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YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). La violencia institucional resulta ser un arma invisible de discriminación y perpetuación, que se encuentra en manos del Estado quien, ante la falta de asumir su responsabilidad estatal, de forma arbitraria promociona barreras estructurales que refuerzan los estereotipos de género y atenúa situaciones de desigualdad.
Este tipo de promoción, se ha vuelto recurrente en los informes mañaneros del Presidente de México, quien, ante los cuestionamientos de personajes vinculados a temas de violencia de género, así como cifras y casos de violencia contra las mujeres, este solo minimiza los hechos y justifica los actos.
Ahora bien, qué implicación tiene este tipo de declaraciones, cuándo uno de los principales problemas que el Estado tiene con las mujeres mexicanas, es el incumplimiento con su deber de investigar y con ello el deber de garantizar el derecho que estas tienen al acceso de justicia y a una vida libre de violencia.
En un primer contexto, qué estas declaraciones sean emitidas por el titular de la presidencia, pone en evidencia el sutil y falso compromiso del Estado por eliminar los estereotipos de género que hacen evidente la desigualdad entre los sexos, propiciando que las circunstancias sociales y culturales invisibilicen y minimicen el sufrimiento de las mujeres.
Lo cual, genera que desde el ejecutivo federal se envíe el mensaje de que la violencia institucional se encuentra normalizada por parte de los servidores públicos, sea cual sea su nivel de estructura.
Pero sobre todo que, la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y espacios es aceptada y tolerada, pues en boca del titular del ejecutivo, este tema se ve como asuntos de politiquería y golpeteos políticos contra su movimiento de regeneración nacional.
Lo anterior, representa una contradicción entre lo que se hace y se pretende modificar respecto del tema de violencia de género, ya que, las prácticas institucionales ponen en debate la diferencia de poder social que existe entre mujeres y hombres.
Todavía hoy en día, al hablar de la violencia contra las mujeres no se visibilizan las vulneraciones a derechos en las que el Estado puede ser directamente el autor, por acción u omisión, o en las que puede tener una responsabilidad. Y mucho menos de aquellos actos que muestran una pauta de discriminación o de obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos.
Se debe tener en claro que, la violencia institucional no deja de ser una práctica proveniente de una matriz cultural de fuerzas sociopolíticas, mediante la cuál, no logran comprender cuál es su rol en la sociedad y que probablemente se guían desde la impunidad y el autoritarismo.
Este tipo de violencia, es un problema fundamental que sigue sin un reconocimiento explícito de la existencia de formas de violencia institucional contra las mujeres y que, por ende, hacen parte de las violencias patriarcales.
Por ello, es necesario que se visibilice y se reconozca que, la violencia institucional contra las mujeres es un asunto serio que debe ser atendido por el Estado y principalmente por el Presidente.
Ya que, si no se cumple con la misión de brindar seguridad a sus gobernados, perderá legitimidad y se tornará ineficaz, pero si además se niegan a reconocer y reparar las consecuencias de un ejercicio deficiente, inadecuado o arbitrario del poder, se estará sujeto a acrecentar sus niveles de deslegitimación.
