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JUAN CHÁVEZ
El periodista de investigación José Luis Mondragón sostiene que no es necesario que Estados Unidos exhiba pruebas para la detención del gobernador con licencia de Sinaloa.
El Tratado de Extradiciones México-Estados Unidos, pudiera estarle dando la razón.
En su artículo 11, el instrumento jurídico binacional, señala:
Detención Provisional 1.- En caso de urgencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir, por la vía diplomática la detención provisional de una persona acusada o sentenciada.
La vía diplomática se cumplió cuando el Departamento de Justicia de EU, el 28 de marzo a las 6 de la tarde, informó de la acusación a Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa por parte de una corte de Nueva York.
México pudiera estar desafiando a EU porque insiste que, sin pruebas, no habrá detención del gobernador al que acusan por narcotráfico
Con argumentos similares, Estados Unidos había acusado a Nicolás Maduro y lo capturó en Venezuela en los primeros días de enero.
De cualquier forma, hay un plazo de 60 días para que el gobierno mexicano ceda ante el de EU o de plano, desaparezca la acusación.
Podría no haber juicio de extradición, dado que, sin él, la presidenta Sheinbaum se aventó el tiro de mandar a las autoridades judiciales de Gringolandia, a 92 sicarios de los cárteles.
El evento, en sí, fue para satisfacer la demanda narrativa de Donald Trump, que amenazó con enviar tropas para finiquitar a los cárteles mexicanos de la droga, que “mucho daño han hecho a la población de Estados Unidos”.
La presidenta Sheinbaum ha advertido una y otra vez que «si no hay pruebas» contundentes del delito las imputaciones del Departamento de Estado tienen «un objetivo político».
Las tensiones en la relación entre Estados Unidos y México aumentaron este viernes pasado cuando la Fiscalía General mexicana rechazó la detención preventiva del gobernador oficialista de Sinaloa y otros nueve funcionarios como había pedido una fiscal de Nueva York en una causa por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
En medio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó sentirse «fuerte y muy segura» en su postura de no avalar la injerencia de Estados Unidos en la cuestión del narcotráfico, pese a que Trump le ofreció «ayuda para luchar contra los carteles» de drogas varias veces.
«Siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo», acotó la mandataria.
Después de analizar el pedido de detención que le enviaron desde Nueva York, el fiscal de control de competencias, Raúl Jiménez Vázquez, dijo a la prensa que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia del porqué de la urgencia de la detención provisional” de los funcionarios de Sinaloa.
La justicia de Estados Unidos había vinculado el miércoles en una causa por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos entre los que se incluyen un alcalde y un congresista del partido gobernante Morena, un fiscal y policías activos y retirados.
La fiscalía neoyorkina acusa a los diez funcionarios de desempeñar un rol fundamental al ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos
A tono con la postura que la presidenta hizo pública el jueves en defensa de la soberanía y con la advertencia de que si no se confirmaban con hechos las acusaciones se trataba de imputaciones lanzadas con «un objetivo político» por el Departamento de Estado, el fiscal Jiménez Vázquez indicó que “no existen pruebas” en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un presunto delito para otorgar la medida de detención provisional.
En ese sentido, el funcionario anunció que la cancillería mexicana solicitará a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad, y fijar una nueva posición.
Ante las acusaciones públicas realizadas desde Estados Unidos y en forma paralela a la causa en Nueva York, la Fiscalía General de México también adelantando una investigación del caso.
Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, y los demás funcionarios han rechazado las acusaciones y han aseguraron que el proceso busca atacar a Morena.
La acusación alega que Rocha y demás funcionarios estaban estrechamente vinculados a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como «Los Chapitos» y dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el ex jefe del cartel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.