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YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). En México 10 mujeres son asesinadas cada día, la brutal violencia que se ejecuta en contra de ellas proviene de hombres a los que les parece poco la vida de una mujer, pero aun resulta más violenta e indignante la forma en la que el Estado aún muertas las humilla y las ignora.
La respuesta gubernamental resulta preocupante, primero, porque a través de las instituciones encargadas de impartir justicia se obstaculiza a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.
Y segundo, porque ante la presunta “falta de denuncias” por feminicidios, resulta mas fácil maquillar las cifras, invisibilizar y dejar impune la violencia perpetuada contra las mujeres.
Por ello, me parece propicio compartir con usted estimado lector, una charla que sostuve con un juez de oralidad penal respecto del tema de feminicidio, en donde me pereció peculiar la forma en la que opera el sistema judicial.
He de comentar, que esta charla se deriva de un trabajo de investigación, en el cual se tenía que recabar datos reales, posturas de las autoridades judiciales y revelar el famoso “mito judicial” de evitar judicializar los casos de feminicidio, por aquello de que las estadísticas pudieran perjudicar la imagen de la entidad federativa en la que resido
Una vez determinados los objetivos, supe que seria casi imposible contabilizar los feminicidios y no porque no existieran, sino porque la mayoría han sido calificados por otro delito o no han sido judicializados; así que la pregunta fue ¿Quién me podría dar datos reales? O al menos ¿Quién me podría decir porque no existe un número real?
Así que lo primero fue contactar a un juez de juicio oral con quien tengo amistad de hace varios años y quién decidió participar conmigo, aunque en el anonimato.
Lo primero que le solicité, fue el registro que se tenía de los casos de feminicidios, toda vez que cada juzgador debe emitir una estadística que se envía a la judicatura del estado y esta al INEGI; a lo que me respondió que no contaba con dichos datos en razón de que el nuevo sistema judicial se encargaba de concentrar los datos quitándole dicha carga a los operadores judiciales.
La anterior respuesta fue acompañada de un argumento que jamás olvidaré, “no encontraras feminicidios registrados, en los años que tengo como juzgador y que son bastantes, solo se han reconocido seis”.
Él me argumentó, que existía una deficiencia en la Fiscalía debido a que no judicializaban los casos denunciados por feminicidio y esto se debía a dos razones: la primera, a que no investigaban lo necesario para poder realizar una vinculación a proceso y; la segunda, por la falta de pericia o voluntad de calificar los casos por feminicidio (les resulta más fácil argumentar un homicidio).
Pero, además refirió que los jueces penales tenían de conocimiento la existencia de casos que debieron ser calificados por la Fiscalía como feminicidios y no como homicidios; sin embargo, al estar impedidos para pronunciarse sobre un delito que no es solicitado o no existe, no podían hacer nada. Esto me recordó el mito.
Pues el sistema judicial les impedía conocer, ya que solo podían intervenir a petición de parte (solo lo que la Fiscalía solicita) y que la perspectiva de género solo funcionaba para salvaguardar el respeto de la víctima u ofendido durante las audiencias, pues en todo momento se debe proteger los derechos del imputado.
Esta anécdota es mucho más larga y frustrante, pero quise traerla a colación para mostrar una arista del sistema de justicia y como es que a través de las instituciones algunos operadores revictimizan y violentan a un grupo en situación de vulnerabilidad, en donde se prefiere la impunidad que la justicia.
Lo anterior, demuestra que aun no contamos con un gobierno -como administrador del Estado- activo o intervencionista, que cumpla con su obligación jurídica de eliminar todas las formas de discriminación y violencia que, les permita a las mujeres acceder a la justicia y a una vida libre de violencia, ya que no están haciendo todo lo posible para asegurar que las mujeres puedan gozar de sus derechos.
Toda vez que, con sus acciones y omisiones se sigue infravalorando los derechos de las mujeres, enviando el mensaje de que la violencia contra ellas es tolerada, aceptando como normal un fenómeno que atenta contra su derecho humano a la dignidad y a la seguridad personal.
Para finalizar, es necesario que en todas las entidades por medio de sus gobiernos adopten políticas preventivas y represivas realmente idóneas; mejorar las condiciones de las mujeres no es una misión imposible mientras exista la voluntad y la decisión política de cumplir con el objetivo, lo que significa buscar y hallar una respuesta jurídica en términos de bien común.
