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ARTURO ZÁRATE VITE. Cuando un abogado o abogados llegan a considerar que la autoridad ha caído en excesos y en la emisión de acuerdos ilegales, se vuelve punto crítico la impartición de justicia.
Situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la opinión pública porque suceden en terrenos del sistema judicial que solo acaparan la atención de los involucrados.
Es el caso de la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, quien emitió acuerdo ilegal que ella misma tuvo que rectificar, ante recursos interpuestos por los abogados defensores Héctor Rojas y Esteban Flores.
No hay que olvidar que el servidor público de ese nivel gana más que el presidente de la República, por lo que su actuación tendría que distinguirse por su pulcritud y absoluta imparcialidad, sobre todo porque se trata de impartir de justicia y todos quieren que imparta justicia.
Por si fuera poco, probablemente no lo sabía, su proceder se suma a la ola de acciones para perseguir y agredir al periodista que escribe esta columna; así que lo que haya hecho o haga, va a dejar huella que tarde o temprano podría ser revisada., por las consecuencias que tiene una situación injusta, con repercusiones para el afectado y su familia.
Si la juzgadora circula acuerdo irregular o ilegal, no solo impacta en el afectado, sino en su entorno, en la economía, en la salud. Los defensores particulares no son filántropos ni altruistas, cobran por sus acciones, porque de eso viven los abogados en cualquier parte del mundo. La salud tampoco se salva, por la tensión emocional que provoca lo inesperado e injusto.
Sería ingenuo pensar que fue casualidad que el acuerdo y las notificaciones se dieran en vacaciones de diciembre, cuando es posible sorprender a quienes no están alertas, por el descanso decembrino que también incluye a quienes laboran en el sistema de justicia.
La decisión de la magistrada Rodríguez Escobar de dar por terminado el proceso penal, cuando todavía está pendiente la instancia de la Corte, la desactivaron los abogados con cuatro recursos: Recurso de Revocación, Juicio de Amparo, Queja y Recurso de Revisión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juicio de amparo, lo desechó la misma magistrada. Como juez y parte, no iba a contradecir sus determinaciones.
Actuó y reactivó la protección legal del periodista, para que siguiera su defensa sin riesgo de perder su libertad, al ser enterada de que el Recurso de Revisión ya estaba en camino de la Corte. No se atrevió a ignorar o brincar al máximo tribunal de nuestro país, lo que hubiera sido el acabose.
El proceso contra el periodista está plagado de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución. Las contradicciones de la parte acusadora son escandalosas. No hay elementos para condenar a nadie, salvo que la autoridad decida magnificar supuestos delitos.
Ninguna condena penal puede ser válida si no se respetan las garantías y los derechos del acusado.
Llama la atención que sea la propia magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar la que resolviera en contra del periodista, a pesar de lo endeble de las supuestas “pruebas”.
Seguramente desconoce que México está convertido en uno de los países más peligrosos para quienes laboran en medios de comunicación.
De la mayor gravedad que ahora se utilice el sistema judicial para perseguir y agredir al periodista, por ajuste de cuentas o venganza.
Por eso, ante el interés que ha despertado el asunto y su trascendencia, la necesidad de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
@zarateaz1
arturozarate.com
