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JUAN CHÁVEZ. Esta semana que termina, la UNAM ha anunciado, sin fijar fecha, que el Comité Ético convocará a la ministra Yasmín Esquivel para que exponga lo que a sus derechos convenga, en el plagió de la tesis que presentó en su supuesto examen profesional.
En la Cámara de Diputados se promueve una iniciativa de reforma a ley reglamentaria del 5° constitucional, a efecto de abrir la puerta de la retroactividad a la ministra plagiadora y que brinque, ya sin obstáculo alguno, el escándalo de la tesis que robó.
Se “construye” pues la impunidad para Yasmín Esquivel.
El rector Graue, planteó la necesidad de no recurrir a los juicios sumarios y defender la autonomía de la UNAM, siguiendo los procedimientos y tiempos que la legislación universitaria establece. Qué lo debido, es reunir al comité de ética del consejo universitario y que ese órgano emita las directrices o medidas que deban tomarse para resolver la situación de la ahora ministra Esquivel y la valides o no de su título de licenciada en derecho.
Y se tiene que recurrir al consejo universitario, porque no existe legislación expresa que castigue el plagio, puesto que para la comunidad universitaria resultaba imposible que la directora de tesis y su alumna se pusieran de acuerdo para cometer dicha falta. Así que además de enmendar dicho hueco en la legislación universitaria, tendrán que tomarse medidas que sólo pueden surgir de un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la UNAM.
Con dicha decisión, el rector, no sólo no se confronta directamente con el gobierno con quién ya ha tenido roces previos derivados de la beligerancia del ejecutivo con su alma mater, sino que, además privilegia una solución institucional y acorde con la legalidad que a la 4t tanto le molesta.
En sentido inverso, la semana pasada, casi a la par de la alocución del rector, el diputado Alejandro Robles Gómez, integrante de Morena, propuso reformar la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la CDMX.
En su proyecto propone que, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica, “las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriban en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente”.
Sabedores de que sólo con la mayoría de su partido, es posible modificar una ley reglamentaria, en un acto que sólo merece el nombre de desesperado, el partido en el gobierno se apresta a cambiar una ley que tiene una muy específica y concreta destinataria, la propia ministra Jazmín Esquivel.
La propia legislación prohíbe que se hagan leyes con destinatario particular, pero como la retroactividad procede en beneficio de persona cualquiera, con esto salvan desde la perspectiva legal, la suerte y destino de la ministra.
Como lo apuntamos arriba, gobierno de López y el rector de la UNAM, parecen estar unidos en poner a salvo la profesionalización de la ministra Esquivel. Presidencia y Universidad le están “fabricando” su impunidad.
