Entresemana Información entresemana que forma opinión
DULCE MARÍA SAURI RIANCHO (SemMéxico, Mérida, Yucatán). La cuchilla de la guillotina preparada por el presidente López Obrador y Morena contra el INE parece haber quedado suspendida en el aire por un simple trámite legislativo.
Desde diciembre del año pasado, el 15 para ser exacta, el Senado de la República recibió el expediente con las cuatro leyes electorales en proceso de aprobación. Falta solo una “cosita”: dar marcha atrás a la “cláusula de la vida eterna”, esa que el PT y el Verde exigieron que se introdujera a cambio de su voto, la misma que el presidente López Obrador rechazó, obligando así a su mayoría a “corregir” sobre la marcha y cumplir de esa manera sus órdenes-deseos en la Cámara de Diputados.
Era previsible que la misma situación se presentara en la Cámara de Senadores, donde también Morena y sus aliados/as tienen mayoría para reformar leyes sin el apoyo opositor.
Sin embargo, pasó el receso navideño, se inició el periodo ordinario desde hace 15 días… y nada. Las comisiones responsables del último tramo no han dictaminado y, por tanto, no se ha puesto a discusión del pleno.
Mientras, en el Senado han recibido a consejeros del INE, a vocales ejecutivos de las juntas distritales de todo el país -esas condenadas a desaparecer si prospera el plan presidencial-, así como a representantes de diversas organizaciones sociales, todos ellos con poderosos argumentos para desechar el denominado Plan B electoral.
En carriles paralelos sucedieron “extrañas coincidencias” entre la llegada de este espinoso asunto al Senado y la admisión de Ricardo Monreal como una de las cuatro “corcholatas” presidenciales, condición que, hasta antes de estos acontecimientos, le había sido negada.
Pasan las semanas y, a la fecha, el aparato legislativo continúa sin moverse para culminar el proceso, mandar las leyes al Ejecutivo para su publicación y, entonces sí, estar en condiciones legales de iniciar la interposición de las distintas acciones jurídicas para combatir esa amenaza a la convivencia democrática que se cierne sobre México.
¿Por qué la tardanza, si era tan fácil para la mayoría senatorial concluir el trámite? Algun@s, esperanzad@s, piensan que, finalmente, Morena y sus aliados entraron en razón y dejarán “congelada” la lesiva iniciativa; al no culminar el trámite, no tendría efectos sobre el próximo proceso que estaría entonces regido por la actual legislación.
Me gustaría sumarme al grupo de la esperanza, pero no puedo. En cambio, considero que estamos ante una perversa administración del tiempo, con el propósito de reducir o nulificar las posibilidades de defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Permítanme, amig@s lector@s, decirles por qué. La fecha mágica es el 30 de abril. Ese día concluye el periodo ordinario del Congreso de la Unión, se inicia el receso legislativo que se prolonga hasta el 1 de septiembre.
En materia electoral, la Constitución prohíbe cualquier modificación de sus leyes tres meses antes del comienzo de la organización de las elecciones, que en la actual legislación es la primera semana de septiembre próximo. Hipotéticamente, las y los legisladores federales tendrían hasta el 2 de junio para cambiarlas, pero solo si lograran ponerse de acuerdo y convocar a un periodo de sesiones extraordinario durante mayo.
La estrategia de Morena y sus aliados puede consistir en pegar lo más posible el proceso legislativo a las fechas límites. Se suma que, además, el Presidente de la república cuenta con 40 días para publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas, condición indispensable para activar las acciones de inconstitucionalidad, las controversias y los amparos.
Es decir, si aprueban después de Semana Santa, en torno al 10 de abril, si López Obrador publica empezando mayo, ni siquiera un mandato de la SCJN podría evitar la imposición de facto de estas leyes depredadoras de la democracia para 2024.
Entonces, ¿qué hacer? En primer término, tener muy clara la amenaza y la importancia de la movilización social para combatirla. Sólo una suspensión total de la aplicación de las reformas electorales por parte de la SCJN, mientras estudia el fondo del asunto, puede impedir un daño irreparable.
Esto es, apenas reciba la primera acción, el primer amparo, que la Corte aplique el “estáte quieto” al que me referí la semana pasada. Es la principal demanda a esgrimir el domingo 26 de febrero próximo, cuando frente al edificio sede de la SCJN se manifiesten miles de ciudadan@s para otorgarle su apoyo al máximo tribunal del país y a la vez, comprometerle a una actuación justa, serena y apegada a derecho en este peligroso asunto.
La tardanza legislativa puede y deber ser combustible que alimente las movilizaciones ciudadanas del 26 de febrero. Si del lado del oficialismo hacen cálculos y apuestan para desalentar y confundir a quienes nos oponemos al ataque a la democracia y al desmantelamiento de sus instituciones, el último domingo de este mes saldremos a las calles a expresar nuestro compromiso con la defensa del voto, con quienes garantizan que se emita en libertad y se cuente bien; con los tribunales que dirimen los conflictos conforme al régimen jurídico vigente, con magistrad@s y ministr@s valientes, cuyo único mandato proviene de la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Cita. El domingo 26 de febrero, en el Monumento a la Patria (Bandera), a las 11:00 horas. Al igual que en otras 51 ciudades, en Mérida nos congregaremos para manifestarnos. ¡Anímense, ciudadan@s de Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax, a realizar sus movilizaciones ese mismo día!
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
