transferencias monetarias o pensiones del Bienestar, no son suficientes para sufragar la vida cotidiana.
El gobierno federal, por instrucciones de Sheinbaum, mantiene investigaciones para determinar el origen del vertido, creó un Grupo Interinstitucional que investiga el derrame en el Golfo de México, culpó a las chapopoteras naturales una en Cantarell y lo que parece ser el “buque fantasma”, porque hasta el momento no ha sido identificado.
Pero, además, en un afán por minimizar la tragedia que viven cientos de familias que sobreviven de la pesca y el turismo, aseguraron que el derrame está contenido y que las afectaciones a playas y especies marinas son mínimas.
Dicen que destinarán 35 millones de pesos para ayudar a los afectados en esos 630 kilómetros de línea costera en Veracruz y Tabasco, aunque el daño ya llegó al sur de Tamaulipas y existe la amenaza de llegar hasta Texas e incluso Florida.
Aquí vale la pregunta: ¿será acaso que hasta que el estrambótico presidente de Estados Unidos reclame el desastre, lo van a atender con esmero? Sería bueno saberlo.
El caso es que toda esta catástrofe reaviva severos cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional que tiene México ante desastres ambientales en el sector energético, sobre todo ahora que una científica está al frente de este país.