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JUAN CHÁVEZ
Antes de la Semana Santa, aunque Diosito no quiera, les caerá a los mexicanos la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.
Será, sostiene ella, para bajar el costo de los procesos electorales. Y la vocación democrática ¿Qué?
El Plan B recorta a los Congresos estatales y municipios, pero perdona a partidos.
La iniciativa plantea limitar los salarios de funcionarios electorales, eliminar bonos, seguros de gastos médicos y otros ingresos en organismos como el INE y Tribunales electorales
El gobierno federal busca disminuir los recursos utilizados en los procesos electorales.
Sheinbaum presentó su Plan B de reforma electoral, una nueva apuesta que busca recortar el gasto en autoridades electorales, Congresos locales y alcaldías, pero que evita tocar el financiamiento público a los partidos políticos.
La iniciativa surge tras el fracaso de su propuesta constitucional previa en la Cámara de Diputados. El nuevo proyecto combina cambios a leyes secundarias y ajustes constitucionales, con el objetivo de avanzar en el Senado.
La soberanía de los estados es echa a un lado para dar paso a ese Plan B de la presidenta obstinada en su plan que también le propiciará campaña pro revocación que adelanta, además, a 2027, en lugar de 2028.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el eje central de la propuesta es la austeridad.
Entre las medidas destaca un tope de 0.70% del presupuesto estatal para los Congresos locales, así como la reducción del número de regidores en los Ayuntamientos: de siete a un máximo de 15 ediles. Los ahorros, cuatro mil millones de pesos al año, se destinarían a infraestructura.
También plantea limitar los salarios a funcionarios electorales -quienes no podrán ganar más que la presidenta, eliminar bonos, seguros de gastos médicos y otros ingresos en organismos como el Instituto Nacional Electoral y Tribunales electorales.
El punto más polémico es no reducir el financiamiento público a partidos. En México, este gasto asciende a siete mil 600 millones de pesos este año. La propuesta sólo plantea topes salariales y mayor control en la rendición de cuentas, pero mantiene intactos los recursos públicos. Esto ya había generado tensiones entre Morena y sus aliados, el PT y el Verde, que frenaron recortes mayores.
Otro de los cambios relevantes es la modificación al mecanismo de revocación de mandato. Establece que podrá realizarse en el tercer o en el cuarto año de Gobierno (2027 o 2028) y permitiría que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto durante el proceso.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como un paso hacia la austeridad, críticos advierten que los recortes son selectivos: aprietan a instituciones y gobiernos locales, pero preservan el financiamiento de los partidos.
Ex consejeros y ex dirigentes partidistas rechazaron el proyecto por favorecer a Morena. Marco Antonio Baños advirtió que la revocación de mandato podría usarse con fines electorales; Jesús Zambrano [PRD) la consideró un intento de concentrar el poder y debilitar el federalismo. Federico Döring [PAN} criticó la falta de medidas contra el crimen en elecciones y adelantó que el PAN analiza impugnarla por inconstitucional.
En Morena se prevé que la reforma se avale antes de abril; es decir, antes de las vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua.
La reducción de regidurías de siete hasta un máximo de 15, será un punto que levantará ámpulas, como sucederá también al tope presupuestal a los congresos locales del 0.70% del gasto anual de cada gobierno estatal.
El derecho del pueblo a decidir si la presidenta continúa, plantea en el plan B la consulta el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028). Permitiría que la persona sujeta a la revocación promueva el voto a su favor.
El Plan B consiste, en esencia, en reformar leyes secundarias en la materia electoral.